Donald Trump y Marco Rubio consideran a Jair Bolsonaro uno de los suyos. Está a la vista. El secretario de Estado de EE. UU. habló de “caza de brujas en Brasil”, justo él, representante de un país donde el macartismo se enseñoreó en el sistema político durante la década de 1950.

Lo que causa alerta es la audacia con que lo dijo. La forma en que amenazó a una nación soberana bajo el remanido argumento de la violación de los derechos humanos de un expresidente. En rigor, un golpista ya condenado. El mismo que votó el impeachment de Dilma Rousseff dedicándoselo a la memoria del peor torturador en la historia brasileña: Carlos Brilhante Ustra.

La extrema derecha global juega su ajedrez planetario apoyada en la dialéctica de la confrontación. No repara en las formas diplomáticas, ni en su injerencismo. Rubio es grandilocuente. Una especie de procónsul romano. Desaprobó la materia Derecho Internacional.

Un ejemplo: después de que el régimen israelí atacara a Qatar con el propósito de aniquilar a los negociadores de Hamas en Doha, comentó que Estados Unidos no cambiaría su status de aliado de Benjamin Netanyahu. Reforzó esa idea cuando este domingo llegó a "Tel Aviv" en visita oficial.

El secretario de Estado se reúne con un criminal de guerra que en "Israel" tenía a marzo de este año un 70 por ciento de desaprobación entre la ciudadanía. Todo lo contrario de Lula, que en Brasil crece en la evaluación de su imagen positiva.

LEA  TAMBIÉN: Multitudinarias marchas en Brasil rechazan amnistía a Bolsonaro

Una imagen que se extendería al Supremo Tribunal Federal (STF) si se considera el fallo condenatorio contra Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión. El 54 por ciento de la población reprueba una amnistía para el reo de extrema derecha y exmilitar. La apoya el 39 por ciento, lo que no es poco, aunque en minoría. Pero el porcentaje vuelve a subir al 50 por ciento cuando se convalida la detención del expresidente.

Rubio tuiteó en su cuenta oficial de X apenas se enteró del fallo contra Bolsonaro el 11 de septiembre:

“Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”.

La diplomacia de Itamaraty, que mantiene una histórica posición de no intervención, se pronunció con firmeza: “La democracia brasileña no se dejará intimidar”, sostuvo el ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno de Trump, con graves problemas internos y un deterioro creciente de su imagen, no adelantó cómo responderá a Brasil. En rigor, al máximo tribunal judicial del país. Se reserva ese derecho, porque sigue creyendo en su destino manifiesto.

Nada puede descartarse. Ni siquiera la ruptura de relaciones diplomáticas que ya se deslizó en algunas informaciones.

LEA TAMBIÉN: Lula advierte a Trump que la soberanía de Brasil no se discute

Itamaraty fue más taxativo en el comunicado que difundió: “Amenazas como la realizada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca a la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes que constan en el expediente, no intimidarán a nuestra democracia. Las instituciones democráticas brasileñas dieron su respuesta al golpismo”.

El medio Brasil de Fato citó la opinión de Paulo Borba Casella, jurista y profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sao Paulo (USP), que coincide con la interpretación de la Cancillería:

“Es importante dejar claro, y la prensa sensata de muchos países lo ha enfatizado, que Brasil ha dado una lección de madurez institucional y respeto al Estado de derecho democrático”.

El mismo especialista también comentó sobre las reacciones del Gobierno de Trump. “Se caracterizan por ser impredecibles, irrazonables y mezclar cuestiones comerciales con cuestiones políticas, ideológicas y partidistas”, dijo.

Por eso, nada se descarta. Inclusive, un nuevo aumento de los  aranceles a productos brasileños que aplica Washington desde el 6 de agosto pasado. La respuesta de Lula fue presentar una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra las tarifas aduaneras de Estados Unidos.

El disciplinamiento que le ha impuesto EE. UU. a Brasil es histórico. En el pasado, fue mediante la imposición de dictaduras cívico-militares en América Latina que, en el caso del país más grande del continente, incluyó 21 años (1964-1985) de régimen de facto.

Bolsonaro siempre reivindicó ese período y hasta declaró en público que las desapariciones forzadas debieron haber sido más, como en Argentina.

Durante su segundo mandato, que comenzó en enero de este año, Trump ya sancionó a los jueces que condenaron a su aliado. Les revocó las visas para ingresar a Estados Unidos a ocho de los 11 integrantes del STF, que tiene como figura destacada al juez Alexandre de Moraes.

La medida fue comunicada por el secretario de Estado. Alcanzó al más mediático de sus integrantes, De Moraes, pero, además, a otros siete magistrados de los 11 que completan la corte: el presidente del tribunal, Luís Roberto Barroso; José Antonio Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Luis Edson Fachin y Gilmar Mendes.

Todos tienen en común que no fueron propuestos por Bolsonaro para integrar la corte.

Detrás de estas sanciones está la mano de Eduardo Bolsonaro, diputado federal y el más activo de los hijos del expresidente. Desde EE. UU., amenazó con que si no se resolvía la crisis que llevará a prisión a su padre, “no habrá elecciones en 2026”.

El diputado federal de izquierda Chico Alencar, del PSOL por Rio de Janeiro, criticó a Bolsonaro (h): “Soy un antiguo profesor de Historia, especializado en historia brasileña, y siempre he visto en documentos, libros y registros esa postura imperialista (de Estados Unidos) de ser el guardián del mundo, la policía del mundo, pero nunca he visto tanta audacia con el apoyo interno de traidores a la patria”.

El legislador Bolsonaro, la voz del expresidente desde EE. UU., declaró que Washington podría enviar “aviones de combate F-35 y buques de guerra a Brasil” si el país seguía, según él, por “el camino de Venezuela”.

Una flota de Estados Unidos ya navega en aguas caribeñas con el objetivo de intervenir en la región y amenazar desde el mar al Gobierno de Nicolás Maduro. La escalada está en marcha y, como las medidas que crean Trump y Rubio contra Brasil, es impredecible.

Ya no ponen el comunismo como excusa en primer lugar, aunque subyace esa idea del macartismo en su apogeo. En el caso de Venezuela, argumentan que su obligación es combatir al narcotráfico y en particular al llamado Cartel de los Soles.

En el caso de Brasil, que lidera el grupo Brics junto a China, Rusia e India, se trata de salvar a un político de extrema derecha, con su popularidad por el suelo, de una sentencia a prisión muy documentada. Tan sólida, que se basó en el testimonio de su exasistente personal, Mauro Cid, acogido a la figura de delación premiada.}