Inquieta ante la posibilidad de que Iván Cepeda pueda vencer en las elecciones presidenciales del 31 de mayo próximo, la ultraderecha ha puesto en marcha un plan para eliminarlo físicamente y evitar la continuación y profundización de los planes progresistas de gobernanza del actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, parte de los cuales han sido saboteados por la reacción que tiene fuerte influencia en el legislativo.

Esta vez este tipo de denuncia no ha podido ser rebatido por la oposición, porque los datos al respecto provienen de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, ha señalado el jefe de Estado, mientras el candidato oficialista ha animado igualmente a la población a participar en los comicios y a respaldarlo, exteriorizando que ya ha recibido amenazas similares con anterioridad.

Pero este no es el único intento de la reacción para subvertir los resultados de los venideros comicios presidenciales, ya que el mandatario ha advertido nuevamente sobre la posibilidad de que se recurra al fraude electoral para la imposición de un candidato de la derecha.

“Existen pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia”, escribió Petro, quien cuestionó el sistema de preconteo de votos operado por la empresa privada ASD, filial de Thomas Greg & Sons, compañía contratista del Estado que también ha estado a cargo de la producción de pasaportes.

Recordemos que ASD utilizó en las elecciones del 2022 a centenares de contratistas que diligenciaban formularios con datos transmitidos por teléfono, incluso antes del cierre de las votaciones, lo que pone en duda la transparencia de los resultados, y restado unos 400 mil votos al Pacto Histórico, la coalición que llevó al poder a Petro ese mismo año.

En este contexto, Petro pidió acceso completo al código fuente del software electoral, es decir, al programa informático que procesa los resultados, con el fin de que expertos independientes lo auditen, lo cual está avalado por el Consejo de Estado, y no se ha cumplido.

Recordatorio

Parte del debate se remonta a las elecciones legislativas de 2014, cuando el Consejo de Estado anuló parcialmente unos resultados de las elecciones al Senado tras determinar que el partido MIRA había perdido curules por fallas en el escrutinio.

Ese proceso utilizó un software desarrollado por la multinacional española Indra, que durante años prestó servicios tecnológicos al sistema electoral colombiano.

Como consecuencia de esa decisión judicial, el software de escrutinio —que es el que define los resultados finales— pasó a ser propiedad del Estado en 2021 y desde entonces es operado exclusivamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según han explicado las autoridades.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó a tramitar por las vías institucionales cualquier reclamo electoral y aseguró que “no significa que no pueda haber reclamos o quejas sobre el proceso electoral. Estas pueden ser válidas, legítimas y deben ser tramitadas”.

Fallas graves

Durante las elecciones legislativas de marzo último, equipos de campaña no pagaron a testigos, lo cual profundizó la crítica hacia el sistema de sufragio nacional.

Al respecto, Petro declaró: “Claro que hay miles de gritos de gente a la que en realidad compran porque no les pagan el voto o su trabajo como jurados al servicio de candidatos”, e insistió en que el sistema electoral enfrenta fallas graves, más allá de los señalamientos recientes sobre manipulación de jurados y votos impagos.

Amplió su denuncia al señalar que existen riesgos mayores vinculados al manejo del software encargado del conteo y preconteo de sufragios.

Acusó a ciertos funcionarios de tener acceso a los sistemas informáticos y alterar cifras de votos: “Mi crítica va más allá del fraude de jurados ya cometido, y de los registradores que acceden al software y cambian mil votos por 100 millones”. Estas declaraciones incrementaron la tensión política en un momento en el que la confianza pública en las instituciones electorales se encuentra en entredicho.

En su intervención, Petro apuntó directamente a la empresa Thomas Greg & Sons, actual responsable del preconteo y escrutinio electoral, y la vinculó con el contrato para la emisión de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal. El presidente cuestionó la decisión de la Procuraduría General de la Nación y del Registrador Nacional de solicitar la anulación del contrato con la firma portuguesa.

“¿Quién se beneficia si se anula por unos magistrados el contrato de pasaporte con Portugal? Se beneficia la empresa Thomas Greg and Sons. Se beneficia la actual empresa que hace el preconteo y escrutinio de los votos”, enfatizó el mandatario.

El jefe de Estado fue más allá, relacionando la presunta intención de censurarlo judicialmente con la entrega de fondos públicos a la misma empresa que, según sus palabras, ya había sido señalada en episodios previos de irregularidades: “La procuraduría me quiere silenciar por orden judicial para que no hable de esta empresa y su software de elecciones no auditado”.

El presidente insinuó la existencia de un acuerdo entre un candidato presidencial y los propietarios de la firma encargada del escrutinio. La denuncia vincula estos hechos con la campaña electoral, aumentando la presión sobre los organismos de control y generando preocupación sobre la equidad en las elecciones.

Gustavo Petro aseguró que se busca censurarlo judicialmente - crédito @petrogustavo. En su mensaje, Petro preguntó públicamente: “¿Cuál es el propósito a punto de buscar la censura del presidente de Colombia con todos mis derechos hasta como ciudadano?”. También aseguró que “ya se realizó un trato entre un candidato, que busca ganar a toda costa y no importa el medio, y los dueños de la empresa escrutadora de elecciones”, tras lo cual afirmó finalmente:

“Estamos ante un trato de fraude así el procurador de la nación no sepa. Es inmoral beneficiar en medio de las elecciones con centenares de millones de dólares públicos a la firma que hace el escrutinio. El pueblo y el mundo deben cuidar el voto popular en Colombia”.