Las protestas masivas no se detuvieron con la aprobación de parte del senado de la “reforma de las leyes de jubilación”, ni tampoco  con el fracaso de la cámara de diputados de retirar el voto de confianza otorgado al gobierno, más bien, estas se han intensificado de manera pronunciada, así como se han ampliado, objetando que esa ley sea aprobada por medio de una clausula autoritaria inserta en la constitución (3/49) y por medio de negociaciones bajo la mesa con la derecha opositora tradicional, permitiéndole eso a la parte oficial impedir el retiro del voto de confianza por un margen de 9 diputados. 

Lo que el presidente francés denominó la “batalla por la reforma de las leyes de pensiones”, fue elegida por él considerandola como un combate neoliberal y como una batalla “ideológica para quebrar al oponente”, con la esperanza de que su nombre quede registrado en los anales de la historia francesa contemporánea tras el final de su mandato, siendo probable la derrota de su partido tras la conclusión de su segunda gestión presidencial no renovable.

Macron, quien está inspirado en la doctrina del dinero y en el modelo americano de los negocios, desde su temprana juventud en el Rothschild & Co que es uno de los grupos de asesoría financiera más grandes del mundo, había demostrado su capacidad financiera y económica en el gobierno de François Hollande, un gobierno que completó las medidas adoptadas por Nicolás Sarkozy y la Comisión Europea; Macron se había convencido cada vez más de que “el apoyo estatal a los negocios de los ricos es la forma más efectiva para alimentar a los pobres”, estas son sus firmes convicciones ideológicas. 

Elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años es una de las entradas a su teoría para cambiar para siempre a Francia de un estado protector de los derechos sociales adquiridos, a un estado patrocinador de los negocios de la oligarquía financiera y de apoyo al control de los grandes empresas sobre la economía social en Francia y los mercados del mundo del Sur, eso con el fin de satisfacer las necesidades de los productores, los explotados y los marginados.

La consigna de la “reforma” exige en la práctica elevar el periodo de la deducción del ahorro de los productores y empleados en el fondo de retiro, de 42 años completos de trabajo a 44 años, considerando que el inicio del trabajo se hace a los veinte años de edad; pero esto es algo que ya no existe en Francia porque predominan los contratos de trabajo intermitentes, especialmente para las madres, y a causa del desempleo y la libertad que tienen  las empresas para despedir a cualquier empleado o trabajador, etc… la edad media de jubilación que existe hoy en día sería entonces de unos 69 a 70 años, y a menudo con una pensión de jubilación más baja que el sueldo que se devengaba.

Las medidas de “reforma” exacerban en gran medida el proceso de recortes de empleo y de austeridad gubernamental que se viene dando desde hace tres décadas, especialmente para los jóvenes en los sectores de educación, salud y servicios públicos, en vías de la privatización de las instalaciones sociales con el fin de entregarlas a compañías de inversión y oligarquías financieras apoyadas por los gobiernos.

Para enfrentar la tiranía social y política

La seguridad social, sanitaria, laboral y el derecho a la jubilación… son las manifestaciones de la socialdemocracia en cuanto al papel del estado europeo en la protección de los derechos adquiridos a través de la larga lucha de los productores y sus grandes sacrificios; pero el hecho de que la Comisión Europea y sus gobiernos, adopten los fundamentos del modelo americano, con su influencia ideológica, financiera y política, esto ha convertido el papel del estado protector de los equilibrios sociales en una tiranía social para proteger la libertad y los intereses del dinero.

El déficit del fondo de pensiones francés se debe al abandono estatal de los sectores productivos públicos y su privatización beneficiando el “gran sector privado”, y el abandono del empleo en las instituciones públicas, otorgándole libertad a los grandes capitales para despedir a trabajadores y empleados, y eso es lo que condujo a una creciente escasez de financiación del fondo de jubilaciones, procedente de las deducciones de los trabajadores y de los empleadores por igual.

El déficit del fondo alcanza, según las recomendaciones de las “casas de expertos financieros” utilizadas por el gobierno para la “reforma administrativa”, unos quinientos millardos de euros para los próximos veinticinco años; sin embargo, los profesores de economía de las universidades, incluido Christophe Rameau, profesor de conferencias económicas en la Universidad de París, confirman que se han fabricado números contradictorios, y que el déficit en realidad no supera el 0,4 por ciento del producto nacional bruto (o sea 35 millardos hasta 2046). 

El dilema no está relacionado con los números, sean estos mayores o menores, sino más bien se centra en una visión ideológica del papel del estado, un estado que Macron quiere que rompa hasta donde sea posible con sus responsabilidades hacia los derechos y las garantías sociales, entregándolas a compañías privadas de seguros. 

Esta visión del papel del Estado se limita a brindar apoyo gubernamental con el fin de “incentivar” grandes inversiones en la llamada “transformación ecológica” y planes de recuperación mediante el financiamiento del capital, y su expansión en la “nueva sociedad poscolonial” para invertir en el saqueo de África, y en la “seguridad estratégica” concebida para financiar la guerra atlántica al este de Ucrania.

Los franceses y desde el segundo mandato de Jacques Chirac y el gobierno de Alain Juppe, se han habituado a limitar la acción arrogante que hoy incentiva Macron para dar un golpe en contra de la socialdemocracia;  viéndose esos gobernantes a causa de las protestas a dar marcha atrás en el pasado al proyecto de “reforma de las pensiones” basadas en las prescripciones del Banco Central Europeo, la Unión y la Comisión.

La ruidosa ira francesa se ha desatado en la calle a causa del golpe efectuado por Macron en contra de la democracia política, en forma por su negativa a reunirse con los sindicatos y la negativa de su gobierno a negociar, y en el fondo por su adopción del dicho estadounidense de aceptar las decisiones y posteriormente “responsabilizar en las urnas”, contrario a la historia de las prácticas democráticas en cuanto al derecho a pedir rendición de cuentas entre dos elecciones y el repliegue del poder ante las protestas.

Insistir en el desprecio hacia las masas, aprobando el proyecto por medio de una ley autoritaria, ha despertado el resentimiento del noventa por ciento de los franceses y ha provocado la participación de estudiantes y jóvenes en las airadas protestas, esto se asemeja a los hechos del año 68 que derrocaron a Charles de Gaulle; los franceses recordaron la experiencia de los chalecos amarillos al trasladar las protestas locales al interior y a las provincias, en medio del atrincheramiento y empeño de sólidas e influyentes federaciones sindicales por paralizar todo en el país.

La oposición de izquierda presiona con todo su peso para trasladar la crisis al Tribunal Constitucional, cuyo fallo se vería afectado por la magnitud del estado de ebullición que reina en el país y la agudización de la inestabilidad política y social en la calle; y si el tribunal percibe que Macron a no tiene la capacidad para recuperar el control por medio de su discurso dirigido a los franceses, entonces no le quedaría más que disolver el parlamento y aventurarse con nuevas elecciones, tal vez algo pueda cambiar.

La mayoría percibe esa batalla para quebrar al oponente como una severa derrota para Macron, comentando algunos de sus aliados con sarcasmo, a sus espaldas que él fue el causante de su propio fracaso.