Organizaciones campesinas de la provincia de Los Andes, en el departamento de La Paz, resolvieron radicalizar las movilizaciones y amenazaron con el posible corte de servicios básicos a la sede del gobierno boliviano. La decisión se produce cuando el levantamiento social cumple siete semanas de bloqueos carreteros, que han empeorado el deterioro económico y la escasez de productos básicos que, tanto en su campaña como en su toma de posesión, el presidente Rodrigo Paz Pereira prometió resolver.

Para entender la magnitud de las movilizaciones contra una administración que ha contado con apenas seis meses para atender sus compromisos y enmendar la crisis económica en que se encontraba sumida la nación andina, es preciso analizar los orígenes del mandatario, sus taras ideológicas y las decisiones que ha tomado desde antes de llegar al Palacio Quemado. Hijo y sobrino nieto de expresidentes, Paz ha ocupado puestos de poder público durante el último cuarto de siglo, siempre como parte de las alianzas y las redes de tráfico de influencias de su familia. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales lo puso frente a un antiguo correligionario, Jorge Quiroga, con quien coincidió en el mandato legal de Hugo Banzer (1997-2001), militar que mantuvo una dictadura de 1971 a 1978.

Al imponerse en los comicios, siguió los pasos de sus colegas en la ultraderecha latinoamericana contemporánea: peregrinó a Washington para recibir indicaciones de Donald Trump. Así, formó su gabinete con una mezcla de personajes a su imagen y semejanza –educados en el extranjero, neoliberales a ultranza, miembros de los gobiernos que se enriquecieron con el saqueo del país en la década de 1990 e inicios de la siguiente– y empresarios en abierto conflicto de interés. Como botón de muestra, puso frente a la cartera de Medio Ambiente a un talador de bosques y exportador de madera. En un país donde 60 por ciento de la población es indígena, eliminó toda representación de esos grupos con la consigna de que es “la hora de la meritocracia”, escudándose en la falacia de que los gobiernos indígenas no tuvieron ningún resultado positivo. Los datos lo desmienten: la pobreza moderada se redujo de 60 por ciento en 2005 a 34 por ciento en 2018; la extrema cayó de 38 por ciento en 2005 a 15 por ciento en 2018, el índice de Gini (donde 0 es perfecta igualdad y una es absoluta desigualdad) bajó de un 0,59 en 2005 a 0,45 en 2016. Más de tres millones de personas se incorporaron a los estratos de ingresos medios durante esos tres lustros. Para Paz, el problema es que no sólo mintió a la ciudadanía, sino que se privó a sí mismo de todos los canales de comunicación con organizaciones sociales de gran peso en los asuntos nacionales; canales que ahora intenta reconstruir a marchas forzadas tras dinamitar la confianza.

En su dogmatismo, el mandatario intentó imponer a Bolivia un programa de choque calcado del que Javier Milei infligió a Argentina, ignorando las abismales diferencias en los niveles de conciencia política y la capacidad de resistencia de cada sociedad. Con la misma perversidad y falta de realismo, intenta sustituir el Estado plurinacional por un Estado feudal, en el que los hombres fuertes de cada región deciden los destinos de la gente que habita los territorios bajo su poder. Este viraje responde a las exigencias centenarias de Santa Cruz, departamento de gran riqueza controlado por una oligarquía racista que nunca ha aceptado la existencia de un gobierno nacional encabezado por indígenas y que prefiere separarse del país antes que reconocer la igualdad de los pueblos originarios con los blancos “civilizados”.

Al verse acorralado, Paz confronta a las multitudes indígenas y campesinas con sectores urbanos y gremiales, entre los que se cuentan la Central Obrera Boliviana y poderosas organizaciones de transportistas, un juego peligroso que puede tener saldos sangrientos y perpetuar la división de la sociedad. En vez de añadir a los problemas económicos una guerra étnica con fragmentación rural-urbana, el tecnócrata y la oligarquía detrás de él deben deshacer sus entuertos, reconocer la pluralidad y modernizar al Estado con políticas incluyentes, progresivas y democráticas.