A punto de cumplir sus primeros tres meses, el gobierno chileno enfrenta un escenario complejo marcado por la inflación, el conflicto en La Araucanía y la inseguridad, problemas heredados de anteriores administraciones que, sin embargo, erosionaron su popularidad.

“Aquí en Chile se suele decir que los gobiernos tienen unos meses de luna de miel o de marcha blanca, sin embargo, el de Gabriel Boric no tuvo ni lo uno ni lo otro, entró de lleno en una agenda intensa y muy vertiginosa”, declaró a Prensa Latina vía WhatsApp el analista Hugo Guzmán.

El director del periódico El Siglo mencionó entre las principales preocupaciones la tensión y violencia en La Araucanía donde vive el pueblo mapuche, pero en la que también están las grandes empresas agroforestales, los consorcios privados y operan bandas del narcotráfico.

Otro problema que viene desde hace muchos años es el incremento de la violencia, de los homicidios y actos delictivos de alta connotación, como el ocurrido durante la marcha del 1 de mayo, cuando miembros del crimen organizado dispararon contra un grupo de periodistas y asesinaron a una comunicadora, algo que no ocurría desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Una tercera dificultad es la inflación que en abril alcanzó el 10,5 por ciento y rompió la marca del doble dígito, por primera vez en casi tres décadas.

“Esos son solo tres elementos que han puesto al gobierno en una situación muy sensible, muy problemática y que generan mucha tensión”, advirtió Guzmán.

Encuestas recientes, como la de la firma Cadem, indican que el índice de aceptación del presidente es de 44 por ciento, mientras la desaprobación asciende a 47.

Interrogado sobre el tema, Guzmán opinó que -aunque la mayoría de los sondeos los suelen hacer empresas privadas o vinculadas a los consorcios periodísticos- hay otras encuestadoras que tienen mayor credibilidad, constatan que la aprobación a la gestión del gobierno pasa por un momento complicado y eso tiene que ver con los tres elementos antes mencionados.

Pasos importantes

A pesar del adverso panorama, el analista recordó que en el período se dieron pasos importantes como el aumento del salario mínimo de 350 mil pesos (425 dólares) a 400 mil (485 dólares), la mayor alza en los últimos 26 años, y el incremento de los subsidios para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El país firmó el Acuerdo de Escazú sobre la defensa del medioambiente, se está entrando en un proceso de reforma tributaria que permitirá captar más impuestos de los supermillonarios y será modificado el sistema de pensiones para elevar los bajísimos retiros, explicó.

Otro avance es el anuncio de una inversión para infraestructura y logística en la educación y un plan para la zona de La Araucanía, llamado Buen vivir, que prevé mejorar la educación, la salud y la entrega de tierras al pueblo mapuche.

“Y terminaría diciendo que se estableció una agenda de derechos humanos, basada en la verdad, justicia y no repetición, lo cual es muy importante porque hacía años que aquí no había una agenda en esa materia”, expuso.

En su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional el 1 de junio, Boric anunció planes ambiciosos, entre ellos, la presentación en agosto ante el parlamento de un proyecto de ley de reforma previsional, en virtud del cual cada persona de 65 años o más tendrá derecho a una pensión básica de 250 mil pesos (350 dólares), garantizada por el Estado.

“Sabemos que el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado. Para esto presentaremos un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud, con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares”, señaló.

Respecto a la reforma tributaria, dijo que esta “atacará las bases de la desigualdad, gravando los altos ingresos y patrimonios, las rentas mineras y los resquicios legales para financiar el cumplimiento de derechos sociales en salud, pensiones y cuidados”.

Por una nueva Cnstitución

Chile está inmerso, además, en la redacción de una nueva constitución, cuyo borrador de 499 artículos será entregado el próximo 4 de julio al presidente, quien convocará a un plebiscito el 4 de septiembre, cuando 15 millones de chilenos se pronunciarán por el apruebo o el rechazo.

En su discurso a la nación, Boric formuló que ambas opciones son legítimas y el Gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada.

Los más recientes sondeos dan una ventaja al rechazo sobre el apruebo, aunque cuando se hizo el plebiscito para ver si la ciudadanía quería o no una nueva constitución, las encuestas indicaban un empate técnico y, sin embargo, 80 por ciento de la población se pronunció a favor.

El director del diario El Siglo atribuye el repunte del rechazo a que se cometieron errores y hubo insuficiencias a la hora de informar a la ciudadanía respecto a los contenidos del texto.

Por otro lado -dijo- ha habido una campaña muy fuerte, sistemática, contra la nueva carta magna en un país donde casi el 90 por ciento de los medios pertenecen a sectores empresariales conservadores y hay una dramática extensión de las fake news (noticias falsas) respecto al texto constitucional.

En este escenario, sectores progresistas, democráticos y de izquierda que están de acuerdo con las transformaciones en Chile, comenzaron a realizar un intenso trabajo territorial.

“Ya se optó por salir a las calles, a las comunas, a las casas, tanto en las ciudades como en el campo, a los centros de trabajo y a los parques. Este es un trabajo importantísimo durante estas semanas y va a proseguir”, especificó.

Sobre la importancia de adoptar una nueva ley fundamental, Guzmán declaró que su virtual aprobación significaría dejar atrás la impuesta por la dictadura militar, dotaría al país de una constitución plurinacional que garantiza derechos sociales y democráticos, entre ellos, los de los pueblos autóctonos, vigorizará el sistema judicial y permitirá avanzar desde un modelo de desarrollo neoliberal a uno soberano y sustentable.