De manera inédita, un expresidente de Brasil se encuentra en el banco de los reos juzgado por cometer crímenes graves contra la Constitución como intento de Golpe de Estado y conspiración para abolir el Estado democrático de Derecho.

El ahora reo Jair Bolsonaro es apuntado por la Procuraduría General de la República como el líder de una organización criminal armada que trató de subvertir el resultado de las urnas, infringir un Golpe de Estado y mantenerse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones en octubre de 2022. Al lado de Bolsonaro otros siete acusados de los mismos crímenes esperan la absolución o condenación por parte de los miembros de la Primera Turma (Sala Primera) del Supremo Tribunal Federal.

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Este juicio es especialmente significativo en un país marcado en su historia por prácticas autocráticas impuestas desde los tiempos de la colonización. En efecto, Brasil ha sido desde sus orígenes y luego de la instauración de la República una sociedad de cuño esclavista, caracterizada por la prescindencia de las formas democráticas de convivencia y, consecuentemente, reconocible por la existencia de un tipo de dominación autoritaria que permanentemente ha obstaculizado la representación y participación de los sectores populares y de la clase trabajadora en las principales decisiones que competen al conjunto de la nación.

En ese sentido, la intentona golpista que tiene sus antecedentes casi desde el momento en que Bolsonaro asumió la presidencia, se vio reforzada con los campamentos montados frente a los cuarteles y la consiguiente invasión de la Plaza de los Tres Poderes, exigiendo a las Fuerzas Armadas una intervención por las armas.

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Lo anterior, diseñó un escenario que mostraba una democracia fragilizada pasible de ser violentada por medio de una escalada autocrática sin retorno. Por lo mismo, el juicio a quienes tramaron dicho Golpe de Estado es relevante en términos de sus efectos para la superación de la impunidad y la ampliación de la propia democracia. La mayoría de los acusados son representantes del alto escalón de la jerarquía militar (cuatro del Ejercito y uno de la Marina) y otros ocuparon puestos de relevancia en la estructura del anterior gobierno de ultraderecha.

Después de todo lo sucedido, continúa incomodando la constatación de como un militar agitador expulsado de las filas de ejercito por una secuencia de actos ilicititos y luego transformado en un político del bajo clero, irrelevante y caricaturesco, llegó a transformarse en el líder de la extrema derecha con un discurso primario y radical que fue captando respaldo popular en función de la crisis sistémica del país. El mismo Bolsonaro siempre repetía que era una persona mediocre, sin un ideario relevante, aunque supo convertirse en el representante de la anti política y la antítesis de los proyectos de inclusión social y garantía de los derechos de las minorías implementados por los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.

Paradójicamente, las políticas sociales y de inclusión montadas por ese ciclo progresista de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (2003-2016) generó su contraparte en un movimiento reaccionario, que fusionaba visiones ultraliberales en la economía con una perspectiva conservadora radical apoyada por diversas denominaciones del pentecostalismo en auge, por militares y policías en la activa o jubilados y por ganaderos y empresarios extractivistas inescrupulosos que se refugiaron en una administración que les permitió realizar todo tipo de ilegalidades para aumentar sus lucros.

Para enfrentar este ciclo de retroceso, el juicio a los golpistas posee una importancia decisiva en los rumbos futuros que seguirá la democracia brasileña. Las condenas de los integrantes de los cinco núcleos que actuaron en la trama golpista -partiendo por el núcleo crucial- debe expresar un enfrentamiento vehemente hacia quienes conspiraron contra la República y dar un mensaje claro de que no habrá impunidad para aquellos que intentaron acabar con el Estado democrático de Derecho. Si este juicio termina siendo tolerante, tibio e ineficaz, abrirá un peligroso precedente para futuras acciones golpistas.

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En un país que ha tenido a lo largo de su historia innumerables asonadas golpistas, dictaduras e intervenciones militares, la sanción ejemplar a esta última amenaza contra las instituciones democráticas, puede adquirir una dimensión pedagógica para la ciudadanía en la medida en que la sociedad advertirá que quienes financiaron, organizaron y ejecutaron los actos sediciones que culminaron el 8 de enero de 2023, tendrán que responder legalmente por sus actos.

Con ello se refuerza la idea de que la democracia no es solo una cuestión formal, sino que para su permanencia y profundización se requiere de una responsabilidad compartida y de mecanismos efectivos de punición contra quienes realicen actividades antidemocráticas. Lo anterior debería aislar a los grupos extremistas de la extrema derecha y permitir la recomposición de una centroderecha que esté dispuesta a respetar las reglas del juego democrático.

Finalmente, el juicio a los golpistas y las rigurosas penas que de allí se deriven puede representar una gran oportunidad para que la democracia brasileña -pese a sus limitaciones- demuestre su robustez y capacidad de resiliencia y, de esta manera, el país pueda cerrar la puerta a nuevas aventuras sediciosas, inviabilizando la salida golpista como una práctica política aceptable, tolerable o banal.