David Brouillette, el agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) quien asesinó a un colombiano en Maine el 12 de julio, es un veterano del ejército estadunidense que lidia con graves problemas de salud mental desde su infancia y que nunca debió haber recibido una placa y un arma para patrullar las calles de ese país, según declararon varios de sus familiares cercanos. Ashley Brouillette, su exesposa, aseguró que arrastra un largo historial de problemas siquiátricos, por lo que ni siquiera le creyó cuando le dijo que había sido contratado por ICE. De acuerdo con su testimonio, David Brouillette la agredió físicamente mientras estaba embarazada. Asimismo, existen múltiples registros judiciales donde otra excónyuge (a quien no se identifica por temor a represalias) denuncia años de abuso físico y verbal contra ella y sus hijas.

Estos antecedentes debieron haberlo descartado automáticamente para cualquier empleo que conlleve la portación de un arma, por lo que el asesinato de Joan Sebastian Guerrero puso al descubierto cuánto se han deteriorado los estándares de contratación, las capacitaciones y las habilidades de los agentes de ICE con tal de cubrir las cuotas de arrestos impuestas por el presidente Donald Trump. Desde el inicio del gobierno republicano, el periodo de entrenamiento de los funcionarios encargados de perseguir migrantes pasó de alrededor de 100 a sólo 42 días, a fin de incrementar rápidamente el número de reclutas. Además, se implementó un agresivo programa de incentivos que incluye hasta 50 mil dólares por ingresar a la corporación, la eliminación del requisito de contar con un título universitario y la baja de la edad mínima a sólo 18 años.

La Casa Blanca negó que poner en las calles a agentes armados con una capacitación mínima representara un riesgo, pero la realidad la ha desmentido de manera contundente. De acuerdo con el informe Muriendo en detención: el aumento de muertes en un sistema de detención migratoria en expansión de Estados Unidos, elaborado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, entre enero de 2025 y enero de 2026, la población detenida por el ICE aumentó 77 por ciento, mientras que el número de muertes anuales se triplicó, lo que se tradujo en un incremento de 138 por ciento en la tasa de mortalidad anualizada. Menos de una semana antes del asesinato de Guerrero, otro uniformado mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, y resulta significativo que ninguna de las víctimas era el objetivo de órdenes de captura de ICE. Es decir, la agencia policial mejor financiada y de mayor crecimiento de Estados Unidos está matando a personas que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino.

En un gesto inusual de contención, tras los tiroteos ICE, anunció la suspensión parcial de los controles de tránsito relacionados con la ofensiva migratoria, pero la sensatez no duró ni siquiera 24 horas: Trump ordenó reiniciar los cateos arbitrarios alegando que “no podemos renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE: ¡los controles de tráfico!”. Lo cierto es que en estos momentos parece mucho más probable que los elementos de esa corporación cometan un crimen que lo combatan, y el caso de David Brouillette obliga a preguntar qué porcentaje de sus agentes debería estar tras las rejas o recibir atención siquiátrica en vez de gozar de una licencia para cazar seres humanos.