A estas horas, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentra en Caracas para reconstruir las relaciones con Venezuela, golpeada al expresar su apoyo al viejito de la CIA, Edmundo González, y su principal sostén María Corina Machado, en la trama presidencial falseada para apoyar los planes golpistas contra el hoy secuestrado por Washington, el mandatario Nicolás Maduro.

Realmente a Peña se le ve poco cuando está en Paraguay, teniendo de muleta a muy avezados amigos, que se quedan cuidando el negocio de la Presidencia cuando viaja a Estados Unidos e "Israel", sus destinos favoritos, destacando su postura sumisa en el respaldo al bloqueo norteamericano contra Cuba y el genocidio en Gaza.

Sus críticos reflejan el sentir popular, cuando se quejan de tanta desidia para el pueblo, mientras enriquece a sus amigos; o cuando denuncian que “el país se cae a pedazos. Nunca un gobierno fue tan corrupto como el tuyo. Sos un ladrón y un sinvergüenza… últimos en educación, últimos en salud, pero primeros en corrupción y crimen organizado”,

Y es que, bajo el mandato de Peña, Paraguay se ha convertido en el segundo país más corrupto de Sudamérica, según el Índice de Percepción de la Corrupción. Ocupa el cuarto lugar mundial en criminalidad organizada. La corrupción es un fenómeno que afecta diversas instituciones y niveles del gobierno, la administración pública y el sector privado.

A lo largo de las últimas décadas, ha sido un tema recurrente en la política y la sociedad paraguayas, que ha sido objeto de investigaciones tanto a nivel nacional como internacional. La corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo y la gobernabilidad del país.

La corrupción en Paraguay tiene raíces profundas en la historia política del país, exacerbadas por la falta de transparencia, el clientelismo y el control sobre las instituciones del Estado. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), la corrupción fue institucionalizada como parte del régimen, donde se establecieron redes de favores entre funcionarios públicos y empresarios ligados al poder.

Después de la caída de Stroessner y el retorno a la seudodemocracia, la corrupción siguió siendo una constante en la política paraguaya, con altos niveles de impunidad y la persistencia de prácticas corruptas en diversas áreas del gobierno.

Manifestacioes

La corrupción en Paraguay se manifiesta en diversas formas, siendo los sobornos una de las más visibles, en los cuales los funcionarios públicos exigen pagos ilegales a cambio de favores o servicios. Se observa el desvío de fondos públicos, donde los recursos destinados a proyectos y programas sociales son mal administrados o sustraídos por agentes públicos. A esto se suma el nepotismo y el clientelismo, prácticas que favorecen a familiares y aliados políticos con cargos o contratos dentro de la administración pública, distorsionando el acceso equitativo a oportunidades.

A su vez, el lavado de dinero se presenta como un mecanismo mediante el cual se ocultan fondos de origen ilícito utilizando empresas o paraísos fiscales. A estas formas de corrupción se pueden agregar otras prácticas igualmente perjudiciales, como el abuso de poder, la manipulación de procesos judiciales y el tráfico de influencias, que contribuyen al mantenimiento de redes de poder que favorecen intereses particulares en detrimento del bien común.

En la historia reciente de Paraguay, han surgido varios casos de corrupción que han sido cubiertos por los medios internacionales. La Operación Berilo, en el 2017, desmanteló una red de sobornos y lavado de dinero que involucraba a funcionarios públicos y empresarios de la construcción. Los funcionarios responsables de adjudicar contratos públicos recibían sobornos a cambio de asegurar la asignación de obras.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ha estado involucrada en casos de corrupción relacionados con exfuncionarios acusados de desvíos de fondos y enriquecimiento ilícito. En el 2018, Óscar Thomas, exdirector ejecutivo de la EBY, fue acusado de enriquecimiento ilícito relacionado con la construcción de una mansión en Misiones, Argentina, cuyos fondos se sospechaba que provenían de actividades corruptas.

En la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el 2024, Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso, y su pareja Ovidio Ramón Oviedo Brítez fueron imputados por apropiación indebida de indemnizaciones destinadas a familias de trabajadores fallecidos de la ANDE, desviando 725 millones de guaraníes que debían ser entregados a las familias afectadas. En el 2025, la ANDE intervino en varios suministros de media tensión en Ciudad del Este, detectando irregularidades como conexiones directas y medidores adulterados.

El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, ha sido implicado en diversas investigaciones por corrupción y lavado de dinero. Las sanciones afectaron a varias de sus empresas, acusándolo de usar su influencia para beneficiar su conglomerado empresarial y desviar fondos públicos.

Respuestas

Las medidas del presidente Nicanor Duarte Frutos para combatir la corrupción durante su administración, –del 2003 al 2008–, incluyeron el aumento de las penas por evasión fiscal y otras medidas para incrementar los ingresos fiscales, un mayor control del gasto público y una represión al comercio de contrabando y bienes falsificados. También destituyó a miembros de la Corte Suprema de Justicia después de que surgieran acusaciones de corrupción en su contra.

Se han promulgado leyes para endurecer las penas contra la corrupción y establecer mecanismos de control más estrictos en el sector público. Por ejemplo, la ley 5282/2014 garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y promueve la transparencia gubernamental. Se han implementado políticas para aumentar la transparencia, como la creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite a los ciudadanos acceder a información sobre la gestión pública. El Portal Unificado de Acceso a la Información Pública facilita el acceso a datos gubernamentales.

Paraguay ha ratificado tratados y acuerdos internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que busca fortalecer la cooperación en la lucha contra la corrupción. La ley 977/1996 aprueba esta convención, comprometiendo al país a implementar medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar esos actos, pero el liderazgo político no ha sido consecuente al respecto.

Por eso no tiene nada de extraño que la actual gobernanza permanezca inmutable ante el impacto negativo que tiene la corrupción en el desarrollo económico y social del país.

Desvía recursos que podrían haberse invertido en infraestructura, salud y educación, perpetuando la desigualdad y limitando las oportunidades para muchos paraguayos. Además, la corrupción debilita la confianza en las instituciones gubernamentales y fomenta la desafección de la ciudadanía hacia el sistema político.

Según diversas encuestas realizadas por organizaciones internacionales como Transparency International, la percepción de la corrupción en Paraguay es “alarmantemente alta. A menudo, los ciudadanos perciben que las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción no cumplen con su labor de manera efectiva”, comunica.

En fin, con Santiago Peña en el poder, Paraguay sigue profundamente hundido en las tinieblas de la corrupción, con escasos avances, nula voluntad política para el cambio y una ciudadanía cada vez más frustrada por la impunidad institucionalizada.