Poco a poco Bolivia va recuperando la normalidad tras la última intentona golpista de octubre de 2022 promovida, nuevamente, por las oligarquías del departamento de Santa Cruz, motor económico del país, y que tiene como principales inductores a su Gobernador Luis Fernando Camacho, ultraderechista católico y fundador del partido de ámbito nacional Creemos, y a Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, organización de ámbito civil-empresarial nutrida por las élites económicas regionales que agrupa a conocidas familias de terratenientes, a grandes industriales y ganaderos de los sectores cárnicos y lácteos, y a la rentable agroindustria de la soja, principales responsables de la deforestación de gran parte del departamento.

Esta plutocracia segregacionista ha gobernado a su antojo durante decenios este rico departamento del oriente boliviano y fue la principal inductora del golpe de Estado que desbancó del poder a Evo Morales en 2019.

Otro actor de relevancia es el segmento de la dirección de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), que ha tenido al rector Vicente Cuéllar como representante técnico en las mesas de negociación con el Gobierno nacional.

El cartel lo completa la Unión de Juventudes Cruceñistas (UJC), violenta organización filofascista motorizada que hace de sus señas de identidad, y color de piel, la principal bandera de sus demandas. Existen otros actores internacionales implicados que apoyan económica e ideológicamente los levantamientos contra “los Gobiernos comunistas y ateos en América Latina”, como la Fundación IDEA, apéndice del partido fascista Vox (España) en su delirio neocolonial de fundar una gran ‘Iberosfera’ ultraderechista.

La estrategia de estas logias cruceñistas ha sido intentar expandir a escala nacional la inconsistente y caprichosa exigencia de adelantar la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda de 2024 a 2023, con la clara intención de que el resto de departamentos de país (nueve en total) se sumen a ella a fin de desestabilizarlo, y crear así las condiciones óptimas que justifiquen una intervención militar contra el Gobierno legítimo de Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo (MAS).

Para lograrlo han tirado nuevamente de manual: realizar un violento paro indefinido con bloqueos en los accesos a la capital cruceña y otras poblaciones del departamento. El paro, iniciado el pasado día 21 de octubre, provocó el desabastecimiento generalizado de la ciudad y de gran parte del departamento, con la consiguiente ruptura de la cadena de distribución y suministro de alimentos y combustible en buena parte del país; y de las exportaciones a los países vecinos.

Estas medidas, junto a enfrentamientos violentos protagonizado contra los sectores populares contrarios al paro, y contra las organizaciones sociales y campesinas, como han sido la quema de la sede de la Federación de Sindicatos Unificado de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTCSC), y el saqueo de la Central Obrera Departamental (COD), ha provocado hasta la fecha cuatro muertos, 178 heridos y unas pérdidas económicas que el Gobierno estima en 720 millones de dólares.

La acertada y rápida reacción del Gobierno

Una de las primeras medidas tomada por el Gobierno del presidente Arce ha sido sustituir parte de la cúpula militar en donde aún permanecían mandos simpatizantes con el golpe de Estado de 2019, cuyo procedimiento judicial ha llevado a la cárcel a seis altos mandos del Ejercito y a la proclamada presidenta Jaenine Áñez. Algunas informaciones relacionan estos mandos con grupos evangélicos violentos.

Desde mi punto de vista, la medida que con más acierto ha implementado el Gobierno de Arce ha sido ‘contraprogramar’ las exigencias cruceñas (cambio de la fecha censal, lugar y fechas de las reuniones, etc.) con la convocatoria a dos ‘Mesa Nacional por el Dialogo’.

Espacio donde la Comisión Técnica fijaría, de forma vinculante, la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda y daría a conocer, seis meses más tarde, sus resultados para la redistribución de recursos económicos y de escaños al Congreso en las próximas elecciones Generales de 2025. El último Censo se realizó en 2012.

La primera de estas mesas tuvo lugar en Cochabamba el 28 de octubre a la que fueron convocados más de 300 representantes de todo del país entre gobernadores, alcaldes, asociaciones municipales, rectores de las universidades públicas y comunidades indígenas. En esta convocatoria el Gobierno de Arce logró diluir el excesivo protagonismo cruceño bajo el acertado eslogan “Un Censo con consenso”.

Con este movimiento, Arce y su Gobierno han mostrado gran habilidad táctica para resolver el conflicto de forma pacífica, a la par que gran capacidad de negociación participativa, atrayendo a su favor a una gran mayoría de los convocados, circunstancia que motivó la airada retirada de la delegación cruceña bajo el pretexto de “no haber tenido en cuenta sus propuestas”.

La segunda mesa, de carácter puramente técnica, se celebró del 4 al 7 de octubre en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, haciendo nuevamente el Gobierno ‘oídos sordos’ a la exigencia cruceña de realizarla en Santa Cruz de la Sierra, zona origen del conflicto. En ella se volvió a convocar a gobernadores, alcaldes, asociaciones municipales, rectores de las universidades públicas, comunidades indígenas, los equipos técnicos y a organismos internacionales.

En la mesa se presentaron más de 700 propuestas técnicas y alegaciones procedentes de todos los departamentos del país y de los múltiples sectores implicados. Tras la lectura y el posterior debate de todas ellas durante los dos primeros días, la Comisión Técnica concluyó que la propuesta cruceña de adelantar el Censo a 2023 era cronológicamente inviable, al no ofrecer las garantías de ser un Censo inclusivo y de calidad. Durante la ronda de análisis técnico la delegación cruceña, nuevamente, abandonó la Mesa.

Finalmente, la Comisión Técnica acordó el 23 de marzo de 2024 como fecha definitiva para la realización del Censo de Población y Vivienda, que sus resultados se den a conocer en septiembre de ese mismo año, y que la redistribución de los recursos económicos y de escaños se hagan en octubre de 2024. Calendario ya recogido en el reciente Decreto Supremo-4824, 23 marzo 2024.

Conclusiones

Lejos aún de estar resuelto definitivamente el conflicto dada la intransigencia y radicalidad de las oligarquías cruceñas, pero definidos ya los plazos de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda y de evitarse la ‘mitosis’ de las protestas por todo el país, la intentona golpista debería ir apagándose progresivamente. Aunque es de esperar que vuelva a reactivarse cuando se den los resultados del proceso bajo la excusa de fraude, u otras.

En estos momentos han abierto una nueva ofensiva exigiendo que el Decreto Supremo-4824 se eleve inmediatamente a rango de Ley.