Los fascistas cumplieron su promesa.

El asalto al Capitolio de Brasilia, que fue pronosticado durante tanto tiempo, finalmente sucedió. Y con refinamientos de gravedad en relación a la inspiración original, el asalto al Congreso de los Estados Unidos, el 6 de enero de 2021.

El 8 de enero de 2023, además de la sede del Congreso Nacional, terroristas de extrema derecha también invadieron y vandalizaron la sede del Poder Judicial. El Palacio de la Alvorada no fue atacado porque el presidente Lula aún no reside allí. Sin embargo, si ya residiera allí, habría corrido el riesgo de ser asesinado.

Hay un agravante más en relación con el asalto al Capitolio estadounidense: mientras que en EE.UU. el comandante del Ejército se opuso al intento de golpe de Estado del presidente Donald Trump, aquí en Brasil, las cumbres partidistas de las Fuerzas Armadas están directamente implicadas en el extremismo fascista.

El campamento en el Cuartel General del Ejército Brasileño, que el ministro de Defensa Múcio Monteiro aseguró que “se iba a desvanecer” poco a poco, era la avanzada logística de las hordas fascistas que ocuparon Brasilia. Allí los terroristas finalizaron los preparativos para los hechos delictivos y de ahí se trasladaron hacia la Praça dos Três Poderes.

Ante tantas y tan elocuentes evidencias, además de la presencia de un sargento de la Marina incitando a los amotinados a asesinar al presidente Lula y a la esposa del general conspirador Villas Bôas celebrada como celebridad en el campamento, es imposible no reconocer la complicidad de los jefes de las Fuerzas Armadas con este estado de cosas.

Los servicios oficiales de inteligencia del gobierno federal y del Distrito Federal sabían de los preparativos de los grupos extremistas que planearon los hechos en Brasilia. La prensa difundió ampliamente el movimiento de grupos terroristas que viajaron a Brasilia para reforzar el campamento en el área del Cuartel General del Ejército y promover ataques a instituciones.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, convocó a la Fuerza Nacional para actuar en la Esplanada dos Ministérios entre el sábado 7 de enero y el lunes 9, con el objetivo de garantizar la protección de las áreas de los tres poderes del Estado. La Fuerza Nacional, integrada por la policía civil y militar y los bomberos del DF, saboteó la orden para impedir los atentados, fue indulgente con los hechos y cómplice de los terroristas.

Es impresionante la facilidad con que miles de terroristas se movieron libremente por las avenidas de Brasilia, y con igual facilidad invadieron los edificios del Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el Planalto.

Cuando se desalojaron los edificios públicos, no se identificaron bandidos y mucho menos se los arrestó en el acto, lo que es una grave ofensa a la democracia y al Estado de derecho.

Todo ello refuerza, por tanto, la hipótesis de sabotaje e indulgencia del gobierno bolsonarista del DF con actos de terror. La responsabilidad del gobierno de Ibaneis Rocha en la destrucción fascista es notoria e incuestionable.

El gobierno federal necesita decretar y ejecutar la intervención federal en el DF [artículo 84 de la CF] con la destitución del gobernador y buscar la cooperación de policías estatales de otros estados para garantizar la seguridad de la capital del país y el funcionamiento de las instituciones.

Bajo ninguna circunstancia se debe considerar llamar al GLO (Garantía de la Ley y el Orden), un dispositivo implementado por las Fuerzas Armadas; eso sería otorgar lo que querrían los altos mandos militares.

Identificar y sancionar ejemplarmente a los terroristas a la luz de la Ley y la Constitución es vital para la democracia, como lo es el financiamiento de los terroristas y de los agentes públicos que son sus cómplices. Asimismo, es imperativo y urgente el desmantelamiento inmediato de los nidos terroristas alojados en el Cuartel General del Ejército y frente a los cuarteles en todo el país.

El recrudecimiento de la violencia fascista en Brasilia, que tiene como epicentro logístico y estratégico el Cuartel General del Ejército Brasileño, pone a prueba las decisiones tomadas hasta ahora por el gobierno de Lula en materia militar.