Esta vez fracasó pero pudo no fracasar. Solo el nerviosismo o la impericia en el manejo de armas de fuego pueden explicar que Fernando Andrés Sabag, el hombre que intentó matar con su pistola desde centímetros de distancia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fallase al gatillar dos veces su pistola.

No se le encasquilló sino que no había llegado a poner una bala en la recámara, sin lo cual la pistola no funciona aunque se la gatille, a diferencia de un revólver.

Ese error tan elemental y los antecedentes personales del frustrado asesino, violencia de género, maltrato animal, tatuajes con simbología neonazi, extremadamente crítico con los subsidios y ayudas sociales gubernamentales a los más desfavorecidos y sus ansias de protagonismo, confirmarían que no se trata de un sicario, que no actuó por encargo.

Sin embargo, ese mismo perfil mostraría también que pretendía convertirse en un héroe para todos los que desde hace tiempo llevan a cabo una implacable y cada vez más violenta campaña de odio contra la vicepresidenta y todo lo que ella representa.

A medida que se acerca una nueva campaña electoral –Argentina celebra elecciones presidenciales en 2023– la tensión política sube y la violencia se respira en el aire.

Sabag actuó como un típico lobo solitario, como Hadi Matar, el hombre que apuñaló recientemente en el cuello al escritor Salman Rushdie, o  como tantos otros que siguiendo por las redes sociales las instrucciones lanzadas por grupos terroristas como el Estado Islámico han cometido graves crímenes en numerosos países en los últimos años.

Tras el frustrado magnicidio hubo quienes en las redes sociales lamentaron que Sabag fuera un inexperto y que no haya matado a la vicepresidenta habiendo tenido el cañón de su pistola a escasos centímetros de su cara.

La mayoría de los que la odian no llegan a tanto y optan por calificarlo de “loco suelto”.

Pero Sabag no es “un loco suelto” como lo califica interesadamente la oposición derechista argentina y sus poderosos brazos mediáticos para distanciarse de él y autoexculparse.

El odio extremo que demostró este hombre al intentar matar a la vicepresidenta solo se explica por la crispación existente y por la campaña de odio cada vez más directa y brutal que desde hace años se ha lanzado contra Cristina Fernández de Kirchner, y cuya punta de lanza está representada hoy por hoy por el que ella misma bautizó como “partido judicial”.

El sector más reaccionario de la judicatura argentina se ha lanzado a degüello contra la vicepresidenta, quiere su cabeza, cueste lo que cueste.

Luciani y Mola, los dos fiscales que llevan la causa Vialidad contra ella y varios de sus colaboradores por supuestos casos de corrupción cometidos hace quince años en obras públicas, hacen día tras día declaraciones cada vez más agresivas, presentando a la vicepresidenta como protagonista del “caso de corrupción mayor habido en la historia argentina”. Acusan igualmente a su fallecido esposo, el también ex presidente Néstor Kirchner, de haber sido partícipe del “mayor saqueo de los escasos recursos del Estado”.

Es mucho decir en un país donde la coima (el soborno) es una lacra que desgraciadamente impregna ámbitos muy amplios y variados de la sociedad.

Muchos ciudadanos y ciudadanas, resignados con ese problema endémico, esperan que el gobernante de turno, aunque robe, no supere ciertos límites, y que al menos gestione bien y equitativamente los recursos públicos, que distribuya mejor la riqueza.

Ni el macrismo ni el kirchnerismo han terminado nunca un mandato libres de sospecha de graves casos de corrupción y ambos los han utilizado y los siguen utilizando como armas arrojadizas. (Todo parecido con el Estado español es pura casualidad).

Cristina Fernández ha sido exculpada en la mayoría de la decena de otras causas en las que en el pasado ha sido involucrada y que en su momento también fueron presentadas como ‘gravísimas’ , pero aún tiene algunas abiertas.

Esa imposibilidad para dejarla fuera de la escena política por la vía judicial y la más que probable presentación de Cristina Fernández como candidata a la presidencia en las elecciones de 2023 ha hecho que la oposición más dura, liderada por el expresidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) y el esperpéntico ultraderechista Javier Milei (La Libertad Avanza), apoyados por agresivos medios de comunicación, arreciaran su campaña contra ella. Pretenden dejarla fuera de juego a cualquier precio.

El desgaste sufrido por el gobierno de Alberto Fernández desde 2019 por su gestión de la crisis económica heredada de Mauricio Macri –este endeudó al país con un préstamo de 44 000 millones de dólares del FMI– y por sus políticas de ajuste y concesiones a poderes fácticos, sumado a las fuertes diferencias con la vicepresidenta, han alentado a la derecha a dar la estocada final.

La vicepresidenta conserva una gran popularidad y capacidad de convocatoria tras sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) y por la posición crítica –por la izquierda– que mantiene dentro del gobierno de Alberto Fernández.

Los sectores más radicales de la derecha y sus aliados judiciales, mediáticos y empresariales, han centrado sus ataques contra ella, conscientes de que solo una eventual candidatura de Cristina Fernández puede evitar dentro de un año la vuelta al poder de la derecha.

La polarización social es cada vez mayor y desde el kirchnerismo el discurso también cada vez es más bronco.

Siguiendo una estrategia similar de judicialización de la política como la ya utilizada por la derecha en Brasil para quitar del poder tanto a Lula da Silva como a Dilma Roussef; en Bolivia a Evo Morales; en Ecuador a Rafael Correa; en Honduras a Manuel Zelaya;  en Paraguay a Fernando Lugo, y usada en tantos otros casos, la derecha argentina ha decidido agudizar su lawfare a un punto en el que el clima se ha tornado irrespirable.

No hace falta ser un fan kirchnerista ni avalar toda su gestión durante sus dos mandatos, ni siquiera dar por seguro que de haber tenido juicios realmente justos Cristina Fernández hubiera salido  indemne de todas las causas judiciales en las que se ha visto involucrada, para entender que lo que está en juego trasciende su propia persona.

La vicepresidenta enfrenta una inadmisible y antidemocrática política de acoso y derribo de gran envergadura y alcance, que demuestra la fragilidad del sistema. Una vez más en nombre de la democracia se ataca a la democracia.

No todas las manifestaciones callejeras contra el Gobierno son promovidas por la derecha. En muchos casos las protagonizan movimientos sociales y ciudadanos y ciudadanas críticos con sus políticas de ajuste e incoherencias ideológicas, pero la derecha y ultraderecha son las que lideran la batalla y promueven protestas cada vez más agresivas en una clara actitud golpista.

A menudo se ven en sus manifestaciones pancartas que piden la horca para la vicepresidenta; se despliegan las típicas bolsas plásticas negras mortuorias con relleno frente a la Casa Rosada; se arrojan adoquines contra  las ventanas de su despacho.

Diputados del bloque macrista como Francisco Sánchez piden abiertamente la pena de muerte para  la vicepresidenta por “traición a la Patria”; y las redes sociales y numerosos exaltados tertulianos de radio y televisión profieren hirientes insultos personales y graves amenazas.

Es el demonio contra el cual todo vale, y siendo mujer más, “la yegua” la llaman, se la deshumaniza, es la bruja a quemar en la hoguera.

(Cualquier similitud con el acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero es también pura casualidad).

La Justicia –por llamarla de algún modo– aporta no un granito sino una tonelada de arena para alimentar ese clima, para dar supuestos argumentos legales que justifiquen tal campaña.

Las irregularidades cometidas durante el actual juicio son burdas. A Cristina Fernández se le impidió incluso ampliar su propia declaración para responder a nuevos hechos que decidió incorporar la Fiscalía a su alegato acusatorio inicial.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no cejan en su empeño en ver a la presidenta presa y fuera de la carrera electoral a pesar de ser los mismos que han impulsado varias de las causas contra ella de las que terminó siendo exculpada.

En esta ocasión le piden doce años de prisión e inhabilitación para cargos públicos de por vida.

Luciani y Mola, al igual que el juez Gustavo Hornos y otros miembros de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal no han tenido nunca reparos de que se los viera en distintas ocasiones visitando la residencia particular de Mauricio Macri, tanto cuando era presidente como también después como líder de la oposición.

Aunque los numerosos protagonistas de esta campaña de acoso y derribo tilden a Fernando Sabag de “loco suelto” e intenten que el ‘incidente’ se olvide pronto para no entorpecer sus objetivos, hay algo que resulta evidente.

El plan llevado a cabo desde el frente político, el mediático, económico y judicial, ha seguido y sigue meticulosamente los mismos pasos que ya en algunos países provocó la caída de gobernantes, de forma violenta o ‘blanda’, pero que en otros casos, bien pueden ser interpretados y asumidos por lobos solitarios como Fernando Sabag como un llamamiento, como un verdadero Manual de Instrucciones para Inducir a un Magnicidio.