Después del triunfo en el balotaje frente al correísta Andrés Arauz (Revolución Ciudadana), el establishment político, económico y mediático ecuatoriano esperaba que, tras una década de campaña del ex-banquero Guillermo Lasso (del Movimiento creo), se materializara un gobierno pensado, preparado y equipado para los desafíos del país.

Sin embargo, su auspicioso arranque, producto del plan de vacunación, ha devenido en una gestión estatal que enfrenta hoy complejos desafíos, que van desde la propia permanencia en el cargo del presidente hasta las condiciones de gobernabilidad de su mandato. Se trata de una coyuntura fluida y en plena definición de posiciones y correlaciones de los principales actores sociales y políticos, en medio de un creciente escepticismo e inconformidad ciudadana.

Arranque auspicioso y rápido deterioro

La primera tarea que acometió el nuevo gobierno en mayo de este año fue la activación del plan de vacunación. Tras la torpe e indolente gestión del gobierno de Lenín Moreno, salpicada con casos de corrupción y "vacunados vip", Lasso optó por el pragmatismo y aprovechó todas las posibilidades que la oferta mundial de vacunas ponía a su disposición, fuera de condicionalidades comerciales y geopolíticas. Activó acuerdos con China (Sinovac y Cansino), con lo que pudo cumplir con el ofrecimiento de vacunar a nueve millones de ecuatorianos en 100 días; además la activa y efectiva participación de todos los estamentos de la sociedad -universidades, empresa privada, organizaciones sociales- permitió que esto fuera posible.

El éxito del proceso de vacunación se reflejó en una alta aceptación en las encuestas y un positivo ánimo social. Sin embargo, luego de este auspicioso arranque, se produjo una serie de acontecimientos que han puesto al desnudo la naturaleza y los límites de la gestión del gobierno de Lasso.

Cuatro aspectos se han convertido en desencadenantes de este bajón: el recrudecimiento de la violencia delincuencial y, en particular, la crisis carcelaria; el fondo y la forma de la fallida aprobación de una ley denominada de "Creación de Oportunidades"; la activación de la movilización social y, durante las últimas semanas, el escándalo derivado de la publicación de los Pandora Papers. Con menos de seis meses en el poder, el gobierno sufría ya un desgaste importante, reflejado en una brusca caída en la aprobación en las encuestas, en la paulatina activación de la movilización social, en el clima de confrontación con el Legislativo y en una posición defensiva frente a las investigaciones sobre los paraísos fiscales. El tobogán político ha puesto en juego, en tiempo récord, la permanencia, el programa y la gobernabilidad del autodenominado "gobierno del encuentro".

Lo que está en juego: hechos y sentido

La crisis de seguridad y la dantesca situación carcelaria

Ecuador conservaba todavía el imaginario de "isla de paz" en medio de la violencia de los países vecinos. Esa ilusión se ha roto en pedazos: en lo que va de este año se han registrado cerca de 2 000 muertes violentas, y la tasa de homicidios se ha duplicado desde 2016, pasando de 5,81 a 10,62 por cada 100 000 habitantes en 2021.

Los noticieros y las redes sociales están llenos de ejecuciones producto del sicariato y de una inusual violencia que acompaña los hechos delictivos. En ese escenario estalló la barbarie de la realidad carcelaria. Ya en 2020 se habían producido sangrientos amotinamientos en varias cárceles del país y en lo que va de 2021 se han registrado más de 250 muertes de personas privadas de libertad, ocurridas en tres grandes eventos (con 118, 79 y 22 fallecidos respectivamente) y en los cotidianos asesinatos. La crudeza de las imágenes y la certeza de que el Estado ha perdido el control del sistema de rehabilitación contrastan con la rotación de funcionarios responsables (tres en estos meses) y el desentendimiento del Ministerio de Gobierno, que ha dicho paladinamente que estos hechos no son de su competencia.

No podemos abordar aquí de manera exhaustiva la crisis carcelaria ecuatoriana, pero especialistas han señalado la concurrencia de varios factores: el cambio del rol del país en la cadena logística del narcotráfico (nueva "autopista"), la profunda penetración de organizaciones narcodelictivas en el tejido social de barrios y ciudades y la consiguiente disputa territorial, en medio del caldo de cultivo de miles de jóvenes desempleados y sin esperanza a la vista. El hacinamiento y la corrupción del sistema son otros factores que agravan la situación.

Como sea, el cuadro muestra de manera dramática la incapacidad del Estado para asumir la función básica de precautelar la vida y la seguridad de los ciudadanos a través de una política pública basada en argumentos, evidencias y responsabilidades. La salida del gobierno ha sido decretar un estado de excepción con intervención militar, pero a varias semanas se evidencia que no hay control de cárceles y calles. Se ha persistido en responsabilizar al gobierno de Rafael Correa, lo cual elude un debate serio sobre la seguridad y la rehabilitación y, no menos importante, sobre inclusión y prevención social.

La vieja estrategia de las leyes trole

El 24 de septiembre, aún con la conmoción de la crisis carcelaria, el gobierno envió el proyecto de ley con carácter de económico urgente denominado Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que por su naturaleza debía ser analizado por la Asamblea Nacional en un mes, caso contrario entraría en vigor automáticamente bajo la figura del "ministerio de la ley".

Desde una perspectiva programática, el proyecto bautizado con el nombre del partido del presidente Lasso se convirtió en la piedra angular del programa del gobierno inscrita en la tradición neoliberal autoritaria de los años 90, con las denominadas «leyes trole», que pretendían modificar de un plumazo amplios ámbitos de la regulación pública.

Concretamente, el proyecto de Lasso contemplaba cuatro libros con 335 artículos y más de 20 disposiciones que abordaban desde la creación de un régimen laboral alternativo al vigente Código del Trabajo, estableciendo normas de flexibilización laboral, hasta imposiciones tributarias temporales básicamente sobre la clase media, además de normas para un régimen impositivo único y temporal para activos en el exterior, entre varias otras reformas.

Como era previsible, la Asamblea Nacional devolvió el proyecto argumentando que contravenía el artículo 136 de la Constitución que obliga a que los proyectos de carácter económico urgente refieran a una sola materia. La medida fue adoptada por el Consejo de Administración del Legislativo (cal), cuya composición, valga la aclaración, fue auspiciada por el propio Ejecutivo.

La reacción gubernamental frente a esta respuesta llevó la confrontación a otro nivel; el presidente acusó a la Asamblea de bloqueo y puso sobre la mesa la amenaza de "muerte cruzada", un dispositivo constitucional que permite la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales, incluyendo las presidenciales. El telón de fondo de este enfrentamiento fue una fuerte campaña de deslegitimación del Legislativo y una guerra de dimes y diretes en la que ambos poderes y toda la institucionalidad terminaron perdiendo. Al final, el presidente reculó y optó por enviar tres proyectos de ley distintos, cada uno de los cuales atañe a materias específicas.

El primero de ellos, la Ley de Sostenibilidad Fiscal, ha sido enviado y ha comenzado su tratamiento. Incorpora la contribución extraordinaria al patrimonio de grandes empresas y de personas naturales, un avance en lugar del incremento del iva, pero incluye algunos aspectos polémicos, como la reemisión y amnistía tributaria para capitales en el exterior que no han declarado ni pagado impuestos; nuevas exoneraciones a los impuestos a la herencia y la posibilidad de remisiones permanentes de impuestos mediante mediación y arbitraje.

Más allá del rifirrafe «normal» en la política, hay tres elementos que explican la intención del gobierno de escalar y tensionar para obligar a un nuevo encuadre de fuerzas. El primero es que se puso en juego la viabilidad del programa real, bastante soslayado en la segunda vuelta y por la campaña de vacunación.

Se trata esencialmente de una réplica del recetario neoliberal de los años 90: ajuste y achicamiento del Estado, privatizaciones de los sectores rentables (telecomunicaciones, energía), flexibilización laboral, ampliación de la actividad extractiva minera y petrolera y estímulos a la inversión. Los otros elementos que explican la beligerancia gubernamental, que abordaremos de inmediato, son el inicio de la movilización social y la publicación de los Pandora Papers.

La activación de la movilización social

A pocas semanas de iniciado el gobierno, se produjeron algunas protestas de sectores agrícolas de la costa por el precio del arroz y el incumplimiento de compromisos de campaña. Pero el malestar más general estaba ligado al incremento mensual del precio de los combustibles, que condujo a una nueva convocatoria a la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La protesta se cumplió con un balance positivo de parte de la organización matriz del movimiento indígena y la afirmación gubernamental de que las marchas fueron un fracaso. La Conaie había definido movilizarse en localidades y no avanzar hacia Quito, tal como ocurrió en varias provincias. Y finalmente, el paro se interrumpió por la salida del país del presidente Lasso y por la declaratoria de un largo feriado a inicios de noviembre.

Si bien la movilización social fue más bien localizada y no generó el efecto de desborde de las protestas de 2019, fijó la posición del movimiento indígena y de varios sectores organizados frente al gobierno e introdujo las calles como un escenario alternativo al Parlamento para el procesamiento de la política. La respuesta del gobierno se ha movido entre intentos de diálogo y fortalecimiento de los dispositivos represivos, entre los que el estado de excepción, decretado por los motivos de seguridad señalados antes, terminan siendo funcionales.

Las implicaciones de los Pandora Papers

En realidad, los vínculos con empresas offshore no son un tema nuevo en la historia político-empresarial de Lasso, accionista principal del Banco de Guayaquil, segunda institución financiera del país, pero la revelación cayó como balde de agua fría en la coyuntura política actual. El 3 de octubre se hizo pública la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (icij, por sus siglas en inglés) llamada Pandora Papers.

En ella se revelaba que tres presidentes latinoamericanos eran parte de los cerca de 300 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países que tienen compañías y cuentas en paraísos fiscales. Uno de ellos es, precisamente, Guillermo Lasso. Según el diario El País, Lasso eliminó esas compañías antes de lanzarse por tercera vez a la Presidencia y "movió sus fichas" después de que en 2017 se aprobara una ley que prohibía que los candidatos a cargos públicos fueran beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales. Pero lo que está en cuestión es el destino de esos activos (a quién los transfirió), los tiempos de esas operaciones (antes o después de ser candidato) y sus implicaciones tributarias.

En el caso ecuatoriano, esto tiene algunos ribetes especiales. Como efecto de la publicación de los Papeles de Panamá, en febrero de 2017 se realizó una consulta popular cuya aprobación derivó en una ley orgánica que determina que, para ostentar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, no se podrá tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en territorios considerados paraísos fiscales.

Para la operacionalización de la ley, el Servicio de Rentas Internas estableció una lista específica de jurisdicciones y regímenes que son considerados en esta categoría. En su momento, Lasso denunció que la consulta tenía la intención de inhabilitar su candidatura, pero luego indicó que no estaba incurso en esas inhabilidades y, de hecho, presentó sus candidaturas en 2017 y 2021.

El escenario que se le abre a Lasso con el escándalo de los Pandora Papers luce complejo. A comienzos de noviembre, la Comisión de Garantías Constitucionales, designada no sin conflicto por la Asamblea Nacional para investigar este tema, aprobó un informe no vinculante sobre la investigación sobre el entramado de los Pandora Papers.

El informe provocó el rechazo del gobierno, que señaló irrespeto al debido proceso y falta de validez jurídica y lo tildó de acto de oposición e intento de un golpe de Estado. De hecho, unas semanas antes, Lasso había señalado que se trataba de un complot internacional liderado por el mismísimo George Soros. Después de conocido el informe, ya se ha hecho pública una declaración del Partido Social Cristiano (psc) tomando distancias de este y otro de la Conaie, respaldándolo. 

Este informe deberá ser tratado por la Asamblea Nacional, con lo que se abre un nuevo escenario, seguramente muy polarizado, de procesamiento de este tema, que pone en juego a todas las instituciones de control y al conjunto de fuerzas políticas y sociales que deberán tomar posición y esclarecer esta situación.

Los actores y las arenas en disputa

Vale la pena hacer una breve caracterización de los actores en esta agitada coyuntura para comprender mejor las arenas y eventualmente los desenlaces de este momento conflictivo; sirve además porque, como suele ocurrir durante los primeros momentos de un gobierno, se han ido decantando fuerzas y posiciones.

Decantación de la fracción dominante: lo que representa el gobierno de Lasso

Si bien la campaña electoral para la segunda vuelta mostró a un Lasso moderno y abierto a la diversidad étnica o incluso ideológica como resultado de los consejos de su asesor Jaime Durán Barba, lo que ha decantado en el ejercicio del poder da cuenta de un gobierno que expresa al capital financiero fuertemente articulado con el ideario fondomonetarista.

El núcleo duro del gobierno proviene de una fundación de pensamiento ultraliberal, y la operación política está encargada a antiguos cuadros de la Democracia Cristiana, que sucumbió después de la debacle producida por la crisis financiera de la década de 1990. No hay mucho de nuevo.

Cuenta a su favor con el alineamiento de las cámaras empresariales y de los grandes medios de comunicación, de cuyo seno han salido algunos de los funcionarios del gobierno. La relación con las Fuerzas Armadas va adquiriendo un rol político importante bajo la narrativa del enemigo interno, la escalada delictiva y la protesta social; la institución militar ha sido convocada a salir a las calles mediante la declaratoria de estado de excepción en el que permanece el país.

Pero más allá de las fuerzas que sostienen al gobierno, la acción concreta de gobernar deja la impresión de improvisación, débil gestión y falta de experiencia política. Los dichos y expresiones de varios de sus voceros, comenzando por el propio presidente, dan cuenta de una abstracción y distancia de los problemas reales de la sociedad. Resulta evidente la incomprensión de aspectos centrales del país, incluyendo los marcos legales y constitucionales.

La narrativa se reduce a culpar al pasado, aunque hay claras líneas de continuidad con la fase final del gobierno de Moreno. Muy cerca del bloque gubernamental y como un aliado legislativo aparece la Izquierda Democrática (otrora una organización socialdemócrata), que ha tenido el pobre papel de comodín del gobierno; inclusive algunos de sus miembros, entre ellos la ex-segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, recientemente destituida, se han visto cuestionados dentro de su propio partido.

Está lejos de construir alguna línea de interpretación "socialdemócrata" de la situación y será un grupo más de la negociación gubernamental, renunciando al significativo resultado electoral que obtuvo su candidato presidencial. El discurso del pacto por la estabilidad es el paraguas narrativo para esta actuación.

Lo que está abierto es, en cambio, la compleja relación con el psc, el mayor partido de la derecha durante las últimas décadas. Si bien el ex-alcalde y caudillo de Guayaquil, Jaime Nebot, su líder histórico, declinó su participación electoral o la de un candidato de su tienda e intervino activamente a favor de Lasso, la relación se erosionó al inicio del gobierno por una presunta traición de Lasso a un acuerdo de gobernabilidad que incluía a la Revolución Ciudadana de Correa. 

El psc mantiene una fuerza importante en Guayaquil y la costa ecuatoriana y será un actor decisivo en el escenario parlamentario que procesará las leyes y el probable proceso político al presidente. Nebot ha sido acusado por Lasso de ser parte del «triunvirato de la conspiración» junto con Correa y Leonidas Iza. Pero la gran interrogante es cómo actuará finalmente en los temas decisivos y, por lo mismo, cuál es el alcance del distanciamiento y cuáles las razones profundas y seguramente inescrutables que lo explican. De cualquier forma, social e ideológicamente expresa a un sector muy cercano a las tesis del gobierno.

Los actores de la movilización social

El movimiento indígena se ha erigido como contradictor en la calle y en la lucha social, logrando el alineamiento de un sector importante del movimiento social en torno de la movilización, que se encontraba suspendida temporalmente al momento de escribir este artículo.

Octubre de 2019 fue un momento de recomposición de la Conaie, luego de más de una década marcada por la confrontación política con el gobierno de Correa, así como por la cercanía de varios de sus cuadros con el centro o la derecha. En esta movilización emergió el liderazgo de Leonidas Iza, del Movimiento Indígena de Cotopaxi, quien, sin presidir la Conaie, condujo la movilización y fue la voz más visible en el diálogo con el gobierno.

Su estrategia de enfrentar centralmente la subida de los combustibles, sin entrar en el juego del derrocamiento del gobierno de Moreno ni priorizar demandas exclusivas de los pueblos y nacionalidades indígenas, sintonizó con amplios sectores populares y con ello logró sostener y ampliar la movilización hasta la derogatoria del decreto 883.

Iza expresa una visión más cercana a la "dirigencia histórica" del movimiento indígena de los años 90: pone el foco en la lucha política extrainstitucional y mantiene su perfil e identidad étnica, pero amplía el campo de unidad con otros sectores sociales y tiene una clara posición antineoliberal.

Luego de la movilización de octubre de 2019, los efectos de la pandemia y las medidas de confinamiento, el temor y la crisis socioeconómica derivada provocaron un largo enfriamiento de las calles y una notable reducción de la lucha social, que se reorientó hacia iniciativas de solidaridad entre comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado, una fuerte estigmatización de los daños sobre la ciudad de Quito ha alentado una derechización de la opinión pública de la ciudad y una demonización de la protesta.

En cualquier caso, la pandemia fue la tabla de salvación del gobierno de Moreno, que pudo neutralizar las protestas y llegar así al proceso electoral de 2021.Empujado por el respaldo que logró la lucha de octubre de 2019, el candidato presidencial del Movimiento Pachacutik, Yaku Pérez, llegó tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de febrero de 2021 con 19,39 % de los votos, a décimas de
Lasso (19,74 %). Fue tan pequeña la diferencia que propició una fuerte impugnación desde el movimiento indígena por un presunto fraude.

Mientras en el ámbito institucional Pachakutik sacaba provecho de la pugna entre Lasso, Nebot y Correa, que abría un escenario de negociaciones con el gobierno, en la orilla extrainstitucional Iza ganaba la Presidencia de la Conaie con un discurso radicalmente crítico del "gobierno neoliberal", la dirigencia del propio Pachakutik y el rol del bloque del movimiento en la Asamblea Nacional. Apenas asumió la Presidencia de Conaie, Iza retomó los acuerdos con diversas organizaciones sociales (trabajadores, campesinos de la costa, estudiantes, ecologistas) en procura de fortalecer un bloque popular "antineoliberal". Se trata sin duda de un actor decisivo en términos de la respuesta social en el plano de la movilización.

El otro actor enfrentado al gobierno es Revolución Ciudadana (rc), que cuenta con el bloque parlamentario más numeroso y activo, así como con una importante influencia política. Hace poco logró el reconocimiento de su sigla y ha mantenido como eje discursivo la reivindicación del gobierno de Correa y la denuncia por la persecución y la judicialización de la política. RC ha concentrado su acción en el plano legislativo e institucional y no cuenta con los resortes sociales y organizativos que permitan una actuación global como bloque político-social. La estrategia de aislamiento desplegada por algunos sectores se ve reforzada por la falta de construcción de ámbitos de convergencia y articulación respetuosa con otros espacios del progresismo y del movimiento social.

De hecho, fuera de estas dos grandes corrientes partidarias y sociales, hay un resurgimiento de dinámicas sociales importantes como el movimiento feminista y los colectivos de defensa de derechos sexuales y reproductivos, ambientalistas y de defensa de la comunicación. Se trata de un campo social y político amplio y potencialmente poderoso, pero que no logra un nivel de articulación política y social que supere rencillas y se conecte con el sentir mayoritario de la sociedad, para quien lo más importante es el futuro.

Las arenas del conflicto

Pese a las distancias en la guerra de encuestas, todas coinciden en una drástica caída de la aceptación de Lasso. Las cifras de desempleo y pobreza son desoladoras y las expectativas de reactivación y crecimiento mostradas por el propio gobierno son más bien modestas. El conflicto se procesa en este momento en tres arenas: el Legislativo, las calles y el estado de ánimo ciudadano. Un Parlamento con poca credibilidad será un escenario central de las batallas políticas, porque allí se debatirán los proyectos de ley decisivos para el plan de gobierno de Lasso y se resolverá su permanencia a partir de los alcances del proceso de investigación y eventuales implicaciones legales y políticas derivadas del caso Pandora Papers.

Aunque el bloque de creo comenzó con unos pocos legisladores, ha logrado ampliarse a 32, y la aspiración del Ejecutivo es constituir una mayoría con 23 de Pachakutik y 15 de Izquierda Democrática, con lo que sumaría 69, apenas a una banca de lograr la mayoría absoluta requerida para aprobar leyes o para evitar censuras y destituciones.

Este escenario feliz para el gobierno es, sin embargo, poco probable, porque supondría un giro insostenible internamente en Pachakutik y en su relación compleja pero filial con la Conaie; sin embargo, son conocidas las divergencias internas del partido de base indígena y desde el gobierno se trabaja para profundizarlas. Pero aun si Lasso no logra un bloque unificado, sí es posible que se logren mayorías móviles y negociaciones específicas que eviten la consolidación de un bloque opositor de Pachakutik, rc y el psc, que es el mayor temor del gobierno, a punto tal de calificarlo como el "triunvirato de la conspiración".

En esta dinámica está presente el clivaje correísmo/anticorreísmo y la lectura de ciertos sectores de Pachakutik e Izquierda Democrática de que toda pérdida del gobierno sería ganancia para el correísmo. Este discurso permite legitimar cualquier cosa y funciona como línea roja que impide construir un nuevo campo político y discursivo anti o posneoliberal. No se ve aún una estrategia confluyente ni articulada, ni elementos que permitan avizorar la construcción de una oposición programática. Y en este desajuste reside la mayor fortaleza de Lasso y del bloque neoliberal.

El segundo escenario estará en las calles por la impugnación de la agenda económica, los recortes presupuestarios y la contrarreforma laboral. La abrumadora acción de los medios de comunicación masiva se ha orientado a minimizar el caso de Pandora Papers y a estigmatizar la protesta social como terrorismo. Se trata de un encuadre de guerra social y de enemigo interno que, además de clausurar condiciones efectivas de diálogo y debate (más allá de las kermeses entre quienes piensan igual), debilita la política y las instituciones de debate democrático.

La movilización está de momento suspendida, pero es previsible que haya nuevas mediciones de fuerzas si el formato de enemigo interno persiste. Los tiempos de la movilización social suelen ser distintos de los de las urgencias políticas, pero la historia del país está llena de desbordes sociales que han terminado de un tajo con gobernantes indolentes. Hay una lista ya de demandas sobre reducciones presupuestarias, afectaciones de derechos y privatizaciones en marcha.

El tercer escenario es más general y tiene que ver con la gobernabilidad y el desbordamiento de los conflictos. La pregunta es cuál es el músculo político que tendrá el gobierno para gestionar los largos tres años y medio que le quedan. Claro que ganó la segunda vuelta y que tiene alineado al poder económico, pero no debe olvidar que en la primera vuelta Lasso obtuvo menos de 20 % y que el país no es un banco. Algunas preguntas quedan sobre la mesa: ¿qué inversionista va a traer su dinero al país si el presidente se ha empeñado en sacarlo? ¿Con qué autoridad moral se piden esfuerzos a las clases medias y populares si los datos de elusión y evasión impositiva de grandes grupos económicos son escalofriantes y buena parte de ellos tienen ya su residencia fiscal fuera del país?

No es posible avizorar el desenlace de la actual situación, es un momento muy fluido. Los factores duros de poder apuntan a una salida neoliberal con algunos ribetes autoritarios, aceitados en el discurso de los consensos y como respuesta a la terrible sensación de inseguridad. Pero esta vía sería políticamente maltrecha y tendría elevados costos sociales y políticos. Incluso internacionalmente, el alcance del affaire de los paraísos fiscales es un serio golpe a la credibilidad del gobierno.

También es verdad que desde el campo progresista aún falta capacidad para construir un marco interpretativo y de sentido que permita la conformación de un espacio político, social, cultural y hasta emocional más articulado, que derrote el sectarismo que empobrece la acción intelectual y política, y que se ponga a la altura de las necesidades de un pueblo golpeado por la pandemia y la desidia.