El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia fue la mejor noticia de Año Nuevo para millones de brasileños, una inyección de esperanza y, sobre todo de alivio por evitar otros cuatro años de racismo institucionalizado, de glorificación de la violencia de Estado, de remate de los bienes públicos, de desmantelamiento de derechos, de saqueo sistemático, de devastación ambiental y de promoción del odio.

Lula heredó un país en ruinas tras seis años (los cuatro de Jair Bolsonaro más los dos del usurpador Michel Temer tras el derrocamiento de Dilma Rousseff) de destrozos sin precedente: destrucción del Estado en nombre de supuestas libertades individuales, vaciamiento de los recursos destinados a la salud, desmantelamiento de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, la polarización de la ciudadanía.

Pese al enorme respaldo popular, el nuevo gobierno está atento a la reacción que comenzaron a desplegar los grandes lobbies y la triada económica, mediática y judicial, que intenta un desgaste sistemático del nuevo gobierno. Sobre todo teniendo en cuenta que amplios sectores de la población fueron cooptados por el bolsonarismo.

Bolsonaro destruyó la protección del medio ambiente y de la Amazonia, el pulmón verde del mundo, y no dejó recursos para comidas escolares, vacunación, seguridad pública, protección forestal ni asistencia social. Y huyó dos días antes de la asunción de su sucesor.

En los dos discursos de Lula -en el Congreso y desde el Palacio del Planalto- el presidente mostró que dispositivos como el tope de gastos y el presupuesto secreto son perjudiciales para la democracia. Llamó fascismo al fascismo y genocidio al genocidio, garantizó que no se privatizarán empresas estratégicas, describió el papel del Estado y abrió las amenazas a la democracia.

En la ceremonia de su toma de posesión como Ministro de Defensa, José Múcio Monteiro hizo declaraciones que sorprendieron y prendieron las luces de alerta, confirmando lo que dirigentes kukistas venían asegurando: es la persona equivocada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado.

Para Múcio, los actos de los terroristas bolsonaristas -que promueven actos de terror y atacan la democracia con la complicidad de militares frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia- son “democráticos”: “Esas manifestaciones en el campamento, y lo digo con mucha autoridad porque tengo familiares y amigos allí, son una manifestación de democracia”, dijo.

El nuevo ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, señaló de inmediato que se revisará todo acto ilegal basado en el odio y el prejuicio. «No permitiremos que el ministerio siga siendo utilizado para producir mentiras y prejuicios. Como muchos, quiero salir adelante, pero nunca aceptaremos el precio del silenciamiento y la injusticia. La verdadera paz será la que construyamos con la verdad, con el cultivo de la memoria y la realización de la justicia», declaró.

Almeida también dijo que «Brasil aún no ha enfrentado a satisfacción los horrores de la esclavitud, así como otros traumas que también se ciernen sobre nosotros, lo que permite que sus obras -de la esclavitud y esos traumas- se perpetúen en forma de racismo, del hambre, del subempleo y de la violencia contra los hombres y mujeres negros y pobres de este país”.

Con su deplorable actuación, José Múcio Monteiro se califica para ser el primer ministro a ser reemplazado, en aras de la gobernabilidad del gobierno Lula y para la protección de la democracia, coinciden en filas del Partido de los Trabajadores.

No se puede olvidar que el bolsonarismo –la derecha y la ultraderecha- tiene un apoyo importante en el Congreso y también controla los estados más grandes de Brasil, con seguidores en las fuerzas militares y de seguridad, por lo que Lula señaló en su discurso ante el Congreso la necesidad de un nuevo pacto democrático.

Una de las interrogantes que se plantean los analistas es si la amplia alianza electoral que agrupó desde la izquierda radical, el PT y amplios sectores progresistas, ecologistas y feministas, hasta el centro neoliberal del vicepresidente Geraldo Alckmin, podrá neutralizar la cultura extremista generada en estos años de mandato bolsonarista.

Otra, si este frente, de mantenerse unido, podrá desarrollar un programa de gobierno que permita superar la actual crisis y la profunda desigualdad estructural que sufre la sociedad brasileña en términos históricos. En un Brasil dividido entre la moderación de izquierda progresista y el neofacismo, ¿podrá Lula –en su tercer gobierno- retomar el proyecto inicial del PT y profundizarlo en articulación con los movimientos sociales?

Pero la herencia más nefasta del gobierno ultraderechista compartido con los altos mandos castrenses, fue la naturalización del fascismo y la instalación de una idiosincrasia furiosamente reaccionaria, de posturas cavernarias en lo social y un individualismo ciego en materia económica, cuya bandera en el anticomunismo, un culto a las armas y una disposición a la violencia demostrada en las últimas semanas..

El aparato político-institucional que dio el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016 y encarceló ilegalmente a Lula para impedirle presentarse a las elecciones de 2018 (en las cuales era claro favorito) sigue ahí. Y Lula requerirá mucho más que su experiencia y del respaldo popular para sortear los designios de la oligarquía.

La hoja de ruta

La hoja de ruta que diseñe el propio Lula será determinante para marcar la orientación de la coalición.

Varios sectores de centroizquierda se entusiasmaron con los discursos de Lula y las primeras medidas anunciadas: gasto social ante la crisis, freno de privatizaciones, proyecto de reindustrialización, cuidado del medio ambiente, integración latinoamericana para desde allí construir políticas en medio de la disputa global, o el hecho de haber llamado “golpe” a la salida del gobierno de Dilma Rousseff en 2016.

Gilberto Maringoni señala la osadía de Lula cuando se ocupó de temas sociales. En los dos primeros mandatos, el foco del presidente fue el hambre, la pobreza, la miseria. Pero las soluciones no tocan el mecanismo atávico de explotación del que son víctimas la mayoría en la cúspide de la pirámide social.

Lo nuevo es que Lula ahora habló explícitamente de la desigualdad y de cómo las políticas estatales favorecen a los eternos privilegiados. Al enfocarse en la desigualdad, Lula politiza la cuestión social, que va mucho más allá de las medidas administrativas para ayudar en las emergencias: va hacia un cambio estructural en el funcionamiento de la sociedad, con luchas y enfrentamientos con los privilegios seculares.

“No se refiere sólo al flagelo del racismo -que es mucho- sino al legado de la esclavitud. Una vez más, toca la explotación de los seres humanos por parte de otros. Este es el quid de nuestra sociedad: no se trata solo de la existencia de ricos y pobres, sino de la existencia de una dinámica perversa de drenaje de riqueza desde la base hacia la cima de la sociedad”, dice Maringoni, profesor universitario.

Las medidas tomadas dan cuenta de alguno de los elementos más urgentes y estratégicos de la agenda de Lula. Uno de ellos fue el freno a las privatizaciones que estaban en marcha en el caso de ocho empresas estatales, como la petrolera Petrobras, el Correo, la Empresa Brasileña de Comunicaciones, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos, y la Empresa de Tecnología e Información de Seguridad Social.

Otra de las decisiones implementadas fue derogar el último decreto hecho por el anterior gobierno, que redujo a la mitad las tasas impositivas a ser pagadas por las grandes empresas, decreto firmado por el vicepresidente Hamilton Mourao en vista de que Bolsonaro ya había partido hacia Orlando.

Brasil vive actualmente una situación anómala, con una tasa de interés real «fuera de lugar», dijo el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, argumentando que la actividad económica ya experimenta una desaceleración y que la inflación en el país es menor en comparación con otros países.  Haddad, considerado el “delfín” de Lula, afirmó que ese escenario fue motivado por una “juerga electoral” del gobierno anterior, que costó a las arcas públicas 300 mil millones de reales (unos 55 mil 500 millones de dólares).

Pareciera que la amplitud de alianzas no significó la perdida de centralidad del Partido de los Trabajadores dentro del nuevo gobierno, conservando el ministerio de Hacienda con Fernando Haddad, Casa Civil con Rui Costa exgobernador de Bahía, Desarrollo Social con Wellington Dias, la Cancillería con Mauro Vieira. Lula abrió el juego, pero mantuvo los cargos claves.