Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la llamada “guerra contra el terror”, un concepto deliberadamente amplio y manipulable, siendo mucho más que un capítulo de la historia reciente de Estados Unidos.

Se convirtió en una arquitectura política, jurídica y militar que permitió ampliar los poderes presidenciales, normalizar la intervención exterior y convertir la excepción en una forma permanente de gobierno para que Washington interviniera prácticamente en cualquier lugar del planeta. 

La secuencia documental es muy clara. El 20 de septiembre de 2001, nueve días después de los atentados, George W. Bush afirmó ante el Congreso: "O están con nosotros o están con los terroristas". Y añadió que cualquier Gobierno que protegiera o apoyara a terroristas sería considerado por Estados Unidos "un régimen hostil". 

Después, el Congreso estadounidense aprobó la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), una norma de alcance tan amplio que terminó siendo utilizada por sucesivas administraciones para justificar operaciones militares en una larga lista de países.  

Y con un cheque en blanco para perseguir, el enemigo también se fue expandiendo. La “guerra contra el terrorismo” terminó fusionándose con la guerra contra las drogas. El concepto de “narcoterrorismo” permitió incorporar al narcotráfico, las organizaciones criminales y posteriormente incluso a gobiernos enteros dentro de una misma lógica de seguridad nacional.

Colombia fue uno de los primeros grandes laboratorios de esta combinación. Bajo el argumento de combatir simultáneamente las drogas y el terrorismo, Washington profundizó su presencia militar y política en la región. 

La fórmula ha demostrado ser extraordinariamente flexible: allí donde antes estaba el terrorista, ahora puede estar el narcotraficante; donde estaba el narcotraficante, un supuesto narcoestado; y donde existe un “narcoestado”, la amenaza de una intervención deja de parecer excepcional. 

Venezuela representa hoy el ejemplo más reciente de esta evolución. Durante años, Washington justificó su política contra el Gobierno de Nicolás Maduro mediante acusaciones de ilegitimidad, corrupción y violaciones de derechos humanos.

Después llegó el lenguaje del narcoterrorismo. En 2020, el Departamento de Justicia acusó sin pruebas a Maduro y a altos funcionarios venezolanos de narcoterrorismo. Posteriormente, Estados Unidos incorporó al llamado Cartel de los Soles a su arquitectura de organizaciones terroristas y utilizó esa narrativa para profundizar la presión política y económica que pavimentó el camino de las sanciones a la acción militar.

En 2026, fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y secuestraron al presidente venezolano en una operación que aunque fue presentada por Washington como parte de su lucha contra el narcoterrorismo, en los hechos ha sido imposible de sostener. 

La secuencia muestra hasta dónde puede llegar una categoría que nació para perseguir a los responsables del 11-S y que, dos décadas después, puede utilizarse para justificar acciones contra un Estado soberano.  

Lo que está en juego es quién define al enemigo y, sobre todo, quién adquiere el derecho de actuar contra él. Primero fue el terrorismo. Después, quienes lo apoyaban o financiaban. Luego las amenazas potenciales.

Más tarde, el narcotráfico y el crimen organizado. La categoría se fue ampliando hasta permitir que fenómenos diferentes fueran incorporados a una misma lógica de seguridad y excepcionalidad. 

Con el 11-S no se inventó el intervencionismo estadounidense. Washington ya tenía una larga historia de golpes, invasiones, operaciones encubiertas y presiones económicas en América Latina y otras regiones. Lo que cambió después de 2001 fue la arquitectura que permitió presentar esa intervención bajo un nuevo paraguas jurídico y discursivo. 

La guerra podía ser permanente porque el enemigo también podía serlo. Y esa es quizá la herencia más palpable del 11-S. La amenaza nunca desaparece del todo porque puede cambiar de nombre. Terrorista, narco, migrante, Estado hostil: distintas figuras pueden ocupar sucesivamente el lugar del enemigo que justifica la ampliación del poder. 

25 años después, el 11S no consolidó la política exterior de Estados Unidos: y su doctrina de guerra perpetua. Bajo su amparo, Washington extendió su mano dura en el mundo y exportó un modelo de securitización y represión en el que siempre impone su enemigo: el terrorista, el narco, el migrante. La “guerra contra el terrorismo” se convirtió en un paraguas que cobija todas las guerras necesarias para sostener la hegemonía estadounidense.