Cada año 1,4 millones de personas mueren por causas evitables relacionadas con la falta de agua; otros dos mil millones no la tienen y tres mil 600 millones utilizan servicios de saneamiento que no tratan los desechos humanos. Además, la mitad de todos los centros de salud del mundo no cuentan con agua ni jabón ni solución desinfectante para manos. Y aunque el acceso al vital elemento se reconoce internacionalmente como un derecho humano, no está garantizado en la mayoría de los países.

Esa carencia se une a la pobreza de miles de millones. Y es que el agua es esencial para garantizar la salud y los alimentos básicos de la población, generar energía, producir bienes y conservar los ecosistemas, reducir la pobreza y la desigualdad, signos de injusticia económica, social, política y origen de conflictos entre países y comunidades que dejan víctimas mortales.

El miércoles pasado, Día Mundial del Agua, comenzó la Conferencia 2023 de Naciones Unidas (ONU) sobre tan esencial recurso. Su compromiso: establecer políticas gubernamentales para hacer del agua un bien al alcance de la población.

Los países que integran la ONU ya habían prometido garantizar para 2030 la disponibilidad y gestión sostenible del agua para todos los seres humanos, todos los usos y la conservación de los ecosistemas.

Y hace cinco años, proclamó 2018-2028 la década para lograr el uso eficiente del recurso, tomando como punto central sus interrelaciones sociales, económicas y ambientales. Sin olvidar que es un problema grave ante el caótico crecimiento urbano, como en las megaciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, León, Tijuana, Ciudad Juárez, Xalapa y Veracruz.

Muchas promesas y reuniones, celebra­ción del Día del Agua, pero crecen los problemas con el recurso en el planeta. Es más visible en ciertas regiones, como África y Medio Oriente, con migraciones masivas cada vez mayores por hambre y falta de tra­bajo.

Sin agua no hay posibilidades de producir los alimentos básicos ni otros bienes indispensables. Lo que es más grave: un bien público, se convirtió en mercancía. Según el Nasdaq, segundo mercado de valores más grande de Estados Unidos, su precio medido en acre-pie (1.2 millones de litros) pasó de 486 dólares a casi 987 en poco más de dos años.

Este mes abundaron las declaraciones de organismos internacionales y los gobiernos prometiendo garantizar agua de buena calidad para todos y la captación y tratamiento de las aguas negras.

En México destacó el llamamiento de la ministra Norma Lucía Piña, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al exigir a los jueces hacer “valer el interés público implícito en el uso sustentable, la conservación y la restauración de los recursos hídricos por encima de intereses privados o de cualquier otro interés contrario al bien mayor de los derechos colectivos y de la naturaleza”.

La tan injustamente denostada e insultada ministra, convocó a “juzgar con perspectiva de justicia hídrica”. Y entre sus propuestas para revertir en cada decisión judicial la crisis hídrica, destacó la inclusión de las comunidades indígenas a fin de que “tengan las herramientas necesarias para proteger sus territorios, medios de vida y derechos fundamentales a una vida digna, en armonía con la ­naturaleza”.

Otro integrante de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, destacó que desde 2012 nuestra Carta Magna protege en su artículo cuarto el derecho humano al agua y obliga al Estado a “revertir nuestras relaciones de explotación, de consumo y de mercado con el agua, con el fin de atender los problemas estructurales de contaminación, sobrexplotación y desperdicio”.

La crisis hídrica que ahora azota al país, muestra que no se cumple la ley suprema. Y que son los intereses privados los más favorecidos con un bien de la nación. En numerosas ocasiones, por la complicidad de jueces venales.

Ojalá los integrantes del sistema judicial del país hagan realidad lo que plantean ambos ministros y acaben con una situación aberrante. Por ejemplo, atendiendo el clamor de los grupos sociales que exigen poner fin a las concesiones para explotar el agua entregadas por el gobierno federal a poderosos conglomerados empresariales, como las mineras, en perjuicio de la población.