EE. UU. sanciona a funcionarios de la CPI por acciones contra "Israel"
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Al Mayadeen Español
- 20 Agosto 22:39
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EE. UU. emitió sanciones contra dos jueces y dos fiscales de la Corte Penal Internacional, tras las órdenes de arresto a Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant.
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EE. UU. impone sanciones a cuatro funcionarios de la CPI
El gobierno de Donald Trump impuso sanciones este miércoles a dos jueces y dos fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), intensificando su presión sobre el tribunal en respuesta a las investigaciones que involucran a funcionarios israelíes.
Los Departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron la designación de cuatro funcionarios de la CPI: Nicolas Yann Guillot de Francia, Nazhat Shamim Khan de Fiyi, Maame Mandiaye Niang de Senegal y Kimberly Prost de Canadá.
Esta medida se produce tras las órdenes de arresto emitidas en noviembre por jueces de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa (Guerra), Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la guerra en Gaza.
Guillot presidió la sala de instrucción que autorizó la orden de arresto contra Netanyahu, mientras que Khan y Niang se desempeñan como fiscales adjuntas en el tribunal.
Este anuncio se suma además a las sanciones impuestas por Washington hace menos de tres meses contra otros cuatro jueces de la CPI, alegando que participaron en “acciones infundadas e ilegales” dirigidas contra Estados Unidos y su aliado "Israel".
La Corte Penal Internacional respondió en junio, calificando las sanciones como un intento de socavar su independencia judicial.
Fundada en 2002, la CPI tiene jurisdicción internacional para juzgar crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra en países miembros o cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remite casos. Estados Unidos, China, Rusia e "Israel" no forman parte del tribunal.
Actualmente, esa instancia investiga crímenes de guerra en varios conflictos internacionales, incluidos los de "Israel" y Hamas, Rusia y Ucrania, así como en Sudán, Myanmar, Filipinas, Venezuela y Afganistán.
Las sanciones impuestas congelan cualquier activo que los funcionarios sancionados puedan tener en territorio estadounidense, excluyéndolos del sistema financiero del país.
