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Nuevamente el tema migratorio desnuda la hipocresía, el desdén por los derechos humanos, la manipulación y la crueldad de los gobernantes estadounidenses. Revela el sadismo de la superpotencia, que emprende un sabotaje brutal contra la economía venezolana, cerrando a ese país todas las vías para proveer a su población de bienes y servicios elementales, y a la vez da un portazo a quienes dejan su país en busca de oportunidades laborales, profesionales y educativas. 

Basta con llegar a Estados Unidos para aprender que el presunto apoyo ilimitado de Washington al pueblo venezolano no es más que una fachada para la desestabilización, orientada a derribar al gobierno constitucional bolivariano y hacerse con el control de los recursos naturales del país con las mayores reservas mundiales de petróleo.

El gobierno del “demócrata” Joe Biden abandonó la política de otorgar libertad condicional humanitaria a los venezolanos que ingresan a Estados Unidos y comenzó la aplicación automática del Título 42, una disposición establecida por Donald Trump que permite (en violación flagrante de la legislación internacional sobre el derecho de asilo) expulsar a los migrantes que entren sin documentos a su territorio, con el pretexto del combate a la propagación del (erradicado) covid-19.

Cientos y cientos de venezolanos han sido expulsados a México en el transcurso de unas horas. Washington anunció un nuevo plan migratorio que contempla recibir a un total de 24 mil venezolanos que cumplan estrictos requisitos: solicitar su entrada vía Internet antes de desplazarse, llegar en avión, tener un contacto que les garantice apoyo financiero, contar con esquema de vacunación completo y aprobar una evaluación referente a sus datos biométricos y de seguridad. 

El plan señala que cualquier venezolano que entre a territorio estadounidense sin cumplir estas condiciones será expulsado. La cifra de admisiones resulta irrisoria, toda vez que en el último año 180 mil llegaron a Estados Unidos, considerando sólo los cruces a través de la frontera con México, señala el diario mexicano La Jornada.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador consideró que las medidas instauradas por EE.UU. para otorgar 24 mil visas humanitarias a migrantes venezolanos constituyen un primer paso, pero resultan insuficientes y dijo que propondrá a la Casa Blanca ampliar el número de permisos: “Son 24 mil, no son suficientes, pero hay que empezarlas a demandar y en la medida que se vayan otorgando y no alcancen, estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos las va a ampliar y ya todos pediríamos eso”.

Si el trato dispensado por Washington a todos los migrantes provenientes de naciones en desarrollo es deplorable e ilegal, el giro contra los venezolanos es doblemente condenable sobre todo cuando la clase política estadounidense denuncia al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro como un régimen autoritario, represivo e ilegítimo, colocando a los venezolanos como candidatos idóneos al asilo humanitario.

México, en el medio

Hasta el pasado miércoles Estados Unidos había expulsado a México a por lo menos cuatro mil venezolanos por cinco puntos fronterizos (Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nogales, Sonora; Piedras Negras, Coahuila, y Matamoros, Tamaulipas), informó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Entre los migrantes expulsados brotan el enojo, la frustración y tristeza, al recordar que salieron de su nación con la certeza de que serían recibidos en Estados Unidos, pero en lugar de ello son humillados y sin explicación alguna los regresan al sur.

Como ocurre desde que se convirtió en un país de tránsito para los migrantes de Latinoamérica, el Caribe e incluso de otras regiones, la nueva política estadounidense hacia los nacionales de Venezuela coloca a México en una difícil situación, con servicios de atención totalmente desbordados y con capacidades financieras muy distintas a las que posee EE.UU.

Y se ve en la necesidad de buscar acomodo, brindar apoyo y, muy probablemente, acoger indefinidamente a un gran número de buscadores de asilo, despertados de golpe del sueño americano que terminó ser otra pesadilla.

La tensión en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, donde la noche del martes unos 300 venezolanos se amotinaron, ha ido disminuyendo con el paso de las horas, luego de que el gobierno mexicano proporcionó un camión a un grupo de más de 40 que quiso volver al sur del país.