En el Perú de 2026 las urnas todavía no terminan de hablar, pero ya han dicho algo esencial. Más allá de quién termine ocupando el Palacio de Gobierno tras un escrutinio reñido y previsiblemente judicializado, el proceso electoral revela que el Perú continúa siendo una nación atravesada por profundas fracturas históricas que ningún relato de estabilidad macroeconómica ni ninguna retórica republicana han logrado resolver.

La disputa entre Roberto Sánchez, candidato de la izquierda por Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, heredera política de la dictadura fujimorista, expresa tanto la competencia entre dos proyectos electorales para un futuro inmediato, como la persistencia de un conflicto más profundo: el enfrentamiento entre un Perú centralista y otro periférico; entre la Lima que concentra riqueza, poder y representación, y las regiones que durante décadas han sido relegadas al papel de proveedoras de recursos, mano de obra y votos.

Mientras la capital y el voto exterior se inclinan mayoritariamente hacia el fujimorismo, la sierra, el sur andino y las zonas rurales han vuelto a respaldar una opción identificada con las demandas históricas de los sectores populares.

Como dice nuestro compañero Lautaro Rivas en su más reciente artículo para DR AL, resulta significativo entonces que un afinado coro de voces (que incluyen hasta el tecno-magnate Elon Musk, que vuelve a intervenir así en la política latinoamericana, como ya lo hizo en la Bolivia del golpe) hayan intentado desacreditar estos resultados insinuando la existencia de fraude debido a que determinadas comunidades rurales registran votaciones casi unánimes.

La acusación revela más prejuicios que evidencias. Desde una mirada urbana y liberal, se pretende presentar como anomalía aquello que forma parte de tradiciones políticas comunitarias largamente arraigadas en los Andes y en los pueblos indígenas. Lo que para algunos observadores constituye una sospecha, para muchas comunidades es simplemente una expresión colectiva de decisión política.

La elección también desmonta otra ficción recurrente: la idea de que existe una mayoría nacional claramente identificable. La fragmentación partidaria peruana es extrema. Los principales contendientes llegaron a la segunda vuelta representando apenas una porción limitada del electorado.

El balotaje crea artificialmente una mayoría donde en realidad existen múltiples minorías obligadas a reagruparse. Sin embargo, esa dispersión electoral convive paradójicamente con niveles relativamente altos de participación y con una ciudadanía que, pese a su creciente desencanto, continúa concurriendo a las urnas.

Pero sería un error interpretar esta elección exclusivamente en clave doméstica. El contexto regional y geopolítico ha cambiado sustancialmente respecto de los comicios de 2021. América Latina atraviesa una etapa de repliegue de las fuerzas progresistas y de fortalecimiento de proyectos conservadores y de extrema derecha.

En ese escenario, la posibilidad de una victoria popular en Perú adquiere una relevancia que excede largamente las fronteras nacionales. No porque Roberto Sánchez represente una ruptura revolucionaria, sino porque cualquier triunfo de los sectores populares desafiaría la tendencia continental que en los últimos años ha favorecido a las derechas respaldadas por poderosos intereses económicos y geopolíticos.

Existe además una enseñanza que interpela a buena parte de las izquierdas contemporáneas. Mientras numerosos analistas atribuyen un carácter casi absoluto a las redes sociales y a las campañas digitales, el avance de Sánchez demuestra que la política real sigue construyéndose en los territorios.

Con una presencia marginal en las plataformas digitales, su campaña apostó por el contacto directo, la organización local y la movilización comunitaria. No se trata de negar la importancia de la disputa comunicacional en internet, sino de recordar que ninguna narrativa digital sustituye la existencia de tejido social organizado.

Quizá por eso Perú continúa siendo un desafío para las categorías convencionales de la ciencia política. El país exhibe una proliferación de partidos sin representación efectiva, una inestabilidad institucional crónica y una sucesión de presidentes que difícilmente encajan en los modelos clásicos de gobernabilidad democrática.

Sin embargo, bajo esa superficie aparentemente caótica persiste un proceso político de largo aliento: el lento y contradictorio auto-reconocimiento de las mayorías populares, indígenas, campesinas y provincianas que históricamente han sido excluidas del proyecto nacional.

José Carlos Mariátegui sostenía que el problema del Perú era el problema del indio y que el problema del indio era el problema de la tierra. Un siglo después, aquella formulación conserva vigencia. Aunque las identidades sociales hayan cambiado y las luchas adopten nuevas formas, las divisiones electorales muestran que la cuestión de la inclusión real de las grandes mayorías sigue sin resolverse.

El conflicto ya no se expresa únicamente en términos étnicos, sino también territoriales, económicos y culturales. El Perú profundo continúa reclamando reconocimiento, derechos y participación efectiva en la construcción de su destino colectivo.

Por eso, cualquiera sea el resultado definitivo de esta elección, el mensaje de las urnas ya resulta inocultable. La disputa pasa por la posibilidad de que el país avance finalmente hacia una reconciliación consigo mismo, superando décadas de centralismo, exclusión y colonialismo interno. Y la historia reciente demuestra que las élites han sido incapaces de ofrecer una respuesta duradera a esa demanda.

Perú vuelve a encontrarse ante una encrucijada. Y aunque el desenlace electoral siga abierto, una certeza parece imponerse: las mayorías populares han regresado al centro de la escena política. Ignorarlas, como tantas veces ocurrió en el pasado, sería no sólo un error estratégico. Sería una nueva negación de la realidad nacional.