Al concluir el recuento del 100 por ciento de los votos, la ultraderechista Keiko Fujimori aparece como ganadora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, con 50 mil 135 por ciento de los sufragios frente a 49 mil 865 por ciento de su contendiente, Roberto Sánchez.

La victoria de Fujimori en su cuarto intento de llegar a la Casa de Pizarro es una tragedia difícil de exagerar para el país andino. Significa el retorno de un proyecto político que en su primera encarnación (1990-2000, presidencia y luego dictadura de Alberto Fujimori) implantó de manera irreversible el modelo neoliberal, perpetró documentados crímenes de lesa humanidad, llevó la corrupción a niveles inéditos y puso en marcha un intento de limpieza étnica mediante la esterilización forzosa de más de 270 mil mujeres, en su inmensa mayoría indígenas, campesinas y quechuahablantes. Keiko fue primera dama de su padre Alberto cuando tuvieron lugar estos crímenes. Lejos de denunciarlos, la mandataria electa sostiene que su progenitor ha sido el mejor presidente en la historia de Perú.

Pero sería erróneo caracterizar a Keiko sólo como la hija de. Tras la caída en desgracia de su padre, ella tomó el control de la dinastía política, construyó fuerzas y complicidades propias y ha hecho gala de una habilidad para mover los hilos del poder tan notoria como su falta de escrúpulos. Cuando se le procesó y encarceló por el caso Cocteles, un megaproceso judicial en el marco del escándalo internacional Lava Jato, usó su mayoría en el Congreso para llenar la judicatura de jueces afines que anularon todos los juicios y le allanaron el camino al gobierno. Nunca tuvo que probar su inocencia; los tribunales simplemente desbarataron los expedientes.

Desde 2016, ha sido la principal artífice de la caída de sus antecesores en el Ejecutivo. Con mayoría propia o mediante alianzas cimentadas en la corrupción, hizo de la vacancia por “incapacidad moral permanente” un arma para destruir cualquier gobierno que no se plegara a sus demandas, con lo que sumió al país en una inestabilidad crónica que se ha denominado dictadura parlamentaria, porque el Legislativo ejerce el poder de facto. Cuando ella misma asuma la presidencia, contará con 41 de los 44 diputados necesarios para bloquear una eventual intentona de “vacarla” (destituirla, en el argot político peruano), por lo que podría ser la primera presidenta en completar su mandato desde Ollanta Humala (2011-2016). Con la golpista en el poder, no habrá quién organice un golpe. De este modo, Perú podría pasar de la inestabilidad a un autoritarismo unipersonal no visto desde el primer fujimorato.

La administración de Keiko Fujimori dará un renovado impulso al neoliberalismo, elevado a rango constitucional por su padre en la Carta Magna de 1993, cuyo texto debería ser inadmisible porque se redactó y sancionó en dictadura.

Esa ley suprema instauró un modelo en el que la economía crece a tasas envidiables en el papel, pero ese crecimiento nominal no se traduce en bienestar social, disminución de la pobreza, reducción de la desigualdad ni modernización de la infraestructura, porque toda la riqueza proviene de recursos naturales extraídos de forma insostenible y cuyas rentas son acaparadas por la oligarquía local y corporaciones extranjeras. El embate contra las comunidades indígenas y el despojo territorial son la otra cara de este sistema y la razón por la cual el fujimorismo es rechazado de manera abrumadora en la mayoría de las zonas rurales.

Más allá de Perú, el regreso de la dinastía Fujimori cierra el cerco de la ultraderecha sobre América Latina y confirma que la región atraviesa un ciclo en el que el populismo punitivo, la glorificación de la violencia de Estado, el individualismo y la demonización de la solidaridad son los principales imanes del voto en sociedades exhaustas por la inseguridad e incapaces de formular respuestas colectivas a la exclusión y la desigualdad.