La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical argentina, convocó a efectuar una huelga general el día en que la Cámara de Diputados discuta la iniciativa de contrarreforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y ya aprobada en el Senado.

Los gremios integrantes de la CGT consideran regresivos y anticonstitucionales los cambios de la administración ultraderechista y sus aliados, por lo que ya anunciaron su intención de combatirlos ante la justicia si la propuesta prospera.

Dado que el Poder Judicial del país es un bastión oligárquico, la vía jurídica ofrece escasas oportunidades para revertir la legislación, incluso si esta viola la prohibición de regresividad de los derechos humanos establecida en la Carta Magna y tratados internacionales con rango constitucional.

Milei, quien considera toda protección social una aberración contraria al mercado, envió al Congreso una iniciativa en consonancia con sus creencias, conceptualizando los derechos laborales como “costos”, “riesgos” y “distorsiones”.

El texto que busca promulgar antes del 1º de marzo incentiva la tercerización, reduce de 15 a 2 por ciento las aportaciones patronales para la jubilación durante los primeros cuatro años de una nueva contratación, omite toda cláusula que impida a los empresarios despedir a un empleado tras ese periodo, amplía el lapso de prueba de un trabajador de tres a seis meses, abarata los despidos, elimina en los hechos el derecho a huelga al clasificar como “de importancia trascendental” prácticamente todos los rubros de actividad, permite jornadas laborales de 12 horas a discreción de los patrones y elimina el pago de horas extras.

Además, permite que las contribuciones a la jubilación se desvíen a un “fondo de cese laboral” que amortizará el costo de los despidos. Es decir, además de ahorrarse las aportaciones previsionales, las empresas podrán usar el dinero con que los trabajadores deberían afrontar los gastos de su vejez para echarlos a la calle.

En suma, el diseño mismo de la contrarreforma muestra que se trata de un regalo a los dueños de grandes capitales. Por ejemplo, aunque la informalidad se presenta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que no pueden absorber el costo de regularizar a sus trabajadores, los beneficios fiscales son los mismos para un micronegocio familiar que para multinacionales con enormes ingresos y toda su plantilla en blanco.

Las propias cúpulas empresariales reconocen que se limitarán a embolsarse el dinero sin crear más empleos, para lo cual claman por todavía más transferencias directas e indirectas por parte del Estado. De acuerdo con el ministro de Economía (equivalente a la Secretaría de Hacienda en México), Luis Caputo, la nueva ley laboral reduce en 85 por ciento las cargas patronales en un Estado agudamente desfinanciado.

Este golpe a los trabajadores se presenta cuando la gran mayoría de la población ya enfrenta una precarización y unas tasas de endeudamiento históricas debido a la política de reducir la inflación por la vía de “licuar” los salarios, consistente en mantenerlos deliberadamente por debajo del ritmo de los precios a fin de colapsar la demanda.

En este contexto, la movilización popular masiva aparece como la única herramienta de los trabajadores para detener la contrarreforma que elimina derechos conquistados hace más de medio siglo. Pero este camino no está exento de dificultades.

Por el contrario, la Casa Rosada ha dejado patente su determinación de aplastar las protestas sin importar el costo humano, por lo que los próximos días serán inciertos y peligrosos para los argentinos que rechazan el regreso de fórmulas neoliberales probadamente fallidas.