La justicia electoral de Brasil impuso una multa de 7,5 millones de reales (unos 1,34 millones de dólares) a Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, por incumplir parcialmente las órdenes judiciales relacionadas con la distribución de contenidos políticos durante la campaña presidencial de 2026.

La sanción fue aprobada por unanimidad el 10 de noviembre por el Tribunal Superior Electoral (TSE), después de analizar una denuncia presentada por la coalición que respaldó la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La formación política había acusado a la compañía de aplicar criterios desiguales que restringían la difusión de publicaciones favorables al mandatario y beneficiaban a su rival, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

El tribunal determinó que Meta entregó información incompleta, respondió fuera de los plazos establecidos y no proporcionó suficientes elementos para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas. Aunque la empresa presentó documentos sobre sus actuaciones, los magistrados consideraron que varias disposiciones fueron atendidas parcialmente o demasiado tarde. 

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Las denuncias de la campaña de Lula

Entre las irregularidades señaladas por la coalición figuraban restricciones a la difusión de publicaciones favorables a Lula, la actividad de perfiles presuntamente falsos, problemas para identificar contenidos políticos generados mediante inteligencia artificial y diferencias en el funcionamiento de las herramientas de Meta.

Uno de los episodios que motivó la intervención judicial estuvo relacionado con la herramienta de inteligencia artificial de la compañía. La campaña del presidente denunció que el sistema impedía generar determinadas imágenes de Lula, mientras permitía solicitudes similares relacionadas con su adversario político.

Ante estas denuncias, el 15 de octubre el magistrado Marco Aurélio Bellizze ordenó a Meta evitar restricciones injustificadas a la distribución de contenidos electorales de ambas candidaturas. La resolución también estableció medidas para garantizar la igualdad de condiciones en las plataformas.

La cuantía de la sanción responde al incumplimiento de las disposiciones judiciales entre el 17 y el 25 de octubre. El tribunal contabilizó tres días de multas de 500 mil reales y otros seis días con penalizaciones de un millón de reales diarios. 

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El poder de las plataformas digitales bajo escrutinio

Durante el proceso, Meta negó haber favorecido a alguna candidatura y sostuvo que aplica las mismas normas a todos los candidatos, partidos y posiciones políticas. La compañía atribuyó los problemas detectados a fallos técnicos, mecanismos contra el fraude y procedimientos de cumplimiento normativo.

Por su parte, el magistrado Bellizze advirtió sobre la influencia de las grandes empresas tecnológicas en la circulación de información y la formación de opiniones políticas. Según expuso en su voto, los algoritmos determinan qué contenidos adquieren mayor visibilidad y pueden condicionar las características del debate público.

No obstante, el TSE precisó que, aunque constató deficiencias técnicas y el incumplimiento de varias órdenes, no encontró pruebas suficientes para afirmar que Meta hubiera actuado deliberadamente con el propósito de alterar el resultado electoral. Esa conclusión requeriría pruebas más sólidas en el procedimiento correspondiente.

La resolución representa un nuevo episodio en la discusión sobre la responsabilidad de las grandes corporaciones tecnológicas en los procesos democráticos. También respalda la posición de que las plataformas digitales no pueden quedar al margen de las obligaciones legales cuando sus decisiones sobre la distribución de información afectan al ejercicio de los derechos políticos.

Lula defendió la necesidad de establecer mayores controles sobre las redes sociales y limitar el poder de las compañías tecnológicas. Tras su victoria electoral, el mandatario volvió a plantear la regulación de estas plataformas como una cuestión vinculada a la soberanía nacional y la protección de la democracia.