Desde el pasado 7 de agosto, cuando EE. UU. aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, se ha abierto un nuevo escenario de tensión y presión sobre el país caribeño donde la amenaza de intervención militar parece haber recuperado la centralidad política y narrativa que había tenido en años anteriores, siendo su punto más álgido la campaña de máxima presión del primer gobierno de Donald Trump.

Tras el anuncio, a cargo de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, el ruido ha venido in crescendo, impulsado por un vasto compendio de operaciones psicológicas, que van desde supuestas incautaciones a bienes de lujo y dinero en efectivo propiedad de Maduro, hasta el inicio de un despliegue militar con buques destructores hacia costas venezolanas, de cuyo desarrollo no se tienen confirmaciones oficiales al cierre de este artículo, salvo por la declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, que daba como un hecho la maniobra hace pocos días, sin ofrecer detalles.

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Es cuando menos sospechoso que un operativo militar de grandes dimensiones logísticas y geográficas que incluiría, hipotéticamente, acorde con Reuters, a “cuatro mil marineros y marines en la región sur del Caribe […] varios aviones espías P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque” no esté siendo difundido ni por el Departamento de Defensa ni por el Comando Sur. Sus principales autoridades, Pete Hegseth y el almirante Alvin Holsey respectivamente, participan en actividades públicas muy diferentes a las de un movimiento de las características reseñadas por la agencia. 

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Se ha demostrado que hacer pronósticos de corto y mediano plazo con respecto al gobierno de Trump es un ejercicio de alto riesgo. Pero una observación detallada del contexto y de los signos discursivos del momento nos permite discernir con mayor claridad el escenario y matizar el aparente carácter de inminencia de una operación militar contra Venezuela. 

Declaraciones y la cuestión del timing

Las declaraciones con mayor cobertura en los últimos días están urdidas por un componente de ambigüedad e indefinción. Empezando por  Marco Rubio, quien ha convertido esta nueva ofensiva hacia Venezuela en prácticamente una agenda política personal. El secretario de Estado afirmó en días recientes que a “Maduro hay que enfrentarlo con más que recompensas”, sin dar pistas sobre cuáles serían esas formas adicionales.

Su segundo al mando, Christopher Landau, subsecretario de Estado, indicó en el podcast de Donald Trump Jr. que “vendrían más acciones” después del aumento de la recompensa, pero también afirmó que “no podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, reduciendo así las expectativas sobre una acción inminente.

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En la misma lógica de ambigüedad, tanto Pam Bondi como Karoline Leavvit, secretaria de prensa de Trump, declararon recientemente siguiendo las coordenadas de atemorización discursiva de Marco Rubio. Nada de detalles. Ninguna pista sobre futuras acciones.

Pero más que ambigüedad inconsciente, pareciera ser cuidado calculado. Trump, después de la reunión en Alaska con el presidente Putin y tras el encuentro con Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca, se está centrando en su papel de “pacificador”, por lo que, teóricamente, sería receptivo ante planteamientos de incursiones militares en el extranjero. El timing es de paz, acuerdo y negociación, no de guerra y aventuras militares.

Esta es la línea roja que ni Rubio ni el resto de burócratas de Washington quieren traspasar por consideraciones de instinto de preservación del cargo, pues se trata de una frontera delicada donde habita la popularidad de Trump entre sus votantes y la constelación MAGA en general, a quienes cautivó en las pasadas elecciones con su catecismo de acabar con las guerras irresponsables en el extranjero. Por esta razón, el planteamiento de la intervención no ha sido abierto, sino indirecto y proyectado desde una mirada regional, en la que también se vincula a México y Colombia.

 

 

 

 

 

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¿De vuelta a la guerra híbrida? Los cálculos personales de Rubio

Pero un Trump empantanado en el triángulo Kiev-Moscú-Bruselas pudiera haberle dado a Marco Rubio una zona gris de riesgo intermedio en la cual moverse. Si bien no puede hablar de más en términos militares, primero porque rebasa sus competencias y segundo porque puede provocar la ira de Trump, pareciera que cuenta con margen de maniobra para jugar su propio juego sin desafiar a su jefe ni entrar en conflicto con el universo MAGA.

Además de secretario de Estado, el cubano-estadounidense es asesor interno de Seguridad Nacional, lo que le otorga un poder institucional significativo para la aprobación y ejecución de operaciones encubiertas y no cinéticas. Desde esta perspectiva, el aumento de la recompensa posibilita las condiciones para avanzar en tácticas de guerra sucia (sabotajes, incursiones paramilitares, etc.) que pudieran justificarse como parte de la “lucha clandestina” a la que llamó María Corina Machado el pasado 28 de julio.

Antes que una coreografiada operación militar hollywoodense, Venezuela podría enfrentarse más bien a un nuevo ciclo de guerra sucia, en el que aparentemente Rubio tendría lo mejor de los dos mundos: permanecería en el cargo simulando lealtad a la consigna de no más guerras en el extranjero y, al mismo tiempo, mitigaría las críticas que provienen del sur de la Florida, su cuna política y plataforma electoral, donde comienza a ser cuestionado por no hacer lo suficiente para derrocar a Maduro y ayudar a una Machado sumida por la irrelevancia. 

En tal sentido, la amenaza de intervención bien podría ser un recurso dentro de un nuevo capítulo de guerra híbrida y no un fin en sí mismo. Pero, al mismo tiempo, una jugada arriesgada para mantener contentos a los hooligans de Miami.

Volar todos los puentes de negociación

Un dato aparentemente lateral podría explicar la premura con la que se ha desarrollado esta nueva campaña de presión y amenazas. El Congreso estadounidense se encuentra en receso temporal y volverá a principios del mes de septiembre.

La percepción de ultimátum que ha impulsado el aumento de la recompensa y las sucesivas operaciones psicológicas parecieran tener como finalidad que el Congreso profundice las sanciones de amplio espectro contra Venezuela, permitiendo blindarlas de cualquier modificación que pretendan implementar el binomio Trump-Grenell en el contexto de negociaciones en el plano energético, con la licencia a Chevron como mascarón de proa.

En consecuencia, la maniobra no solo apunta a propiciar un cambio de régimen mediante la caja de herramientas de la guerra híbrida. Va mucho más allá. Apunta a reconfigurar globalmente la relación Estados Unidos-Venezuela, en beneficio de la línea dura de los halcones, con la finalidad de hacer prácticamente imposible una dinámica de entendimiento entre Washington y Caracas, canalizada por Richard Grenell, enviado de Trump para Venezuela.

Se trata de una agenda que, al mismo tiempo que busca volar puentes de negociación, intenta monopolizar por completo el nomos de la política estadounidense hacia el país caribeño, bajo una visión reducida exclusivamente a las opciones coercitivas y de agresión. Desde ahí se estaría planteando sacar, definitivamente, a Trump de su “indefinición estratégica” con respecto a Venezuela, condicionándolo a tomar los caminos más peligrosos al no haber contrapesos favorables a la negociación y al diálogo para un entendimiento basado en ganancias comunes.

Rubio intenta hacer irreversible el viraje hacia una campaña de máxima presión 2.0, a la cual Trump parece resistirse en la medida en que Venezuela no está en el radar de sus preocupaciones geopolíticas inmediatas.

No sabemos si efectivamente hay o habrá un despliegue militar hacia Venezuela, como indica Reuters. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que los misiles de alta precisión contra el puente de negociación Caracas-Washington ya fueron desplegados y están causando destrozos que pudieran ser irreparables.