Después de los numerosos pasos en el sentido correcto dados en el segundo mandato de Barack Obama -con el fin de establecer relaciones entre las dos naciones a pesar de las diferencias políticas e ideológicas-, la administración Trump desbarató todo lo andado y crispó las relaciones al nivel máximo posible.

Desde junio de 2017, en que firmó una Directiva Presidencial para Cuba, ante un enervado auditorio en Miami colmada de políticas anticubanas, mercenarios de Playa Girón y asalariados de la industria anticubana en EE.UU., el presidente Donald Trump aplicó 240 medidas punitivas contra Cuba; a razón de más de una por semana.

El multimillonario neoyorquino, pero con asiento legal en Florida, se lanzó con fiereza a la yugular de la nación caribeña para intentar doblegar al gobierno cubano. Prohibió los viajes de los ciudadanos estadounidenses, limitó drásticamente el monto de las remesas de dinero que cubanos asentados en aquel país podían enviar a Cuba y obligó a cerrar las oficinas de la Western Union en todo el archipiélago cubano, persiguió con saña las transacciones financieras cubanas y estableció una cacería para evitar la llegada de combustibles, obstaculizó todo lo que pudo la inversión extranjera en suelo cubano y hasta obligó a Marriot a retirarse de la administración bajo la marca Sheraton de un hotel en La Habana (único que una compañía estadounidense tenía en Cuba).

Fueron también saboteados los intercambios educacionales, culturales, deportivos y científicos entre los dos países.

Las más aberrantes decisiones contra Cuba de Trump y su equipo fueron: una, la habilitación total del Título III de la llamada Ley Helms-Burton (que ninguna otra administración se había atrevido a poner en vigor), para propiciar inéditos e inauditos procesos judiciales contra cualquier compañía que hay invertido o utilice instalaciones o terrenos nacionalizados por la Revolución Cubana –aunque sus propietarios en el momento de la medida no fueran ciudadanos estadounidenses; y la otra, en los días finales de la administración, la inclusión nuevamente de Cuba en la particular Lista de Gobiernos que apoyan el Terrorismo, un paso duramente criticado por diversos sectores estadounidenses y de la comunidad internacional. 

Como se ve, será trabajosa la revisión por la administración Biden. Trump, Pompeo, Claver-Carone y otros personeros del gobierno saliente, con el apoyo entusiasta de Marco Rubio y otros congresistas anticubanos, tejieron una tupida urdimbre de medidas que fueran difíciles de desatar y que limitaran todo lo posible los declarados propósitos de cambio, desde su campaña electoral, del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Tal voluntad ha sido ratificada ahora, pero se enfrentará a no pocos obstáculos: desde algunos inconvenientes legales hasta la oposición activa de las fuerzas anticubanas en el Congreso, pasando por algunas pretensiones de establecer un proceso de toma y daca en el desmontaje de las medidas, lo que enrarecería una relación asimétrica, donde Cuba ni bloquea, ni agrede, ni financia fuerzas opositoras, ni tiene una base militar en el país del Norte, ni coloca a EE.UU. en listas espurias y manipuladas.

Pero si Trump a base de decretos y resoluciones armó su aberrante ofensiva anticubana en apenas 3 años y medio, la administración Biden puede hacer lo mismo en sentido contrario (aunque no sea Cuba su prioridad en estos tiempos de pandemia y crisis económica) 

Lo sucedido entre 2014 y 2016, con la adopción de acuerdos bilaterales en una veintena de áreas como medio ambiente, la salud, las ciencias, la justicia, el deporte, la cultura, la educación y otros, en beneficio de ambas naciones, muestran un camino positivo posible, aun en medios de las diferencias. No pocos miembros de la actual administración lo saben.