El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por organizaciones humanitarias de genocidio, deberá ir a un juicio por la manipulación de testigos, fraude procesal y soborno, decidió la jueza Carmen Helena Ortiz, luego de estudiar cientos de pruebas que la Fiscalía y las partes del proceso allegaron al voluminoso expediente, y de que el ente investigador le pidiera que archivara el proceso.

Para la jueza, hay suficiente material probatorio para que el líder del ultraderechista Centro Democrático se defienda ante un juez por los dos delitos. Uribe fue derrotado jurídicamente este miércoles en una larga batalla penal. El expresidente esperaba que una jueza de Bogotá archivara una investigación en su contra que arrancó en 2018, abierta por la Corte Suprema de Justicia. ¿Será el fin de la impunidad de Uribe?

Este es el caso judicial más importante actualmente del país y la decisión de esta jueza tiene consecuencias jurídicas y políticas para el expresidente más poderoso del país, mentor el actual mandatario Iván Duque, cuya popularidad raya el subsuelo. 

Un año y veinte audiencias después, el expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá ir a juicio por soborno y manipulación a testigos. Es una derrota para el fiscal del caso Gabriel Jaimes cuya labor fue duramente cuestionada durante la audiencia que se alargó por más de 12 horas y para Jaime Granados, abogado de Uribe y uno de los penalistas más respetados del país que esperaba que la jueza Carmen Helen Ortiz ordenara la preclusión del caso, señala Las2orillas.

Ahora llegara a la Fiscalía que será quien define si es el expresidente es culpable o inocente. Por su parte, el testigo estrella fue Juan Guillermo Monsalve, trabajador de la finca de la familia Uribe, que aseguró que el expresidente envió al abogado Diego Cadena para que declarara su favor en la Corte Suprema, añade

El veredicto se da en vísperas de las elecciones presidenciales. Para la consulta popular del 13 de marzo, Uribe volvió a salir a las calles para empujar la lista al Congreso del Centro Democrático, y de paso la candidatura de Óscar Iván Zuluaga quien renunció a su aspiración para adherirse a Fico Gutiérrez, quien competirá ante el centroizquierdista Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del 29  de mayo próximo.

 La decisión puede ser ahora apelada por los abogados de Uribe ante Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que debería definir si la jueza Ortiz se equivocó o no al mantener la investigación. Pero difícilmente ese tribunal tomará una decisión antes de finales de mayo, cuando se lleven a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El caso judicial más importante de Colombia, por ahora, sigue su camino. Las elecciones presidenciales, sin Uribe en plaza pública, también.  A diferencia de las elecciones presidenciales de 2010, 2014 y 2018, para los comicios de este mayo, Álvaro Uribe ha tenido un perfil muy discreto. No ha apoyado de forma abierta a su candidato, Federico Gutiérrez, en parte porque Uribe mismo sabe que puede hacerle más daño a esa campaña si muestra su apoyo públicamente.

La popularidad del ultraderechista Uribe ha venido en picada en los últimos años, en parte por los cuestionamientos judiciales en su contra. Fue cuestionado varias veces por el senador centroizquierdista Iván Cepeda de ser aliado del paramilitarismo. Pero cuando Cepeda hizo sus denuncias en el Congreso, Uribe decidió denunciar a Cepeda penalmente. 

El caso se le devolvió como un bumerán a Uribe: después de que la Corte Suprema miró el asunto, el expresidente fue detenido en 2020 por presuntamente buscar testigos para enlodar a Cepeda. Desde entonces, con la ayuda de poderosas firmas de abogados y el apoyo del presidente Duque y el aparato estatal, ha logrado dilatar la investigación varias veces, renunciando a su silla en el Senado, interponiendo tutelas ante la Corte Constitucional, y ahora pidiendo archivar este caso, que llegó a la sala de la jueza Ortiz. 

La decisión judicial marca un momento clave: después que la Fiscalía había dicho que el proceso debía archivarse (en lugar de ir a juicio), las víctimas le habían pedido a la jueza que no lo cerrara y que, por el contrario, autorizara el avance del proceso a juicio. Ortiz determinó que las víctimas tenían razón y la investigación no puede archivarse. Las víctimas ganaron un round clave en esta historia judicial que ya cumple cuatro años.

La Fiscalía deberá presentar un escrito de acusación en contra de Uribe para que pueda iniciar el juicio. Lo que reposa en el expediente son pruebas, testimonios, entrevistas, entre otros elementos, que apuntarían a que el expresidente participó en un entramado de abogados y testigos para que, a cambio de dinero, estos últimos hablaran a favor suya ante la Corte Suprema.

Entre miles de pruebas está, por ejemplo, la versión del testigo Juan Guillermo Monsalve y su esposa, quienes han dicho que allegados a Uribe, entre ellos, el abogado Diego Cadena, los contactaron para que se retractaran de unas aseveraciones en contra del expresidente. En estas mismas vueltas, ha dicho la Corte, participó el excongresista del Centro Democrático, Álvaro Hernán Parada. ambos están siendo investigados por manipulación de testigo y soborno.

Además de las evidencias en contra de sus allegados, la Corte Suprema, cuando llamó indagatoria a Uribe, resaltó que de manera personal y directa, el expresidente ha procurado contactar a personas en el exterior para que el extraditado paramilitar Juan Carlos Sierra, alias Tuso Sierra, hiciera un video declarando en su favor. La misma estrategia implementó para desacreditar a Juan Carlos Meneses, hoy principal testigo en la investigación que se adelanta contra Santiago Uribe, hermano del expresidente.

En el expediente de la Corte también quedaron pruebas de que otros exmiembros del paramilitarismo fueron contactados con idénticos fines. Sin embargo, cuando el caso cayó en la Fiscalía, esas hipótesis no fueron del todo claras. En cabeza de la mano derecha del fiscal Francisco Barbosa, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Durán, el ente investigador arrancó su propia investigación. En tiempo récord, recolectó cientos de pruebas y cito a declarar a más de 20 persona.

Abogados penalistas aseguran que Uribe tiene otra salida: presentar una nueva preclusión, incluyendo los argumentos que hoy expuso Ortiz. Aunque esa opción es, para muchos, imposible, lo cierto es que podría haber espacio para que la Fiscalía lo haga. En todo caso, 

No se hicieron esperar las celebraciones y críticas luego del fallo.Los senadores del Polo Democrático Wilson Arias y Alexander López Maya expresaron su respaldo a la decisión.  “Álvaro Uribe Vélez deberá ir a juicio a pesar de querer evadir la justicia con la @FiscaliaCol que actuó como su apoderado. Aún falta que responda por los falsos positivos, por la reelección comprada con sobornos y por el paramilitarismo ¡Pronto se hará justicia Colombia!”, señalo López Maya.

La senadora electa por el Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú aseguró que “ni con la Fiscalía a su favor pudo zafarse de las pruebas que tienen en su contra”. El senador Feliciano Valencia tuiteó: “Tras la providencia de la jueza Carmen Helena Ortiz de enviar a @AlvaroUribeVel a juicio, son cada vez más fuertes los rumores de su petición de asilo en los EEUU. La juez debe ordenar la prohibición para salir del país hasta que vaya a juicio. Nadie está por encima de la ley”.

Desde el ultraderechista Centro Democrático manifestaron su descontento con la decisión de la juez. El Vicepresidente del Concejo de Bogotá Humberto Amin, expresó: “La injusticia en contra del presidente @AlvaroUribeVel no tiene límites. Es increíble que sin ninguna prueba, lleven a alguien a juicio”. El electo representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, afirmó que la decisión es “una auténtica barbaridad. Otra página durante estos 4 años de atropellos, montajes, decisiones desconcertantes, lejos de la lógica, del respeto, del derecho”, manifestó.

Genocidio

El informe de la Jurisdicción Espcial de Paz, Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, los mal llamados “falsos positivos”, señala que durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2008, fueron asesinadas 6 mil 402 personas, una política implementada por cuatro ministros de Defensa, entre ellos la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el exmandatario Juan Manuel Santos.

El Tribunal de Paz indicó que, de acuerdo con los análisis que ha hecho a partir de los informes de las organizaciones sociales y entidades gubernamentales, durante 2002 y 2008, fueron asesinadas 6 mil 402 personas, 4 mil 154 casos más que los registrados por la Fiscalía General de la Nación entre 1988 y 2014. Del trabajo se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se sostenía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe.

Aunque el alto mando militar, la prensa hegemónica y la derecha en el gobierno siempre negaran que se tratara de una práctica sistemática, un genocidio, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. Hasta ahora, el tribunal de paz no emitió ninguna condena desde su entrada en función en 2018.

Los falsos positivos salpican a alrededor de mil 500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos (en general los vestían con ropas de guerrilleros antes de sepultarlos) para así presentar mejores resultados a sus superiores. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, con personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.