Tribunal de Perú blinda a Dina Boluarte y frena pesquisas
El Tribunal Constitucional suspendió todas las investigaciones contra la presidenta por muertes en protestas, corrupción y el caso Rolexgate hasta 2026.
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Organismos nacionales e internacionales acusaron a Dina Boluarte por las más de 59 muertes en las protestas de 2022 y 2023, las cuales fueron calificadas como posibles ejecuciones extrajudiciales.
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró fundada la demanda competencial del ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, y ordenó la suspensión de todas las investigaciones fiscales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte.
La decisión abarcó los casos por la desactivación del equipo Eficcop, el escándalo del Rolexgate y, sobre todo, las muertes ocurridas durante las protestas sociales tras la destitución de Pedro Castillo.
Investigación limitada hasta 2026
Según la sentencia, mientras Boluarte permanezca en el cargo, hasta el 28 de julio de 2026 o antes si fuera vacada, las pesquisas quedarán restringidas a tres diligencias: toma de declaraciones, pedidos de información y solicitud de documentos.
Asimismo, quedan prohibidos allanamientos y otras medidas dirigidas a afectar “la dignidad del cargo”.
Sólo los delitos contemplados en el artículo 117 de la Constitución, incluidos traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso e impedir elecciones permiten una investigación plena durante el mandato presidencial.
Congreso con facultades limitadas
La decisión también restringe la actuación parlamentaria.
El Congreso sólo podrá procesar acusaciones constitucionales contra Boluarte por los delitos del artículo 117.
Una vez, abandonado el cargo, podrá ser acusada por otros hechos cometidos durante su gestión, hasta cinco años después de finalizado su mandato.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente serán las encargadas de decidir si corresponde abrir causa penal. Sólo después de ese trámite el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán intervenir.
Blindaje frente a crímenes de Estado
El fallo del TC, elaborado por los magistrados Pedro Hernández, Luz Pacheco, Helder Domínguez, Francisco Morales y César Ochoa, abre el debate sobre la inmunidad presidencial y podría consolidar un escenario similar en los más altos niveles del poder.
Aunque la presidenta queda blindada, su entorno conformado por familiares, funcionarios y asesores sí podrá ser investigado, aunque bajo reserva procesal.
Acusaciones por muertes en protestas
Organismos nacionales e internacionales acusaron a Boluarte por las más de 59 muertes en las protestas de 2022 y 2023, calificadas como posibles ejecuciones extrajudiciales.
El fallo del TC garantiza a la mandataria terminar su mandato sin rendir cuentas ante la justicia.