Fallo en favor de Uribe desata crisis de legitimidad en Colombia
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Al Mayadeen Español
- 23 Agosto 11:21
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Tribunal Superior de Bogotá revocó condena a Álvaro Uribe y reabrió debate sobre impunidad, privilegios y la crisis de confianza en la justicia colombiana.
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Álvaro Uribe está libre otra vez. (Foto: Getty Images)
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la sentencia de 12 años de prisión dictada el 1 de agosto de 2025 por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión desató un fuerte cuestionamiento sobre la legitimidad de la justicia en Colombia, al privilegiar a un dirigente político con múltiples procesos abiertos por vínculos con el paramilitarismo, reseñó el sitio web Diario Red.
La jueza Sandra Liliana Heredia emitió una condena inédita contra un exmandatario, sustentada en pruebas de que el abogado de Uribe, Diego Cadena, ofreció prebendas a exparamilitares encarcelados para manipular testimonios.
Sin embargo, tres semanas después, los magistrados encabezados por Leonel Rogeles Moreno —conocido por absoluciones previas a figuras del Centro Democrático— declararon “imprecisos” los fundamentos de la jueza y ordenaron la libertad inmediata de Uribe.
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Persistencia de las denuncias contra Uribe
El senador Iván Cepeda sostuvo durante más de una década una investigación que vinculó a Uribe y a su hermano Santiago con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El testimonio clave fue el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien denunció que en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, se organizaron estructuras paramilitares y se cometieron desapariciones forzadas.
Pese a amenazas y atentados en prisión, Monsalve mantuvo sus denuncias. La jueza Heredia lo calificó como un testigo “creíble”, desarmando la estrategia de la defensa que buscaba desacreditarlo.
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Red de privilegios familiares y políticos
El caso de Uribe refleja un entramado de impunidad y privilegios familiares. Su hermano Santiago fue absuelto en 2024 de cargos por homicidio y concierto para delinquir, mientras que su primo Mario Uribe Escobar fue condenado en 2011 por nexos con paramilitares, pero obtuvo libertad condicional.
Su cuñada Dolly Cifuentes Villa fue extraditada y condenada en Estados Unidos por narcotráfico en 2012, pero recuperó la libertad tres años después.
La Agencia Nacional de Tierras investiga además a la esposa de Uribe, Lina Moreno, por presunta apropiación irregular de baldíos en Córdoba vinculados a la finca El Ubérrimo.
También, los hijos del expresidente, Tomás y Jerónimo Uribe, han sido señalados por difamaciones contra Cepeda y negocios inmobiliarios bajo sospecha.
Justicia internacional y el caso de los falsos positivos
El proceso judicial contra Uribe no se limita a Colombia. En 2023, organizaciones de víctimas presentaron en Argentina una querella contra el exmandatario por más de seis mil 402 ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, cometidas entre 2002 y 2008.
El principio de jurisdicción universal permitió que tribunales extranjeros asumieran el caso, ante la inacción de las instituciones colombianas.
La Comisión de Acusaciones del Congreso, llamada irónicamente “Comisión de Absoluciones”, nunca procesó a un presidente en más de seis décadas, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz carece de competencias sobre expresidentes.
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Estrategia política del uribismo
El Centro Democrático respondió denunciando “lawfare” y acusando a la jueza Heredia de persecución ideológica.
Dirigentes como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal presentaron el caso como un ataque político más que como un acto de justicia.
Uribe aprovechó su liberación para victimizarse políticamente, afirmando que “cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”. Sus seguidores marcharon el 7 de agosto, reforzando la estrategia de convertir la condena en una plataforma electoral de cara a 2026.
Las voces de las víctimas
Las víctimas del paramilitarismo y de ejecuciones extrajudiciales reiteraron su indignación ante la impunidad. Tras la absolución de Santiago Uribe, una sobreviviente declaró: “Es volver a vivir el duelo y decir, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas pruebas más necesitan?”.
La persistencia de Cepeda, Monsalve y de los familiares de víctimas muestra que, pese a los obstáculos, existe un movimiento social y de derechos humanos decidido a mantener viva la memoria histórica y exigir justicia.
