La entrada en vigor de un nuevo toque de queda en Ecuador hasta el día 18 y vigente en nueve provincias, no solo confirma la violencia que el ejecutivo quiere combatir, y que es motivo de la medida. Además, revela la inoperancia de los planes puestos en vigor hasta hoy para conseguirlo.

Todo indica que la virtual militarización frente a la delincuencia a tenor de las sucesivas medidas de excepción tomadas por el gobierno de Daniel Noboa; el estado de conflicto armado interno que decretó desde que asumió por primera vez a fines de 2023, y la aplicación de las prácticas represivas que esos decretos permiten a las fuerzas armadas y policiales ecuatorianas "para actuar", no han dado los resultados esperados.

Ni siquiera la reciente participación de efectivos de Estados Unidos en anunciadas "operaciones militares conjuntas", bajo la línea de "seguridad hemisférica" que Washington quiere imponer, ha deparado saldos positivos… Al menos, no hasta ahora.

Y es que, en el menos malo de los casos, la represión no es solución ni bastaría por sí misma.

Eso es lo que lo acaba de reconocer la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en un manifiesto emitido hace algunos días, y mediante el cual recordó al ejecutivo su responsabilidad ante el incremento de la violencia, criticó la corrupción, y exigió políticas públicas dirigidas a asegurar el acceso a la educación, la salud y a empleo digno.

Los prelados advirtieron al ejecutivo una verdad a ojos vista: las condiciones dadas por el crecimiento de la pobreza y del desempleo aumentan la exposición de los sectores vulnerables al crimen organizado.

Con ello coinciden expertos en seguridad como Jean Paúl Pinto, citado hace algunas semanas por el periódico local La Hora, quien sostiene que "si no cambiamos la estrategia de seguridad, este año también terminaremos como el año más violento en la historia de Ecuador" al recordar las cifras de 2025.

A su cierre, el país reportó el año más violento de su historia con cerca de nueve mil  homicidios y una tasa de 45 por cada cien mil habitantes, una de las más elevadas de Latinoamérica, dijo la propia fuente, y aseguró que la tendencia se mantuvo durante los primeros meses de 2026, sobre todo en la región costera.

Las declaraciones de Pinto están en consonancia con el más reciente informe trimestral del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud, al revelar que los homicidios de adolescentes hasta los 17 años crecieron en un 4,2 por ciento durante los tres primeros meses de este año en comparación con 2025, con un total hasta marzo pasado de 148 muertes de menores, lo que equivale a un asesinato cada 14 horas, abundó el reporte citado por PL.

Ello pudiera explicar la contradicción entre las aseveraciones del presidente Noboa, al asegurar que los hechos violentos disminuyeron entre enero y marzo pasados en un 14 por ciento, y la percepción opuesta de especialistas y observadores como los citados: es entre los adolescentes que la violencia aumentó y, en no pocos casos, la militarización del combate a la delincuencia se ha cebado en ese sector etario.

Los estudiosos añaden otros elementos que subrayan el carácter violento de los actos delictivos propiciados por la extensión de la presencia del narcotráfico en el país y la existencia, según fuentes oficiales, de una veintena de esas bandas criminales.

El hecho de que el 93,2 por ciento de los asesinatos de adolescentes computados se realizara con armas de fuego, y la ejecución de decapitaciones, da cuenta de una actuación con cariz más sangriento que puede ser explicada, en parte, por la exministra de Desarrollo Humano, Berenice Cordero, quien ha apuntado que ya no se trata de delincuencia juvenil: "el crimen organizado incorpora adolescentes como fuerza operativa", comentó en su perfil de X, según el reporte de PL.

Conocedores señalan que esa alta incidencia de los más jóvenes como víctimas de la violencia está relacionada con el hecho de que, de ser un país "de tránsito" para el tráfico ilícito de estupefacientes, Ecuador ha pasado a ser un territorio en disputa para los narcotraficantes, aseguran.

Hay voces oficiales que responsabilizan a la cercanía de Colombia, un territorio históricamente castigado por el flagelo.

Pero no pocos toman en cuenta el cierre de instituciones y políticas públicas que caracterizó la ejecutoria presidencial desde el mandato de Lenín Moreno, y recuerdan que durante la gestión del también exmandatario Rafael Correa, quien le antecedió, un enfoque integral del fenómeno con una política de desmovilización provista de empleo y educación para quienes abandonaban las bandas, consiguió una disminución sustancial de los índices delincuenciales.

Parece muy difícil lograrlo únicamente anteponiendo violencia a la violencia.