María Corina Machado se ha consolidado como una operadora política del capital estadounidense, dedicada a promover la entrega de los recursos estratégicos de Venezuela a los grandes centros financieros y corporativos del mundo occidental.

Su actividad pública se centra en participar en foros empresariales y conferencias internacionales donde ofrece el país como territorio abierto a la inversión extranjera, a cambio de respaldo político y visibilidad mediática.

En las últimas semanas, esa proyección internacional se ha visto impulsada por su Premio Nobel de la Paz y las invitaciones a espacios de alto perfil en Estados Unidos y Europa, donde insiste en la liberalización total de la economía venezolana y la venta de activos nacionales como vías de "reconstrucción".

LEA TAMBIÉN: El objetivo de EE. UU. es apoderarse del petróelo de Venezuela

Pero detrás del lenguaje tecnocrático y los eufemismos de modernización, lo que Machado está presentando es un plan de saqueo sistemático, diseñado para que el capital extranjero se apropie directamente de la riqueza energética, minera y territorial del país bajo el ropaje de la "transición democrática".

Su discurso coincide con una nueva fase de agresión de Washington contra Venezuela y la región, que combina acciones militares encubiertas en el Caribe con una campaña de criminalización enmarcada en la supuesta lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto, la narrativa de Machado de apertura, privatización y "confianza para los inversionistas" forma parte de la arquitectura de poder que Estados Unidos despliega para retomar el control sobre el mapa energético venezolano.

Tierra de Gracia: la arquitectura económica del despojo

El plan "Venezuela Tierra de Gracia", ofrecido durante la campaña electoral presidencial durante 2024, es el documento que condensa con mayor precisión la visión económica que María Corina Machado y su equipo presentan ante los organismos internacionales y los inversores extranjeros. Bajo la promesa de "recuperar la productividad" y "reinsertar a Venezuela en el mercado global", el texto traza una ruta de desmantelamiento del Estado y entrega del patrimonio nacional a los centros financieros internacionales.

El programa se sostiene en tres líneas medulares:

• Reducción del Estado bajo el eufemismo de "optimizar su tamaño", lo que en la práctica significa la eliminación de subsidios, políticas sociales y programas de protección que garantizan derechos básicos.
• Endeudamiento controlado por organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y agencias bilaterales de crédito, lo cual equivale a hipotecar la política económica y financiera del país frente a los dictados del sistema financiero internacional.
• Privatización masiva de empresas y activos públicos, particularmente en los sectores petrolero, gasífero, eléctrico y minero, amputando al Estado de sus principales fuentes de ingreso y soberanía económica.

Aunque el discurso oficial del plan apela a conceptos como eficiencia, modernización y estabilidad macroeconómica, su estructura reproduce los mismos mecanismos de ajuste estructural aplicados por el Fondo Monetario Internacional en América Latina durante los años 1990: reducción del gasto público, privatización del sector energético y liberalización del mercado laboral.

En términos históricos, representa una restauración del modelo neoliberal clásico, actualizado a la presente fase depredadora del gran capital estadounidense.

El resultado previsible de ese modelo es la consolidación de una economía extractiva dependiente, orientada a la exportación de materias primas y subordinada a los intereses del capital financiero occidental. Se plantea una apertura irrestricta donde las corporaciones transnacionales asumirían el control directo de las principales fuentes de riqueza del país:

• el petróleo,
• el gas,
• los minerales,
• la electricidad
• y la infraestructura logística.

El componente más alarmante del documento es su visión del Estado como un mero administrador pasivo, cuya función se limitaría a garantizar "seguridad jurídica" a los inversores. En síntesis, "Tierra de Gracia" es una hoja de ruta para la reinserción subordinada de Venezuela en el orden neoliberal proestadounidense.

Del billón de dólares al lobby energético internacional

Tras la publicación del plan "Tierra de Gracia", María Corina Machado ha profundizado su estrategia de promoción internacional del saqueo a través de una serie de foros y encuentros con organismos vinculados al poder financiero y energético de Estados Unidos.

Uno de los más emblemáticos fue su intervención, en junio de 2025, ante el Council of the Americas (AS/COA), un consorcio creado por David Rockefeller en los años 1960, históricamente asociado al Departamento de Estado y a las grandes corporaciones del hemisferio.

En esa sesión, presentada como "La oportunidad del billón de dólares", Machado delineó ante un auditorio de banqueros y ejecutivos petroleros un plan de 15 años para movilizar 1,7 billones de dólares en inversiones extranjeras, centradas en energía, minería, tierras agrícolas y agua dulce. En su discurso, ofreció la privatización total de PDVSA, la apertura de las reservas petroleras y gasíferas al capital foráneo, y la puesta en venta de millones de hectáreas calificadas falsamente como "tierras no desarrolladas".

El núcleo de esa propuesta fue concebido dentro del Venezuela Working Group del propio AS/COA, integrado por asesores de Machado, exfuncionarios del "interinato Guaidó" y representantes de ONG y redes empresariales como Cedice Libertad et al. Ese espacio actúa como plataforma de lobby corporativo, articulando a antiguos operadores del proyecto Guaidó con las petroleras y fondos de inversión que buscan reingresar al mercado venezolano bajo la tutela de Washington. La dirigente se presentó, en la práctica, como la intermediaria civil de esa operación económica.

Apenas unos meses antes, en marzo de 2025, Machado había aparecido en video en la CERAWeek, una conferencia anual de gran importancia en la industria energética mundial, organizada por S&P Global en Texas. Allí ratificó su propuesta de entregar la industria petrolera venezolana a la gestión privada, garantizando "derechos de propiedad plenos" a las transnacionales y "seguridad jurídica" para sus inversiones.

Prometió además incentivos fiscales y subastas de campos petroleros a empresas estadounidenses, alineándose abiertamente con la nueva doctrina energética de Washington, que bajo la administración Trump busca reconsolidar el dominio de Estados Unidos en la producción y exportación mundial de hidrocarburos.

Desde su tribuna, Machado proyecta el mismo plan que Washington busca ejecutar con sanciones y bloqueos, transformando la política en una herramienta para facilitar el acceso de las corporaciones norteamericanas al subsuelo venezolano.

Incluso economistas opositores han advertido el alcance de esta entrega. El especialista en petróleo Rafael Quiroz sostuvo que "la venta de nuestra empresa petrolera solo beneficiará a los grupos económicos bien posicionados dentro y fuera del país" y que la propuesta "atenta contra la soberanía nacional".

El capital transnacional no requiere hoy de un gobierno aliado dentro de Caracas: le basta contar con voceros locales que validen su lógica de desposesión en los espacios internacionales. Machado ha asumido ese papel con precisión; su voz sirve como garantía política ante los fondos, las petroleras y los organismos multilaterales de que Venezuela puede ser reabierta al saqueo bajo nuevas formas legales y mediáticas.

Una ofensiva sostenida bajo fachada institucional

Mientras Washington intenta reordenar su influencia en América Latina mediante sanciones, operaciones militares en el Caribe y campañas mediáticas de criminalización, se despliega en paralelo una ofensiva discursiva que busca naturalizar la dependencia venezolana, incorporándola de nuevo al circuito de dominio energético del Norte Global.

LEA TAMBIÉN: Venezuela y el futuro de América Latina

María Corina Machado, con el aval simbólico de premios y foros internacionales, presta rostro y lenguaje a esa estrategia, ofreciendo a Venezuela como zona económica de explotación bajo tutela extranjera.

Esta dinámica no apunta a una eventual conquista del poder interno, que hoy se les muestra inviable, sino a mantener abierta la brecha de legitimidad, necesaria para justificar la presión internacional sobre el país y sostener la narrativa de "transición pendiente".

Desde esa posición, se pretende socavar el principio de soberanía, erosionar la capacidad del Estado venezolano de administrar sus recursos y perpetuar el cerco económico y político bajo nuevos formatos.

El peligro real está en la estructura de intereses que sostiene las declaraciones de Machado: corporaciones energéticas, think tanks financieros y organismos multilaterales que sirven de plataforma indirecta para la política exterior estadounidense.

Su discurso es apenas el eco imperial de una ofensiva más amplia, la que busca reconfigurar América Latina como espacio de reserva energética y control geoeconómico, con Venezuela como epicentro.