Es notable la cerrazón del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que no da señal de tener una auténtica voluntad de diálogo con las numerosas organizaciones movilizadas. Al contrario, lo que se observa es una enorme contradicción entre lo que dice y lo que hace. Recién comenzado el paro, el Ejecutivo expresó su deseo de diálogo, pero horas después las fuerzas de seguridad no solo arrestaron arbitrariamente, con una desproporcionada movilización de fuerzas, a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), sino que lo mantuvieron ilegalmente desaparecido por casi 20 horas.

Para agravar el caso, lo pusieron en libertad con medidas cautelares y sujeto a proceso, en una evidente provocación contra el movimiento indígena, que es el corazón de las protestas, a las que se han sumado estudiantes, obreros, campesinos, maestros médicos y otros sectores.

A ese acto de criminalización de la protesta se añade la declaración y extensión a más provincias, por el presidente, del estado de excepción y toque de queda, así como las feroces expresiones clasistas y racistas contra los indígenas de la totalidad de los medios oligárquicos y la amenazante y descocada declaración del ministro de defensa vinculando las manifestaciones con el crimen organizado.

De esto es también expresión la mentira aducida por Lasso de que los inconformes se proponen “atacar Quito”, en referencia a la movilización hacia la capital de miles de indígenas y campesinos de numerosas provincias del país, que, como siempre ocurre en América Latina, realizan sus manifestaciones allí donde radican los poderes del gobierno y los centros de decisión política.

La entrada de las columnas de manifestantes en Quito tuvo un tinte por momentos festivo de los sectores populares, pero fue recibida, sin embargo, con violencia y una lluvia de gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad. 

Pero para hacer aún más tenso el clima político y en un hecho sin precedentes, típico del fascismo puro y duro, los uniformados asaltaron nada menos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, venerable institución de enorme prestigio en el país y en nuestra región, tributaria del cariño de la gran mayoría de los artistas e intelectuales ecuatorianos.

El ultraje ha sido condenado en términos enérgicos en Ecuador y en nuestra América pero pese a que la policía no encontró ni rastro de los supuestos pertrechos militares con los que intentó justificar la brutal acción, la instalación continúa ocupada. Encima, el lunes en la noche se veían civiles armados recorriendo la capital en otra provocación cuando menos tolerada, si no es que orquestada por el gobierno.

El multimillonario banquero y lavador de dinero Lasso no comprende el país en que vive ni es capaz de leer la gravedad de la coyuntura .¿Qué busca al responder con esta escalada represiva a las más que justificadas y legítimas 10 demandas del paro nacional, una movilización eminentemente pacífica?

Es conveniente subrayar que estas demandas continúan siendo aproximadamente las mismas que en 2019, solo varían porque los problemas son mucho más graves pues los gobiernos de Moreno y Lasso, pese a sus promesas, no tomaron en serio darles solución. No obstante, la Conaie se reunió varias veces con el gobierno en el año que lleva Lasso en el palacio de Carondelet pero solo recibió promesas, largas y mentiras. Ante la burla, la inflación desbocada y la inacción oficial debió recurrir, junto a otras muchas organizaciones, al paro nacional, cansadas de no ser escuchadas.

Ahora las ciudades están bloqueadas, los gremios de camioneros se sumaron a las protestas, estas gozan de gran apoyo popular y Lasso no tiene muchas opciones. O se sienta a dialogar de verdad, o apela a la represión, que parece ser lo único en que cree pero que no va a funcionar y agravará aun más la crisis.

El movimiento popular ecuatoriano es muy experimentado y está mirando cómo al otro lado de la frontera la elección de Petro confirma el rechazo de los pueblos de nuestra región al neoliberalismo. Que se olvide Lasso de que podrá doblegarlo con represión y seguir aplicando su neoliberalismo recargado. Ocho de cada diez ecuatorianos no creen en él y 82 por ciento consideran “mala” o “muy mala” su gestión.

El banquero carece de legitimidad y existen caminos constitucionales para relevarlo del cargo si no accede a las justas demandas populares. Pero, insisto, la meta final debería ser ir más allá, elegir, por la vía legal, un nuevo gobierno popular, lo que sería más rápido y seguro con la unidad de las fuerzas progresistas ecuatorianas, que hoy falta