Uno de los rasgos de una dictadura es que se trata de un gobierno que no emana de la voluntad popular y define el destino del pueblo. Es -además- un poder que no está sometido a ningún tipo de control. El Poder Judicial federal argentino, al que nadie votó, ha arrogado para sí la última palabra sobre los temas centrales de la vida pública. Al mismo tiempo, ha intentado consolidar cada vez más su impunidad, limitando la capacidad de control de los otros poderes de la república sobre el aparto judicial. Por cierto, se supone que la república es eso, un sistema de control cruzado entre distintos poderes de gobierno. 

La decisión respecto del amparo contra artículo 154 del DNU 70, que detenía la derogación de la Ley de Tierras, es una muestra de que la Argentina transita por un sistema híbrido. Oscila entre la democracia y la dictadura judicial. Tres ministros de la Corte, como si fueran monarcas elegidos por Dios, se pusieron por encima del poder democrático con una decisión que intentaron disfrazar de “formal”. Voltearon la voluntad de la mayoría del pueblo argentino que está en contra de ese artículo del DNU. Esa voluntad se había expresado en las calles y en el Parlamento, donde hay dirigentes políticos que a diferencia de los cortesanos emanan de la voluntad del pueblo.

Dos de esos cortesanos, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aceptaron en 2016 ser nombrados por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri. Solo esa predisposición los descalifica para el puesto que ocupan. ¿Cómo puede haber ministros de la Corte que estuvieron dispuestos a llegar a sus cargos con un mecanismo que viola por completo la Constitución Nacional? 

Uno de los argumentos que circuló en los últimos días para defender la decisión de la Corte fue que no hay diferencia en que la tierra esté en manos de argentinos o extranjeros. El exdiputado radical Martín Tetaz, que está tratando de sumar puntos para volver al ruedo de la mano del mileísmo, dijo en el canal Gelatina que había una contradicción en defender que los extranjeros puedan utilizar los hospitales públicos, las universidades, pero no comprar tierras. El argumento es efectivo. Sin embargo, tiene puntos insalvablemente débiles. El primero es no reconocer que la tierra es un recurso estratégico. Es algo que sí entienden en Estados Unidos, el país modelo del mileísmo. Por eso el Comité de Inversiones Extranjeras (CIFUS son las siglas en inglés) tiene la última palabra y la facultad de revisar, bloquear o forzar la venta obligatoria de campos en manos de extranjeros, si considera que pueden afectar la seguridad nacional. Algunos ejemplos de lo que el CIFUS suele prohibir:  terrenos cercanos a instalaciones militares, a zonas de frontera, con reservorios de recursos como petróleo, minerales, agua.

Además, los estados cuentan con sus propias leyes. En Misuri, en el corazón agrícola de EE. UU., los extranjeros solo pueden comprar hasta el uno por ciento de la tierra cultivable. La producción alimentaria se considera estratégica y parte de la seguridad nacional. Misuri es un estado donde suele ganar la derecha. Su actual gobernador, Mike Kehoe, es del Partido Republicano. No son comunistas ni cucas.

Tetaz sostiene que da lo mismo quién sea el dueño de la tierra, que lo importante es que el Estado haga cumplir la ley. El diputado vive en un mundo paralelo en el que no hay potencias extranjeras que hacen lobby y presionan para defender los intereses de sus empresas. Parece que no escuchó al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, amenazando a los directivos de la cooperativa neuquina CALF por el acuerdo que hicieron con la empresa china Huawei. Parece que todavía no se anotició de que a principios de este año Donald Trump bombardeó Caracas y secuestró al presidente de Venezuela para imponer un acuerdo petrolero y que las empresas de su país se queden con la mayoría de las reservas de crudo venezolano.

Ese es el mundo real y no la fantasía infantil de que el Estado argentino puede imponer la ley a quien sea. Si las empresas de Estados Unidos compran tierras en las que hay recursos estratégicos, el gobierno de EE. UU. se encargará de utilizar todo su poder para que el Estado argentino no pueda aplicar ninguna ley que afecte esos intereses. Si a eso se le suma a una Corte que está al servicio de la embajada, la transformación de la Argentina en un protectorado, como es ahora Venezuela, se habrá consolidado.

Por eso es que no da lo mismo quién sea el dueño de la tierra. Sería igual si se tratara de empresas chinas, con la diferencia de que el poder de presión del Estado chino en Argentina es un poco menor al que tienen los norteamericanos. Y quienes tienen la fantasía de que eso traerá prosperidad deberían darse una vuelta por Puerto Rico, donde la pobreza infantil supera el 60 por ciento.

No hay colonia próspera. Y protectorado, tampoco.