Rechazan en Chile liberación de condenados por crímenes de Pinochet
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Al Mayadeen Español
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Organizaciones de derechos humanos critican plan en Chile para otorgar beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
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A más de 50 años del golpe de Estado Chile aún no esclarece el destino de mil 100 detenidos desaparecidos, y las condenas dictadas han sido tardías y poco proporcionales. (Foto: Reuters)
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) expresó su rechazo a la propuesta coordinada entre el Senado y la Corte Suprema de Chile para implementar mecanismos que permitan la liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
En su declaración, la AFEP denunció que esta iniciativa, justificada por la edad avanzada y el deterioro de salud de los responsables, desconoce la magnitud de los crímenes cometidos, que incluyen más de mil 500 delitos de lesa humanidad.
Denuncia de impunidad histórica
Los familiares subrayaron que muchos de estos condenados vivieron décadas sin castigo y recibieron penas bajas.
Recordaron que el Poder Judicial fue cómplice durante los 17 años de dictadura, al desoír recursos de amparo y negar justicia, y cuestionaron que ahora muestre sensibilidad hacia los victimarios.
Advirtieron que las violaciones a los derechos humanos —como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y exilios— fueron sistemáticas y contaron con la participación de civiles que aún permanecen impunes.
Proyecto de ley y decisiones judiciales
El proyecto de ley cuestionado (Boletín N.º 17.370-17), impulsado por senadores de derecha como Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel y Luz Ebensperger, plantea la suspensión o el cumplimiento alternativo de penas para adultos mayores, enfermos terminales y personas con discapacidad grave.
Aunque sus autores niegan que busque impunidad, la AFEP considera que abre la puerta a la liberación de criminales de lesa humanidad.
Los legisladores argumentan que muchos condenados eran conscriptos o suboficiales sin poder de decisión, y que su estado de salud amerita arresto domiciliario.
El 30 de junio, la Segunda Sala de la Corte Suprema concedió arresto domiciliario total con control telemático a cinco exmiembros de la Armada condenados por secuestros y torturas entre 1973 y 1975, citando su avanzada edad.
Críticas de organizaciones de memoria
Organizaciones como Londres 38, centro de memoria histórica, cuestionaron que esta decisión se adoptara sin consultar a las víctimas y en contravención de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La AFEP recordó que, a más de 50 años del golpe de Estado, Chile aún desconoce el paradero de mil 100 detenidos desaparecidos, y que las condenas han sido tardías y poco proporcionales a la gravedad de los delitos.
Para las agrupaciones de víctimas, las iniciativas legislativas y judiciales que buscan otorgar beneficios a estos condenados vulneran la garantía de no repetición y envían un mensaje de impunidad bajo un “falso manto de humanidad”. Reiteraron que la memoria, la verdad y la justicia no deben ser objeto de negociación.
La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dejó un saldo documentado de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, muertos y desaparecidos.
