Constituido a partir de la experiencia del Tribunal Internacional sobre crímenes de Guerra constituido en 1966 por Bertrand Russel y Jean Paul Sartre, para juzgar los crímenes cometidos por los Estados Unidos contra Vietnam, este Tribunal nace en 1979 fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (1976) [i]que establece que todos los Pueblos tienen derecho a la existencia, la autodeterminación política, la soberanía económica, a preservar y desarrollar su cultura y proteger su medio ambiente, entre otros derechos.

Más que un tribunal de opinión, el TPP ha fomentado la investigación multidisciplinar y la denuncia mundial de las violaciones de los derechos de los Pueblos a lo largo de sus hasta ahora cuarenta y ocho sesiones, en las que ha juzgado los crímenes cometidos contra el Pueblo Saharaui, contra el pueblo argentino en la dictadura, así como la injerencia estadounidense en Nicaragua, los crímenes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Unión Europea, las empresas agroquímicas trasnacionales, etc. Siendo su última sesión Derechos Humanos, Fracking y Cambio Climático realizada mayo de 2018. 

Aunque sus resultados son de gran impacto político, no son coercitivos ni obligantes, pero el presidente del TPP, Philippe Texier ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia asegura que en éste se respeta el debido proceso, especialmente el derecho a la defensa y sus sentencias son jurídicamente muy sólidas por lo que se convierten en herramientas para otras instancias[ii]. 

Precisamente, fiel a su tradición de no dialogar ni asumir sus responsabilidades, y a pesar de la petición formal de concurrir que le realizara una veintena de congresistas del país[iii], el Estado colombiano no concurrió a estas sesiones por lo que le fue asignado un defensor de oficio quien realizó un extenso alegato.

Durante tres sesiones desarrolladas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín,  el Secretario General del Tribunal, Gianni Tognoni, y trece jueces y juezas de diversas nacionalidades escucharon las denuncias. A ellas concurrieron voceros y voceras de distintos sectores sociales que han sido y continúan siendo víctimas del genocidio, los crímenes contra la Paz y su impunidad.

El profesor, historiador y economista Renán Vega Cantor, intelectual colombiano que ha publicado más de una decena de libros relacionados con el tema, concurrió para denunciar que el Estado colombiano y las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.) se caracterizan por un anticomunismo que justifica “una contrainsurgencia laboral que concibe cualquier huelga o protesta de los trabajadores como una acción subversiva”. Recordando la “Masacre de las Bananeras” en la que fueron asesinadas por las FF.MM. más de mil personas para defender los intereses de la United Fruit Company en 1928, afirmó que “existe un nexo directo entre los capitalistas dueños de las empresas y el estado colombiano que se convierte en defensor incondicional de esos intereses particulares por encima de las reivindicaciones laborales por justas que sean” llegando hasta lo que calificó como un genocidio laboral y un “sindicalicidio” en el que agregó, “Colombia ocupa un indiscutido primer lugar”. 

Los informes y dramáticos relatos que sustanciaron la demanda, fueron presentados por voceros y voceras del campesinado, pueblos indígenas, pueblos negros, sindicalistas, estudiantes, docentes, militantes de partidos y movimientos sociales que han sido sometidos a exterminio como la Unión Patriótica, el M-19, el Partido Comunista de Colombia, la JUCO, A Luchar, UNO, ex combatientes firmantes del acuerdo de Paz del 2016.

También se presentó como denunciante Gloria Gaitán, hija del histórico líder colombiano, Jorge Eliecer Gaitán, asesinato en abril de 1948 y cuyo asesinato continúa impune. Gaitán solicitó al tribunal añadir a la lista de crímenes imputados al Estado colombiano, el de “Memoricidio” del movimiento gaitanista explicando que “el objetivo del memoricidio es el pueblo como un todo, para impedir que vuevla a poner en peligro el poder omnímodo de la clase excluyente y dominante”.

En el alegato de clausura, la Fiscalía dijo ante el tribunal que “Durante tres días hemos escuchado elocuentes y contundentes testimonios que configuran la historia de la represión en Colombia y que demuestran con suficiencia la eliminación del contrario, del otro, del que no comparte el modelo social, político y económico imperante en nuestro país, como una práctica sistemática que pretende eliminar cualquier forma de disidencia que ponga en peligro la hegemonía de las élites.” Y solicitó “que sea declarada la responsabilidad del Estado de Colombia por el genocidio sistemático, continuado y extendido que ha pretendido -y logrado en muchas ocasiones- la destrucción total o parcial de grupos nacionales con el propósito de impedir que su concepción del mundo, del Estado y de la sociedad, de las relaciones políticas, sociales y económicas contrarias al modelo hegemónico, tenga un espacio en nuestro país.”

El jurado tendrá ahora hasta el mes de mayo para emitir su veredicto en este caso. 

En Colombia se está perpetrando un genocidio contra líderes y lideresas sociales para imponer los intereses de las transnacionales, el latifundio, el narcotráfico, la minería ilegal y, sobre todo, para impedir que las comunidades ejerzan el poder en sus propios territorios. Pero esto no sucede hace cinco años, sino hace ya más de un siglo. 

La importancia de esta iniciativa radica en la visibilización de este crimen contra el Pueblo colombiano que es la primera víctima del hecho de que Colombia se haya convertido en el mayor enclave militar de los Estados Unidos en América Latina y en consecuencia, en la cabeza de playa para el relanzamiento de la Doctrina Monroe sobre la región. 

Por eso, la segunda víctima de ese hecho es Venezuela que comparte 2.219 km. De frontera con Colombia y cuya Revolución se ha convertido en enemigo prioritario del imperialismo en lo que considera “sus predios”. Muestra de ello son los graves sucesos ocurridos en el estado fronterizo de Apure que aún se encuentran en desarrollo. 

Así que finalmente, todos los Pueblos de Nuestra América son víctimas del genocida Estado colombiano y su disposición a convertirse en el ariete de los Estados Unidos, ese y no otro es el papel del primer socio global de la OTAN en Nuestra América.

[i] http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2015/01/CARTA-DE-ARGEL-ES.pdf
[ii] http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/244/2441018005/html/index.html
[iii] https://www.elespectador.com/noticias/politica/oposicion-pide-al-gobierno-asistir-a-sesion-del-tribunal-permanente-de-los-pueblos/