Colombia: terrorismo y cinismo

La noche del 25 de septiembre de 1828 abrió de una vez y hasta hoy la puerta del terrorismo de Estado en Colombia. Un grupo de criminales, alentados por Francisco Santander, intentaron asesinar a Simón Bolívar, el hombre que había hecho realidad la independencia de América y trabajó incansablemente por su unidad.

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    Colombia: terrorismo y cinismo

A partir de entonces, la muerte, el crimen, el terrorismo, se instauraron en las formas de hacer política en Colombia, un país que desde su nacimiento no ha encontrado los caminos de la paz.

Muchas investigaciones corroboran la idea de que en Colombia la doctrina del enemigo interno, el enemigo del Estado (léase la oligarquía) tuvo un desarrollo precoz y endógeno, mucho antes de que fuera introducida por Estados Unidos en sus manuales antisubversivos, teoría que ha sido investigada y comprobada por una serie documental de Al Mayadeen-, titulada "Para la guerra, nada", y firmada por su director William Parra.

En 1928 se aprobó la Ley de Defensa Social, conocida como la Ley Heroica, una de las primeras normas que frenó cualquier amenaza al establishment. La prohibición de atentar contra la propiedad privada, la censura a publicaciones de organizaciones gremiales y la limitación al derecho a la huelga fueron algunos de los temas registrados en este cuerpo legal.

Fue precisamente esta ley la que estimuló y cubrió con un manto de impunidad la conocida matanza de las bananeras. Más de mil obreros fueron asesinados a mansalva por reclamar derechos laborales a la empresa estadounidense United Fruit Company. Sobre este horrendo hecho, Jorge Eliecer Gaitán, por entonces congresista y más tarde líder liberal y candidato presidencial, afirmó: “el suelo de Colombia fue teñido de sangre para complacer las arcas ambiciosas del oro americano”.

El propio Gaitán sería víctima, 20 años después, de la misma oligarquía colombiana al ser asesinado por su casi segura victoria electoral y el consecuente peligro que significaba su eventual presidencia.

El terrorismo de Estado, con el anticomunismo como sustento doctrinario, se acentuó como herramienta eficaz de los Conservadores, la jerarquía católica y las cúpulas liberales antigaitanistas para perpetuarse en el poder. Cualquier idea por fuera de los marcos más conservadores era estigmatizada y ahogada en el frenesí anticomunista.

Tras la muerte de Gaitán en 1948, el país entró en una ola de violencia política que costó la vida a más de 300 mil personas. Se desempolvaron viejos rencores y se ahondaron odios y venganzas. Comenzó entonces la proliferación de guerrillas liberales y comunistas en varios puntos del país.

Paralelamente, el Estado y sus fuerzas militares, controlados por los conservadores y liberales elitistas ampliaba su relación de subordinación con Estados Unidos, en un contexto en el que Washington consolidaba sus mecanismos de dominación regional mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El inicio y profundización de la “Guerra Fría” y la “cruzada anticomunista” promovida por Estados Unidos encontró en Colombia pasto seguro para la guerra. La participación de Colombia en el conflicto coreano, al lado de las tropas estadounidenses, constituye un símbolo de la alianza entre ambos países y una evidencia de la acelerada ideologización de las estructuras castrenses neogranadinas. 

El Batallón Colombia que combatió el comunismo en Asia, y que se formó en la lucha antisubversiva y contrainsurgente, fue el que disparó y asesinó a jóvenes bogotanos que protestaron por sus derechos en 1954.

Una nueva etapa de guerra y terrorismo

En 1962, cuando en diversas zonas de Colombia combatían pequeñas fuerzas guerrilleras comunistas, empujadas nuevamente a la lucha por las traiciones, asesinatos y ausencia de garantías, una misión militar estadounidense encabezada por el general William Yorborough dejó varias recomendaciones a las fuerzas militares colombianas de cara a la lucha contrainsurgente.

El informe del militar norteamericano propuso, entre otros elementos, la creación de grupos paramilitares para “ejecutar actividades de sabotaje y/o terroristas contra conocidos partidarios del comunismo”. La recomendación fue asumida e implementada. El Decreto Legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en Ley 48 de 1968, estableció el marco jurídico necesario para la conformación de “grupos de autodefensa”, en esencia paramilitares, bajo el control de las fuerzas militares. Se avanzaba así en la institucionalización y modernización de viejas prácticas ya ensayadas de forma “natural” por los grupos de poder colombianos.

A los elementos de carácter histórico-cultural de una sociedad que no ha conocido la paz y con una larga lista de guerras fratricidas y hechos de violencia horrendos, se sumaban ahora los “modernos” manuales de contrainsurgencia de países como Francia y Estados Unidos y los cursos de instrucción de la Escuela de las Américas, por donde han pasado miles de oficiales colombianos. 

En los años 80, tras un proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se creó el partido Unión Patriótica, cuyas bases políticas estaban conformadas por desmovilizados de esa guerrilla, y civiles comunistas, progresistas y demócratas.

La nueva organización pronto demostró su capacidad política y movilizativa, convirtiéndose en la tercera fuerza del país, con resultados electorales locales y nacionales relevantes. Pero el sistema no podía aceptar un desafío de esa magnitud. Desde 1984 hasta el 2002 ese partido fue objeto de un sistemático exterminio, reconocido muchos años después como “genocidio político” por el propio Estado colombiano.

Más de 6 mil víctimas, de ellos más de 3 mil asesinados y desaparecidos, incluyendo sus principales líderes y dos candidatos presidenciales, fue el saldo de una clara operación de terrorismo de Estado, pues ha sido demostrada la complicidad y la actuación de estructuras e instituciones estatales en combinación con las fuerzas paramilitares organizadas, financiadas y alentadas por la oligarquía colombiana. Recientemente se demostró la colaboración de agentes de inteligencia israelíes con el gobierno para ejecutar esta matanza.

Por si esto fuera poco, en los años 90 un nuevo estímulo a la proliferación de estructuras paramilitares vino con la aprobación de las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia Rural (Convivir), las que rápidamente se pusieron al servicio de la lucha contrainsurgente y del narcotráfico, en clara complicidad operativa con los servicios de inteligencia y las fuerzas militares colombianas. Las Convivir tuvieron un importante auge en el departamento de Antioquia, justamente cuando, Álvaro Uribe, se desempeñaba como gobernador.

Pero la “izquierda radical” no fue la única víctima del terrorismo de Estado en Colombia. Personajes de la política nacional colombiana como los líderes liberales Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, con un discurso progresista; o los periodistas Guillermo Cano o Jaime Garzón, agudos en la crítica al orden de cosas existentes, también fueron asesinados en extrañas circunstancias por esta amalgama criminal conformada por el paramilitarismo, el narcotráfico, las estructuras ideologizadas del Estado y los asesores estadounidenses.

El siglo XXI

Tras los sucesos de las Torres Gemelas, se da un regreso a las políticas que tenían como centro la seguridad nacional. El terrorismo se convirtió de la noche a la mañana en el enemigo número uno de las “democracias” occidentales. 

Con este pretexto, y ante la preocupación de Washington por el auge de las guerrillas y la debilidad del Estado colombiano para enfrentarlas, Estados Unidos decide intervenir de manera directa en el conflicto interno colombiano y evitar un descalabro de la “democracia” en este país.

Asimismo, el fracaso de las negociaciones entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de FARC; el hastío de una parte considerable de la población por los estragos de una guerra desnaturalizada; el incremento de la violencia asociada al conflicto armado interno y al narcotráfico; y el interés de EE.UU. de frenar la influencia de la Revolución Bolivariana, fueron otros factores que incidieron en la decisión y además facilitaron la victoria electoral de Álvaro Uribe Vélez.

Uribe desarrolló su concepto de “seguridad democrática”, afincado en el Plan Colombia desarrollado por Estados Unidos desde el año 2000, que tuvo como blanco principal a las insurgencias y supuestamente también al narcotráfico.

El Plan Colombia resultó efectivo en golpear a las guerrillas y en modernizar a las fuerzas militares de Colombia. La presencia militar y de inteligencia de Estados Unidos durante los dos gobiernos de Uribe alcanzó niveles nunca vistos, sin embargo, el narcotráfico no recibió golpes considerables.

El éxtasis frete a los éxitos contrainsurgentes abrieron el camino para nuevas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad propiciados por el Estado colombiano. La directiva 029 del 2005 del Ministerio de Defensa establecía distintos tipos de recompensa a los efectivos y mandos de las fuerzas militares y de policía por la captura o abatimiento de miembros de las guerrillas.

En unas estructuras castrenses ideologizadas y fanáticas, formadas en las peores técnicas de lucha contrainsurgente, y en un país fragmentado por el odio y la guerra, esta directiva generó una serie de asesinatos de jóvenes arrestados y/o engañados, a quienes hicieron pasar por rebeldes en armas con el fin de presentar resultados operacionales y disfrutar de las recompensas.

Según organismos de derechos humanos, el caso conocido como los “falsos positivos”, dejó un saldo de más de 2 mil jóvenes colombianos asesinados por las fuerzas del orden.

El gobierno de Juan Manuel Santos apostó a la desmovilización de FARC mediante un acuerdo de paz negociado en La Habana. Esta guerrilla, golpeada militarmente y con sus principales cuadros muertos o asesinados por las fuerzas militares en coordinación directa con los militares estadounidenses destacados en Colombia, tuvo que aceptar un Acuerdo que en cierta forma abría espacios a la lucha democrática y política.

Más allá de los incumplimientos estatales, los guerrilleros cumplieron su parte. Sin embargo, con el arribo del gobierno uribista de Iván Duque la perfidia y la simulación se han convertido en la marca del ejecutivo en su afán de destruir esos acuerdos de paz.

Aunque la correlación de fuerzas le ha impedido avanzar más en sus planes contra la paz, el actual gobierno colombiano ha regresado al viejo discurso de la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y el enemigo interno. 

La expresión práctica de estas políticas son los incumplimientos del Acuerdo de Paz, las masacres; los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de FARC; el desplazamiento forzado de campesinos; la proliferación de amenazas y atentados terroristas contra líderes de la oposición; y el asedio a comunidades afrocolombianas e indígenas; sin que se avizore en el corto plazo una acción firme del gobierno y las fuerzas del orden para poner fin a estas situaciones.

Las denuncias realizadas por varios congresistas sobre los crímenes cometidos por las fuerzas militares en los años de gobierno de Duque (asesinatos de campesinos, de niños, violaciones de menores y asesinatos de excombatientes de FARC, entre otros) son evidencias concretas de la naturaleza de esas estructuras castrenses, entrenadas en una lógica contrainsurgente que desprecia la vida y los derechos humanos. Estamos frente a la añeja complicidad que aún persiste entre la oligarquía colombiana, su gobierno, las fuerzas militares, los grupos herederos del paramilitarismo y las bandas narcotraficantes.

Solo en el 2020, Colombia regresó a la oscura noche de las masacres y asesinatos con más de 90 hechos de este tipo y el saldo de 375 víctimas. Paralelamente, 310 líderes sociales, defensores del medio ambiente, los derechos humanos, la restitución de tierra o la sustitución de cultivos, fueron asesinados por estructuras que se oponen, como el gobierno, al desarrollo de políticas en estas áreas. En el caso de excombatientes de la exguerrilla de FARC, solo en el año que culminó fueron asesinados 64 firmantes del Acuerdo.

Cuando el presidente Iván Duque se para frente a los micrófonos y las cámaras del país a hablar de compromiso con los derechos humanos, estamos frente a la imagen más nítida de un Estado y una oligarquía cínicos que han hecho del terrorismo de Estado su principal herramienta para perpetuarse en el poder.

Beirut, 17 de enero de 2021

Las ideas y opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Al Mayadeen
Wafica Ibrahim

Asesora de Al Mayadeen y Especialista de América Latina.

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