La proclamación de los resultados electorales referidos a la contienda del 7 de junio, registrada el pasado viernes, cierra un periodo de la vida política del país. Para el Perú formal, se acaba una etapa y empieza otra. Y en ella, el deber de “los patriotas” es cerrar filas en torno a Keiko Fujimori porque ella fue “la presidenta que ganó la elección”.

Se trata, por cierto, de una afirmación que buscará instalarse como una verdad universal, cuando en realidad, las verdades universales que manejan los peruanos son otras.

La primera verdad universal es que hubo trampa en las elecciones del 2026.  No se necesita hablar de “fraude” porque ese es un término desgastado. Decimos trampa, porque ese concepto responde a una estrategia de mayor cuantía y de más alto nivel, y que asoma a través de diversas modalidades,

La inicial se expresó en la singular captura de todos los órganos de Poder por parte de la mafia gobernante.  Desde la construcción de una “mayoría” corrupta en el Congreso de la República hasta la captura de todos los órganos de conducción del Estado, como la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Cúpula Castrense, la “Prensa Grande”, el Empresariado y hasta la Defensoría del Pueblo, cayeron una a una en manos de un mismo núcleo de Poder.

Y el hecho se fue procesando gracias a la “alianza” de fuerzas efímeras y casuales; y contó con la vergonzosa adición de “Perú Libre”,  la creación de Vladimir Cerrón. Así se completó la “mayoría” oficial que hizo de las suyas sobre todo a partir de diciembre del 2022.

El control de todo el andamiaje legal no fue suficiente. Debió añadirse un conjunto de acciones destinado a debilitar a la oposición, pero también a dominar la estructura electoral y manejarla a su antojo.

En ese empeño, suspendieron los derechos políticos de unos y encarcelaron a otros; pero, además, destituyeron a funcionarios y obligaron a renunciar a los que no les hicieron el juego, en el empeño de debilitar la presencia de sus críticos y quebrar su capacidad operativa. Esa es una segunda verdad universal que nadie puede negar.   

La tercera, no es tampoco nueva. Se viene aplicando desde hace más de dos décadas, pero esta vez se mostró realmente fulgurante. Se refiere al nivel de representación que alcanzó la persona que ocupó el primer lugar en la votación. Para entender el caso, hay que bajar a tierra:  Keiko Fujimori obtuvo en la primera vuelta electoral -el 12 de abril-  el 10 por ciento de los votos.

Ese porcentaje se elevó artificialmente a 17 por ciento cuando recibió -añadidos- los votos nulos y viciados que se consideran “válidamente emitidos”. Elevó su porcentaje, pero el número de votos fue el mismo:  el 10 por ciento de los sufragios.

Con ese porcentaje a Keiko debió corresponderle el 10 por ciento de la representación parlamentaria: en un Senado de 60 miembros, debió obtener seis Senadores. Y en una Cámara de Diputados de 130, 13 parlamentarios.

Ocurrió sin embargo que, en lugar de 6 Senadores, le asignaron 22. Y en vez de 13 diputados, le reconocieron 41,  ¿Cómo sucedió eso? Bueno, fue una simple “interpretación de la ley”. Le sumaron también allí los votos nulos y viciados y eso la favoreció en tal extremo.

Esa verdad, entonces, es monda y lironda:  Keiko Fujimori tiene una representación parlamentaria que no le corresponde y que nunca obtuvo. Simplemente se la regalaron.

La cuarta, es también fácilmente comprobable. Keiko Fujimori perdió la elección en el Perú, pero será la nueva presidenta del Perú.  Aquí, quien ganó -es decir, Roberto Sánchez- obtuvo nueve millones 60 mil 22 votos, el 50,088 por ciento de los sufragios. Y Keiko alcanzo nueve millones 28 mil ocho, el 49, 912 por ciento de los votos.  Esa es una verdad universal que nadie podrá desconocer.

Keiko, que perdió la votación en el Perú, “volteó” esa realidad con los votos obtenidos en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos. Un hecho insólito, pero también inédito, que abrió una suerte de Caja de Pandora.  Nunca había ocurrido.

¿Cómo fue posible esto?: mediante un artificio simple: no se efectuó la digitalización de los votos cuando estos fueron computados, es decir, cuando el escrutinio se cerró en mesa, como estaba normado de acuerdo con la ley.

Para posibilitar eso, las autoridades electorales resolvieron “cambiar la norma” y dispusieron que, entre la primera y la segunda vuelta, eso fuera posible. ¿Puede un cambio reglamentario modificar una ley? ¿Puede disponerse un cambio así en la parte final de un Proceso Electoral?

Podrán las autoridades proporcionar múltiples explicaciones, pero lo que quedará claro y se convertirá en la cuarta verdad universal, es que al no digitalizarse los votos una vez obtenidos, entre el traslado de las actas y su computo en Lima -con varios días de trasiego- se perdió la seguridad y el secreto del sufragio.

Por lo demás, rota la línea de garantía y con las actas abiertas a terceras personas -los trabajadores del Servicio Consular-, cualquier cambio pudo haberse producido En todo caso, se perdió en absoluto la garantía elemental de una consulta electoral.

Una quinta verdad tiene que ver con la presencia de elementos foráneos en el desarrollo del proceso electoral. No se trata de los veedores extranjeros formalmente acreditados, sino de un diplomático extranjero -el único- que tuvo acceso directo y conexión permanente con los órganos electorales durante todo el proceso.

Fue, en efecto, el embajador de los Estados Unidos -Mr, Bernie Navarro- el único embajador acreditado ante el gobierno peruano, que se entrevistó en diversas ocasiones con los funcionarios del Poder Electoral y que tuvo acceso a todos los procedimientos en marcha. Ningún otro miembro de ese servicio gozó de tales privilegios.

Cinco verdades universales que todos deben conocer y sustentar para sustraerse de la disyuntiva falsa en la que nos quiere colocar la prensa vendida, No se trata de “reconocer”, o no,  la elección registrada. Se trata de afirmar que ella no representa la voluntad ciudadana porque fue ostentosamente manipulada para proporcionar un resultado contrario a la opinión de nuestro pueblo.

Más allá de cualquier artificio, entonces, Keiko Fujimori no simboliza la legalidad ni encarna la democracia.