Mantener o no el régimen de excepción para eliminar el flagelo de las pandillas es una interrogante creciente y que provoca diversas interpretaciones en El Salvador.

La medida suspende varias garantías constitucionales que afectan el debido proceso pero es algo que presuntamente permitió atajar un problema que fue incontrolable por muchos años en el país y que amenazó vidas y haciendas, estiman comentaristas internacionales y locales.

El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino, reiteró que es necesario continuar el régimen de excepción para enfrentar a las pandillas. "Nosotros les decimos que si es necesario continuar el régimen de excepción a las personas que dicen que no, todavía las pandillas quieren enfrentarse con la autoridad", dijo el 26 de septiembre durante una entrevista en el programa Dialogo 21.

Nosotros vamos a seguir con esta estrategia de seguridad del presidente, Nayib Bukele, vamos a seguir con las fases que contempla el Plan Control Territorial, puntualizó.

Al respecto, una aproximación al tema de la publicación InSight Crime opina que Informes policiales de El Salvador contradicen el triunfalismo de Bukele por los resultados alcanzados, sin embargo, muestran que el flagelo aun está presente en el país, por lo que en cierta medida justifica se mantenga la política gubernamental.

Más de una docena de informes confidenciales de la Policía Nacional Civil en poder de InSight Crime revelan que, aunque "debilitadas" tras año y medio de régimen de excepción, las tres principales pandillas que operan en El Salvador todavía son "una amenaza sutil".

La Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Sureños y el Barrio 18 Revolucionarios conservan 54 grupos armados, sobre todo en áreas rurales, ahora enfrentados  a cercos militares como el desplegado en municipios como Cabañas.

También permanecen en libertad casi 43 mil  personas perfiladas como pandilleros, en tres categorías: miembros activos (homeboys), aspirantes a serlo (chequeos) y lo que llaman "colaboradores", una designación amplia de los supuestos operadores y ayudantes de esos grupos.

La publicación resta méritos al gobierno pero, un acertado análisis, daría que más que ponerlo en entredicho, justifica la continuidad de la política.

Los informes policiales detallan con precisión la situación de las pandillas y su actual presencia dispareja en el territorio nacional. Presentan un panorama con logros notables en la desarticulación de estos grupos, pero también consigna sombras y amenazas, agregó la publicación.

Además, insinúa la posibilidad de que las pandillas hayan decidido no llevar a cabo una respuesta violenta,  algo que sin dudas los llevaría a su eliminación dado el sofisticado aparato de enfrentamiento, tanto en logística como en estrategia desplegado por el gobierno en los últimos años, incluyendo sofisticados armamentos, entre ellos blindados y equipos todoterreno.

La medida, régimen de excepción, supuso  el encarcelamiento de más de 72 mil  personas, de las que más de siete mil fueron ya liberadas tras comprobarse que resultaron detenciones arbitrarias, después de semanas o meses privados de libertad.

Bajo el nombre de "Apreciación de pandillas ante coyuntura del Régimen de Excepción", los informes a los que tuvo  acceso InSight Crime son elaborados periódicamente por la División de Análisis y Producción de Inteligencia, una dependencia de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC).

Estos documentos  confidenciales representan la verdadera visión del fenómeno de las maras que tiene la Administración Bukele, una visión alejada de la propaganda y el secretismo que envuelve las comunicaciones oficiales, señala la publicación.

El más reciente de los informes en manos de InSight Crime, fechado 1 de septiembre de 2023 y de 19 páginas, cifra en 54 los grupos armados de pandilleros que siguen activos en El Salvador, denota el informe periodístico.

A dos meses de iniciado el régimen, en junio de 2022, la PNC tenía monitoreadas 95 células (clicas, en argot pandillero) con suficiente armamento, incluidos lanzacohetes y fusiles de asalto,  como para ser consideradas "grupos armados".

En febrero de 2023, este número había bajado a 75 y en mayo disminuyó a 67. Pero todavía quedan 54 en septiembre, lo que sin dudas es un argumento convincente, según observadores, para mantener la política y la supresión de algunos derechos constitucionales.

La MS13 está detrás de 43 de esos 54 comandos; seis son del Barrio 18 Sureños, y los cinco restantes, del Barrio 18 Revolucionarios, precisa el artículo de InSight Crime suscrito por Roberto Valencia.

Todo parece indicar que a mayor presencia de los grupos delincuenciales está en San Salvador, Ahuachapán, Morazán, Cabañas, La Libertad y La Paz, donde es previsible aumenten las acciones y los cercos militares en los próximos meses.

Hay dos departamentos -Chalatenango y San Vicente- en los que se mantiene el número de grupos, pero el caso más sorprendente es Sonsonate, donde se subió de cinco a seis, algo que también se muestra por frecuentes arrestos de pandilleros con armas, entre ellas fusiles de asalto.

Precisa InSight Crime que en cuanto al número de integrantes de cada estructura criminal, las pandillas más golpeadas a escala nacional fueron la MS13 y Barrio 18 Sureños, pero aún mantienen en libertad al 33 por ciento y al 35 por ciento de sus integrantes, respectivamente.

El Barrio 18 Revolucionarios -pandilla con presencia importante en la mitad oriental del área metropolitana de San Salvador, y en los departamentos de La Libertad y La Paz- parece haber resistido mejor la ofensiva o su desarticulación no fue tan prioritaria. De cualquier manera, el 46 por ciento de sus integrantes están libres.

El número de delincuentes aun en libertad (42 mil 826 pandilleros activos, aspirantes y colaboradores), un 36 por ciento de todos los que el gobierno tiene fichados se corresponde con cifras citadas por medios de prensa cuyos estimados situaban a las maras con cerca de 120 mil integrantes.

Recientemente, un vigilante en San Benito, donde está la llamada "Zona Rosa" dijo a Al Mayadeen  que en barrios de los alrededores aun operaban pandillas pero que mantenían un bajo perfil en sus acciones para no llamar la atención.

Acentúa InSight Crime que la violencia homicida se redujo a mínimos históricos en El Salvador y la proyección es que el país cierre 2023 con una tasa de entre tres  y cuatro  homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2015, la tasa fue de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Pese a los resultados de la política de seguridad, no faltarán nunca los críticos y valoraciones que no encajan con las aspiraciones del gobierno

En ese sentido, Verónica Reyna, directora del Programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), avaló que las maras perdieron poder y presencia territorial desde que se implementó el régimen de excepción, pero cuestionó con dureza la estrategia del gobierno e hizo referencia a informes de oenegés nacionales e internacionales que registran una violación sistemática derechos humanos.

"Es la trampa eterna. Nos venden soluciones inmediatas e ilegales... y así asumimos formas de gobernar violatorias, con ejecuciones extrajudiciales y tortura. Si eso es un éxito, cualquier gobierno con suficiente cinismo y sin control alguno podría haberlo hecho antes", dijo.

El investigador y consultor especializado en seguridad pública Luis Enrique Amaya también cree que la bautizada desde el oficialismo como guerra contra pandillas asestó a las maras un golpe sin precedentes.

"La gente está percibiendo más seguridad y esa percepción no es falsa, no es un efecto de una campaña publicitaria del presidente", dijo Amaya a InSight Crime. "Conociendo la historia de las pandillas, uno se pregunta si ahora mismo no estarán sencillamente en un proceso de adaptación, de redefinición de su forma de ser, de su forma de operar",  estimó el experto.

De ahí que pese a las críticas de algunos sectores, las encuestas evidencian que la mayoría de los salvadoreños apoya que se mantenga la política.