Sudán permanece acosado por la violencia entre comunidades y la falta de opciones para superar su crisis socioeconómica e institucional, mientras declinan en forma alarmante sus estándares de seguridad.
 
El país no logra reponerse de la inestabilidad legada por su reciente pasado bélico, cuando fueron frecuentes los enfrentamientos entre el Ejército y sus milicias afines frente a varios movimientos guerrilleros en el occidente del país, por ejemplo en la región de Darfur.

Tras el derrocamiento de la administración del general Omar Hassán al Bashir en 2019 y la implementación de un proceso de cambios políticos regido por los militares, así como un intento de reconciliación nacional y la decisión de formar una autoridad civil luego de un corto período de transición, ahora esas ideas están en suspenso.

El estancamiento se evidenció con el golpe de Estado perpetrado contra el primer ministro Abdalá Handock, por parte del presidente del Consejo Soberano, Abdelfatah al Burhan, y la frustrada tentativa de reponerlo poco después, mostró la existencia de errores al tomar decisiones estratégicas.

Unido al desafortunado desempeño institucional –dos motines castrenses en tres años y la proliferación de combates comunales- Sudán hoy está sometido a la crítica de quienes antes participaron en masivas demostraciones callejeras contra Al Bashir y ahora, sin retractarse de aquello, obstinadamente siguen con sus marchas.

La violencia entre comunidades sudanesas bloquea el interés de construir un Estado viable en la etapa posBashir, para lo cual deberá erradicar las disposiciones relacionadas con programas de ajustes que empeoraron aceleradamente la situación nacional en 2019.

Así se llega a un debate menos teórico entre las promesas de transformaciones y lo avanzado en su cumplimiento para beneficio de una población, que se esperanzó con la presencia castrense en la autoridad central y actualmente manifiesta en las calles el descontento por su frustración.

Los inconformes continúan rechazando la marcha la transición en términos de seguridad y dentro de ese plan inacabado se percibe, además, la extensión de los choques comunales, un claro deterioro de la convivencia requerida para sobrepasar momentos difíciles.

En esta oportunidad los choques entre facciones comunales ocurrieron en el estado del Nilo Azul, donde los combates causaron 79 muertos, según fuentes oficiales. Un informe actualizado confirmó que 199 personas sufrieron heridas y decenas de locales y viviendas resultaron incendiados en las localidades de Ed Damazin y Al Roseries.

Un exabrupto entre las tribus Bita y Hausa desató la disputa por un territorio y sus choques persistieron pese al despliegue de tropas en la región, conforme notificó el Comité de Médicos de Sudán, una entidad que registra los hechos de violencia en el país africano.

La misma fuente se refirió a la falta de atención de los lesionados debido a la ausencia de recursos de emergencia para salvar vidas y demandó gestiones mediadoras que frenen los enfrentamientos. Además, llamó con urgencia a realizar donaciones de sangre para el tratamiento a las víctimas de los disturbios.

El gobernador del Nilo Azul, Ahmed al Omda, prohibió desde hace días toda reunión o marcha durante un mes y el sábado pasado se impuso un toque de queda nocturno, también las autoridades desplegaron miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido -militares y paramilitares- para pacificar la región, acotaron medios de prensa.

Esos choques armados, presentes no solo en Nilo Azul, se suman a la inestabilidad generada por el incremento de demostraciones públicas en diversas ciudades contra los militares, a quienes le exigen establecer un gobierno civil para luego de reconstruir las instituciones avanzar hacia un proceso electoral.

Una mutación favorable tendrá que conceder prioridad a la concordia para fortalecer la autoridad y esta pueda influir positivamente desde la cúpula hasta la base a fin de controlar los factores de tensión y reducir la violencia social en Sudán.