La familia y los abogados del opositor tunecino encarcelado, Jawhar Ben Mbarek, acusaron a las autoridades penitenciarias de agredirlo brutalmente para intentar finalizar su huelga de hambre, la cual comenzó hace dos semanas.

Ben Mbarek, uno de los más destacados adversarios del presidente Kais Saied, fue detenido en 2023.

Durante el año en curso se le imputó una condena de 18 años de prisión por un supuesto delito de "conspiración" para derrocar al mandatario, mientras él siempre negó los cargos, calificándolos de "inventados".

Según su abogada, Hanan al Khamiri, "Ben Mbarek fue torturado. Sufrió una paliza severa, vimos fracturas y hematomas en su cuerpo".

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La letrada añadió una declaración del propio opositor. "Me informó de la brutal paliza propinada por cuatro guardias en un lugar sin cámaras de vigilancia", afirmó.

Mientras la administración penitenciaria no respondió a las solicitudes de comentarios.

Esta misma semana, la dirección del centro negó un deterioro en la salud de los reclusos en huelga de hambre.

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Según la familia y los abogados de Jawhar Ben Mbarek, él continuó su huelga de hambre a pesar de los golpes. Sus protestas forman parte de una ola más amplia de ayunos que incluyen también al menos cinco líderes opositores encarcelados.

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Entre ellos figuran el presidente del principal partido opositor Ennahda, Rached Ghannouchi, así como Issam Chebbi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi.

Los detenidos exigen su liberación, al considerar "fabricadas" las acusaciones presentadas contra ellos.

El padre de Ben Mbarek responsabilizó a Saied de cualquier daño sufrido por su hijo.

Según aseguró, le informó a la dirección de la prisión sobre el trato recibido y el director de la cárcel prometió investigar las acusaciones.

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Diversas organizaciones de derechos humanos acusaron al gobierno de Kais Saied de utilizar el poder judicial para silenciar a la oposición.

Los críticos describen la situación como un "agudo deslizamiento hacia un régimen autoritario", aunque el presidente niega esas afirmaciones y asegura la independencia del poder judicial.