Cientos de personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios se movilizaron este martes frente al Congreso Nacional y en varias ciudades del interior en repudio al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La protesta, convocada bajo el lema “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, fue reprimida por efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal, que aplicaron el protocolo antipiquetes.

Reclamos por abandono y derechos vulnerados

La norma, aprobada por el Congreso en julio, contemplaba la regularización de pagos atrasados, la actualización mensual de aranceles y más recursos para centros de tratamiento aunque su anulación generó indignación en uno de los sectores más vulnerables del país.

De igual forma, los participantes acusaron al Ejecutivo de llevar adelante una política de exclusión y de abandono institucional. 

El Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad recordó que empleados de talleres protegidos perciben apenas 28 mil pesos mensuales (unos 20 dólares), lo que calificó como una situación insostenible.

Gobierno justifica el veto

El Ejecutivo defendió la decisión alegando que el Congreso actuó “de manera irresponsable” al aprobar la ley sin indicar el origen de los fondos, lo que contradiría el plan oficial de déficit cero.

No obstante, organizaciones sociales remarcaron que un veto total “no es austeridad: es abandono”, y llamaron a los legisladores a insistir con la aprobación de la norma.