Para sorpresa de todos, el presidente salvadoreño Nayib Bukele decidió sustituir el clásico informe en la Asamblea Legislativa sobre su gestión de Gobierno por una retransmisión en cadena dedicada a la inauguración del nuevo Hospital Rosales. Este 1 de junio, por tanto, no hubo balance político de sus siete años de gobierno, ni anuncios sobre las prioridades de la acción gubernamental para 2026, sino solo la presentación de una obra que, según el presidente, dará inicio a una transformación de la salud pública.

Bukele ha iniciado así su octavo año al frente de El Salvador, el tercero de su segundo mandato (2024-2029), al que, recordemos, sólo pudo postularse gracias a una interpretación excesivamente flexible por parte de la Sala Constitucional de un artículo que prohibía el doble mandato presidencial consecutivo. Gracias a una abrumadora mayoría parlamentaria y al control casi total de las instituciones, Bukele impuso luego una serie de reformas constitucionales, entre ellas la reelección presidencial indefinida y la ampliación del mandato de cinco a seis años. También se eliminó la segunda vuelta —se gana con mayoría relativa— y se alinearon las elecciones presidenciales con las parlamentarias y municipales. Por este motivo, el mandato de Bukele se ha acortado en dos años y las próximas elecciones se celebrarán en febrero de 2027.

• Control férreo de las instituciones,
• estado de emergencia prorrogado consecutivamente cada mes durante más de cuatro años,
• suspensión de varios derechos constitucionales,
• militarización del territorio con casi cien mil detenciones
• y construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad.
• Pero también leyes especiales y reformas del Código Penal que han introducido la cadena perpetua (incluso para menores a partir de los 12 años),
• los juicios colectivos y que han reformado la ley antiterrorista, ampliando su tipificación.

Todo ello ha contribuido al desplome de la violencia, pasando de una tasa récord de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes a menos de 3,5 homicidios, muy lejos del umbral de 10 homicidios que la OMS establece para definir una situación de violencia endémica. La reducción de la violencia es, sin duda, el principal factor que permite a Bukele seguir gozando de un apoyo popular muy fuerte. Así lo afirma la reciente encuesta de la costarricense CID Gallup, que revela una aprobación y una imagen positiva del Gobierno de Bukele por parte del 93 por ciento de los salvadoreños, con una tendencia al alza durante los siete años de su mandato (era del 76 por ciento en 2019). El 98 por ciento de la ciudadanía aprueba las medidas adoptadas en materia de seguridad y asegura no haber sido víctima de ningún delito durante los últimos cuatro meses. El 95 por ciento valora positivamente las medidas especiales contra las maras y el 83 por ciento pide medidas aún más duras. Por último, el 87 por ciento de los salvadoreños se siente orgulloso de la gestión de Bukele. Sin embargo, la nota es bien baja cuando se pregunta por temas económicos, donde la mayoría de los salvadoreños se muestra muy preocupada por la inseguridad económica y la falta de empleo.

El contrapeso a la imagen casi idílica que presenta la encuesta de CID Gallup lo aportó, el pasado mes de marzo, el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el Contexto del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES). El extenso documento presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relata cómo Bukele, un trumpista de pura cepa y principal aliado de Washington en Centroamérica, ha tomado en poco tiempo el control de las instituciones, ha forjado una fuerte alianza con el ejército, la policía y algunos sectores de la oligarquía tradicional, radicalizando el modelo neoliberal extractivista y endureciendo la represión contra cualquier forma de oposición política y social. Varias organizaciones han recopilado más de seis mil 400 denuncias de violaciones de los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, como la de la abogada y activista por los derechos humanos Ruth López, torturas y la muerte de al menos 530 personas en las cárceles especiales.

La posición del Bloque de Resistencia y Rebelión Popular (BRP) y de la Coordinación Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) es especialmente crítica. "En el séptimo año de gobierno de Nayib Bukele denunciamos el grave deterioro democrático, económico y social que afecta a El Salvador y el creciente autoritarismo impuesto por un clan empresarial-familiar aliado de la oligarquía", se lee en un comunicado.

A estas alturas, prosiguen las dos organizaciones, se ha consolidado un régimen que persigue, reprime y encarcela a la oposición política, que se apropia de manera férrea de las instituciones públicas, que desmantela los contrapesos democráticos y que establece acuerdos con los grupos criminales para lograr una reducción de los homicidios. Las investigaciones periodísticas sobre las negociaciones y los acuerdos secretos entre gobierno y maras (Mara Salvatrucha/MS-13 y Barrio 18) por parte del medio digital El Faro han dado lugar a la expulsión y al exilio forzoso de los miembros de la redacción, así como al embargo de bienes y cuentas bancarias y a la imputación por evasión fiscal y blanqueo de capitales.

El análisis de los siete años de Bukele tampoco puede dejar de lado el impacto de las políticas neoliberales en la economía nacional. "Mientras el Gobierno concentra el poder y hace propaganda, las condiciones de vida de la mayoría de la población siguen deteriorándose.

Entre 2019 y 2026, el coste de la vida ha aumentado un 30 por ciento y más de 138 mil personas han caído en la pobreza extrema", explican las dos organizaciones. El aumento del desempleo y del trabajo precario, los despidos masivos, la subida de los precios de los alimentos y los servicios básicos, los recortes drásticos en sectores estratégicos como la salud y la educación, y el cierre de programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables han sido el corolario de la actuación gubernamental.

Para el profesor universitario de economía política Evaristo Hernández, el desarrollo capitalista se ha caracterizado por profundas desigualdades sociales, ciclos de crisis políticas y procesos de acumulación y concentración de riqueza que han generado mayor desempleo y pobreza. Sin embargo, el desmesurado aumento de las inversiones en activos fijos y el supuesto crecimiento económico no han supuesto una mejora sustancial de las condiciones de vida de la mayoría de la población. A ello se suman dos factores determinantes: el aumento exponencial de la deuda pública y el programa firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante los siete años de Bukele, la deuda pública ha crecido al menos 14 mil 500 millones de dólares (un 72 por ciento), tres veces más que el aumento registrado durante los tres gobiernos anteriores juntos, hasta alcanzar un total actual de casi 34 mil millones de dólares, lo que representa el 92 por ciento del PIB. Sobre el creciente endeudamiento pesan desmesuradamente los fondos de pensiones, con unos 11 mil 500 millones de dólares, lo que equivale a casi el 31 por ciento del PIB. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, esta deuda aumentó en 139 millones y en un 124 por ciento durante los siete años de Bukele. El programa firmado posteriormente con el FMI, que aportará mil 400 millones de dólares a las arcas del Estado, conlleva nuevos recortes en el gasto social y un posible aumento del IVA.

"Es un gobierno insaciable, que endeuda al país sin mejorar por ello las condiciones de vida de la gente, que se queja por la falta de trabajo, el coste de la vida, los racionamientos de agua potable, el alto coste de la energía y los medicamentos, y por el aumento de la pobreza. La producción de alimentos estratégicos como el arroz, los frijoles y el maíz está en mínimos históricos, el coste de la canasta básica se ha disparado y la soberanía alimentaria sigue siendo un sueño. La industria y los servicios están en caída libre y seguimos importando", explica el economista César Villalona.

"Bukele", concluye Villalona, "vive de promesas, de propaganda y de la manipulación de la realidad. Exagera los éxitos, niega las repercusiones negativas en la sociedad, oculta o minimiza los errores, los abusos y las derrotas. Y cuando se borra la frontera entre la verdad y la mentira, también se borra la frontera simbólica entre lo aceptable y lo inaceptable".