Brasil vive el sacudón de las continuas avalanchas de denuncias de corrupción en el gobierno del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro, de la desmoralización creciente de las Fuerzas Armadas, además de la profunda crisis económica y social, del desmanche de todo lo que se construyó a lo largo de décadas, de la avalancha contra el medioambiente.

O sea, no hay, o no debería haber, espacio para otras preocupaciones. El desgaste de la imagen de las Fuerzas Armadas, duramente reconstruidas luego de la redemocratización, se aceleró mucho bajo el actual gobierno. Y ese desgaste se acentuó ahora aún más.

Al fin y al cabo, ¿cómo explicar la compra de 35 mil pastillas de Viagra, además de gel íntimo y prótesis masculinas para militares?

Pues al margen de todo eso se consolida una nueva preocupación: la violencia contra los indígenas, los pueblos originarios, que no hace más que expandirse.

Más que permitidos, directamente incentivados por el gobierno del extremista de derecha, mineros ilegales invaden territorios demarcados como reservas indígenas en velocidad alucinante.

Y no satisfechos con solamente hacer minería y contaminar con mercurio aguas que llevan pescados a los habitantes no solo de las reservas indígenas pero a lo largo de kilómetros de las riberas, ahora avanzan sobre mujeres y, en especial, adolescentes.

Se trata de algo insólito en mi país. Nunca, siquiera en la tan loada (por Bolsonaro y los militares que lo rodean) dictadura que duró 21 años, de 1964 a 1985, hubo tanta destrucción de todo, todo, de la investigación científica a la economía, de las artes y la cultura a la educación, de la salud pública a lo que sea.

Por esos días se supo que, además de invasiones, amenazas y agresiones a dirigentes indígenas en reservas territoriales que les son aseguradas por ley, mineros ilegales acosan mujeres indígenas, en especial adolescentes, ofreciéndoles comida a cambio de sexo.

Cuando no son atendidos, las violan. Entre la comunidad yanomami, la más visitada por mineros ilegales, se multiplican los casos de enfermedades sexuales, principalmente sífilis.

Se calcula que alrededor de veinte mil “garimpeiros”, como son llamados los invasores, actúan en territorio yanomami.

Hay registro de casos en que mujeres son forzadas a ingerir grandes cantidades de bebidas alcohólicas antes de ser violadas. También se denunciaron casos de muertes luego de estupros colectivos.

Todo eso ocurre en medio de la amplia y severa devastación ambiental, que hace con que los indígenas enfrenten dificultades cada vez más serias para lograr alimentos. Y también en ese aspecto las 350 comunidades ynanomami son las más perjudicadas.

La Policía Federal recibió denuncias específicas pero hasta ahora no hubo investigaciones.

Y la FUNAI, Fundación Nacional del Indio, se mantuvo en riguroso silencio cuando fue procurada por los medios de comunicación.