El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido imputado penalmente por tercera vez en cuatro meses. En la imputación presentada por el fiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith se exponen los intentos de Trump por revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 para permanecer en el poder. Dentro de los cuatro cargos señalados en la acusación, uno de ellos es conspirar contra los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses en cuanto a que sus votos sean debidamente contabilizados. Los republicanos que apoyan a Trump repiten como loros el mantra acerca de que todas las investigaciones son parte de una caza de brujas diseñada para impedir que el expresidente recupere la Casa Blanca en 2024. Sin embargo, diversos analistas jurídicos han elogiado la estrategia detrás de la histórica acusación, la cual se centra en Trump sin añadir acusados adicionales ni otras complicaciones que pudieran entorpecer un juicio rápido.

En una breve declaración pública brindada el 1 de agosto, después de que se divulgara la acusación, el fiscal especial Jack Smith manifestó: “Quiero agradecer a los miembros de la Oficina Federal de Investigaciones, [el FBI], que están colaborando en esta investigación junto a los miembros de mi equipo […]. Estos hombres y mujeres son servidores públicos del más alto nivel y es un privilegio trabajar a su lado”.

Los elogios de Smith pueden estar justificados en este caso puntual. Pero el FBI tiene un largo y oscuro historial de persecución de disidentes políticos y otras comunidades marginadas. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ese accionar afectó de manera significativa a la comunidad musulmana estadounidense.

Tomemos el caso de los llamados “cuatro de Newburgh”. Apenas unos días antes de que se hiciera pública esta última imputación contra Trump, una jueza federal de Nueva York concedió la llamada “liberación compasiva” a tres reclusos que habían sido condenados en 2010 por cargos de terrorismo y que habían recibido la sentencia mínima obligatoria de 25 años de prisión que se establece para este tipo de delitos. Estos tres presos, David Williams, Onta Williams y Laguerre Payen, son miembros de un grupo conocido como los “cuatro de Newburgh”. Se prevé que el cuarto integrante de este grupo, James Cromitie, solicitará por separado la liberación compasiva.

En la orden de liberación, la jueza Colleen McMahon escribió: “Cualquier persona que leyera la descripción de los delitos incluidos en la condena se quedaría con la idea de que los acusados eran sofisticados terroristas internacionales enrolados en la yihad contra Estados Unidos. Sin embargo, en realidad eran unos desventurados delincuentes de poca monta, fácilmente manipulables, […] unos estafadores de mala muerte, simples drogadictos o dealers callejeros a los que les venía bien hacer algo de dinero”.

La jueza McMahon dispuso que los tres reclusos, que ya han estado encarcelados durante 14 años, fueran puestos en libertad en un plazo de 90 días. Los “cuatro de Newburgh” saltaron a la palestra mediática cuando fueron arrestados en 2008, acusados de conspirar para dinamitar una sinagoga ubicada en el distrito del Bronx y para derribar aviones militares estadounidenses con misiles tierra-aire. Para incriminar en falso a estos cuatro hombres, el FBI recurrió a Shahed Hussain, un turbio informante a sueldo y un delincuente profesional que intentaba evitar a toda costa su deportación.

La jueza McMahon escribió al respecto: “El FBI inventó la conspiración, identificó a los objetivos, fabricó los dispositivos, convirtió en delito federal lo que originalmente habría sido un delito estatal […], y trasladó a tres de los cuatro hombres a Connecticut para que observaran las 'bombas' y los 'lanzamisiles Stinger' […]. Hussain condujo a los cuatro hombres en su automóvil hasta [la localidad] de Riverdale, ya que ellos no tenían manera de ir por su cuenta. Luego, él mismo 'ensambló' la 'bomba', dado que el infortunado Cromitie, a pesar de su [gran] 'expertise', no pudo entender cómo hacerlo, y le indicó a Cromitie cómo colocar el artefacto”.

La jueza viene cuestionando desde hace largo tiempo la conducta del Gobierno en esta elaborada artimaña de instigación al crimen, además de expresar su descontento por verse obligada a condenar a los acusados a la pena mínima obligatoria. “El hecho de que lo que hizo el Gobierno fuera legal no lo convierte en justo”, escribió McMahon al ordenar la libertad compasiva de los tres hombres.

Los “cuatro de Newburgh” son solo un caso dentro de una larga lista de persecuciones judiciales instigadas por informantes que incriminaron falsamente a personas de la comunidad musulmana. Stephen Downs preside el consejo directivo de la Coalición por las Libertades Civiles y representa a David Williams, uno de los “cuatro de Newburgh”. En conversación con Democracy Now!, expresó: “Tenemos muchos casos como este, como 'los cinco de Fort Dix', 'los cinco de Tierra Santa' y el caso de [la neurocientífica paquistaní] Aafia Siddiqui. La lista es larga”.

Downs se desempeñó también como fiscal principal de la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Nueva York. En la entrevista con Democracy Now, añadió:

“Este fue el procedimiento operacional estándar del Gobierno [estadounidense] inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Inventaron la mayor cantidad posible de supuestos terroristas para mostrar a la opinión pública […] que estaban manteniendo a salvo a Estados Unidos. Si no podían encontrar terroristas de verdad —y no podían, porque realmente no había terroristas de verdad—, tenían que crearlos. Y eso es lo que hicieron”.

El proceso judicial contra los “cuatro de Newburgh” fue un caso motivado por cuestiones políticas. Estas cuatro personas no podrán recuperar los 14 años de vida que han perdido, seguirán en libertad condicional —sujetos a poder volver a prisión— y continuarán siendo considerados “delincuentes”, con toda la carga que conlleva esa designación.

Mientras tanto, en octubre pasado, uno de los principales fiscales federales del caso de los “cuatro de Newburgh”, David Raskin, se sumó al equipo de fiscales que investiga a Trump por el manejo indebido de documentos clasificados en la residencia que el expresidente posee en el resort Mar-a-Lago. El fiscal especial Jack Smith tiene por delante un enorme desafío: llevar adelante el juicio por el intento de golpe de Estado de Trump y, a la vez, situarse por encima del ampliamente documentado historial de persecuciones políticas cometidas por el FBI.