El pasado jueves 7, la fiscal general estadunidense, Pam Bondi, acusó sin pruebas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa, y anunció que la Casa Blanca elevó a 50 millones de dólares (más de 900 millones de pesos) la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario bolivariano.

Al día siguiente, The New York Times reveló que Donald Trump instruyó en secreto al Pentágono para empezar a usar la fuerza militar contra los ocho cárteles de la droga que su gobierno clasificó como organizaciones terroristas en febrero de este año, entre los cuales están los dos a los que presuntamente ayuda Maduro.

Debe recordarse que la legislación estadunidense faculta al mandatario a usar las fuerzas armadas contra cualquier persona o institución a la que arbitrariamente acuse de terrorismo, sin solicitar autorización del Congreso y sin responsabilidad penal ni administrativa por la muerte de civiles y los daños materiales provocados en el transcurso de sus agresiones bélicas.

 

 

 

 

 

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Ante el historial de intentonas de Washington para derrocar al gobierno venezolano e instalar en Caracas un régimen títere, sería ingenuo pensar que estos hechos no están relacionados. Con una cabal comprensión de las intenciones injerencistas del trumpismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe, así como una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad, y recordó el llamado del libertador Simón Bolívar, ¡Libertad o muerte!

Petro también reafirmó la hermandad entre Colombia y Venezuela, a los que consideró el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia, a la vez que ratificó su solidaridad con la república bolivariana.

El primer jefe del Ejecutivo de pensamiento izquierdista en la historia de Colombia tiene razón al denunciar las motivaciones injerencistas detrás de los embates contra Maduro. De la misma manera, acierta cuando reclama que la destrucción de la economía venezolana, organizada desde Washington y respaldada por la Unión Europea y la ultraderecha latinoamericana, beneficia a los grupos criminales que pretende combatir, pues deja a millones de personas sin otra alternativa que la carrera delincuencial, mientras priva al Estado de los recursos urgentes para satisfacer las necesidades de sus habitantes y combatir a los poderosos cárteles.

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También resultaría de un peligroso optimismo creer que las ansias imperialistas del trumpismo se limitan a los esfuerzos de los inquilinos de la Casa Blanca del último cuarto de siglo para poner fin al chavismo con el propósito último de apoderarse de las reservas de petróleo más abundantes del planeta.

Por el contrario, está claro que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y las directrices para emprender operaciones militares en su contra son una amenaza contra todo todo país que defienda su soberanía frente al injerencismo estadunidense en particular y occidental en general.

Por ello, la unidad latinoamericana y caribeña se revela como imperativo para la protección mutua y el rechazo a la obcecación de Washington en regir los destinos de la región.