El 5 de marzo de 2022, aniversario de la muerte del Comandante Hugo Chávez (nada es casualidad), llegaba a Caracas una delegación del gobierno estadounidense. Emisarios de Joe Biden que tenían un objetivo claro: ante la imposibilidad de garantizar el suministro de petróleo debido al conflicto entre Estados Unidos/OTAN y Rusia, con Ucrania como proxy, querían negociar la reducción de sanciones a la industria petrolera venezolana y la entrada en ese mercado de la estadounidense Chevron.

Recientemente, y también de manera relacionada, hemos conocido otros dos sucesos. En primer lugar, el Embajador español en Venezuela entregó sus cartas credenciales a Nicolás Maduro, lo que implica que el gobierno de Pedro Sánchez deja de reconocer a la marioneta Guaidó (anteriormente ya lo había hecho Estados Unidos, y pronto lo hará la Unión Europea) y explícitamente coloca como único interlocutor al único gobierno legítimo que existe en Venezuela.

Un par de días antes, el gobierno venezolano anunciaba que sería el Canciller y no el Presidente Maduro el que viajaría a Buenos Aires para participar en la Cumbe de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ante la información obtenida sobre un plan de la derecha neofascista para llevar a cabo una serie de agresiones contra la delegación venezolana y su Jefe de Estado.

Parte de este plan lo dimos a conocer la semana pasada, con la debida precaución y cuidado a las fuentes, en el texto titulado “Del ALCA a la CELAC, la injerencia estadounidense no se detiene”.

¿Qué está pasando entonces en Venezuela? ¿Podemos pensar que se está dando un relajamiento de las medidas de “presión” impulsadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra la Revolución Bolivariana? La respuesta es no. Sucede que la estrategia de violencia, guarimbas, presión internacional, bloqueo económico centrado en la industria petrolera y autoproclamación de Guaidó, no ha dado resultado y se acercan en pocos meses las elecciones presidenciales, elecciones a las que la oposición venezolana llega débil y Nicolás Maduro y el PSUV llegan con fuerza y muchas posibilidades de repetir la victoria de 2018.

Como parte de este cambio de estrategia en fechas recientes se conformó una organización llamada “Movimiento Ciudadano 21 de Noviembre” (MC-21N), cuya estrategia subversiva tiene como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, provocando un escenario de ingobernabilidad en los próximos 4 meses. En esa estrategia harán un esfuerzo por sumar a sectores descontentos de la sociedad venezolana, enfocándose especialmente en el sector salud y educación, y en algunos líderes sociales.

El movimiento “MC-21N” propone en sus documentos no públicos a los que hemos tenido acceso, iniciar una campaña de desestabilización bajo la bandera de la libertad democrática, respeto a los Derechos Humanos, liberación de los llamados presos políticos e intensificación de denuncias de corrupción en el gobierno venezolano.

Uno de sus principales campos de batalla serán las redes sociales, donde con ayuda extranjera van a montar campañas mediáticas de fake news denunciando el supuesto malestar de la población con el objetivo de volver a generar un clima de protestas, y al no haber dado resultado la vía violenta, formalmente utilizarán la modalidad de resistencia pasiva no violenta. El objetivo: exigir la renuncia de Nicolás Maduro acusándolo de dictador y narcoterrorista.

Asimismo, la organización “MC-21N” ha sido instruida por fuerzas externas para trabajar en la cooptación de oficiales activos y retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), apuntando a cargos jerárquicos altos.

El “MC-21N” está orientando a sus miembros a organizar cédulas de inteligencia regional con el fin de suministrar información actualizada sobre el gobierno, el ejército y los sectores populares, así como elementos sensibles y en tiempo real sobre PDVSA. La recomendación que hacen si son detenidos es insistir en que actúan a nombre propio para desviar la atención de las fuerzas de seguridad venezolanas.

El” MC-21N”, creado oficialmente en octubre de 2021, pretende hacerse pasar por una ONG, pero claramente es una organización política de extrema derecha cuyo objetivo, a pesar de difundir intentar distanciarse de las acciones violentas del pasado, sigue siendo una salida violenta para Venezuela, sin descartar, en caso de ser posible, el magnicidio de Nicolás Maduro Moros.

Entre sus miembros se encuentra el opositor venezolano José Patines, autodefinido como anti comunista y anti chavista, que ha venido apoyando públicamente a Guaidó.

La estrategia que está definiendo en estos momentos el “MC-21N” coincide con las acciones de guerra no convencional impulsadas por Estados Unidos contra Venezuela y otros países progresistas. Su Presidente, William Jiménez, es miembro de alto rango de una federación interamericana de abogados con sede en Washington.

El Movimiento Ciudadano 21 de Noviembre recibe financiamiento de “Creative Associates” de Costa Rica, conocidos por haber articulado con financiamiento de USAID la Red Zunzuneo contra la Revolución cubana, lo cual devela un nivel de articulación con los centros de subversión político-ideológica impulsados por los servicios de inteligencia estadounidenses.

Es imposible desvincular lo que está sucediendo en Venezuela, del golpe de Estado en Bolivia, el golpe parlamentario contra Pedro Castillo en Perú o el asalto a la democracia en Brasil por parte del bolsonarismo. Y todas las pistas desde el sur, apuntan al norte…