En el país el 85 por ciento de las personas adultas mayores (PAM) carecen de pensiones o salarios que le permitan enfrentar la vejez, según datos de un estudio “Relatos de una población olvidada: situación de las mujeres Adultas Mayores (MAN) en El Salvador”, elaborado por la Coalición Nacional para la Dignidad de las Personas Mayores (Codes) y la ONG Descartados, junto a otras entidades, incluidas universidades.

El muestreo recogió que de las MAN apenas se habla en el país aunque suponen ya casi el 58 por ciento de la población mayor de 60 años.  Muchas de las estadísticas divulgadas son resultados de relatos de 33 mujeres en ese rango de edad (entre 60 y 90 años) donde cuentan sus historias, sus problemas, sus miedos, sus sueños y sus esperanzas.

Datos citados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHOM) de 2022 indican que el  57,7 por ciento de las personas adultas mayores salvadoreñas son mujeres y el 42,3 por ciento son hombres. Ellas serán el 60,4 por ciento en 2025, para acentuar la crisis si no se adoptan medidas por parte de las autoridades.

Las estadísticas indican que el 33,2 por ciento de las MAM es analfabeta frente al 21,7 por ciento de los hombres y el 9,7 por ciento del resto la población.

Asimismo una de cuatro mujeres en esa etapa de la vida está en situación de pobreza, cifra aún mayor en la zona rural y a partir de los 80 años, solo una de cada cinco recibe pensión, de esa cifra más de la mitad por ser beneficiaria tras la muerte del titular de la misma.

Las mujeres participantes en el estudio, además de carencias de salud y de violencia física, denunciaron sentirse discriminadas en el ámbito laboral ya que no son tomadas en cuenta en el ámbito del trabajo formal.

Todos estos factores reducen las oportunidades de las MAN de tener ingresos fijos y dignos con los que afrontar necesidades básicas como la alimentación, la vivienda o el acceso a la salud, máxime cuando más del 80 por ciento de ellas no recibe ningún tipo de pensión, según explicó Marisela Morán, autora del informe.

Según el estudio la falta de ingresos económicos está ligada a la discriminación en el ámbito laboral, debido a que, por su edad no son tomadas en cuenta para un trabajo.

“Una de las inconformidades es que ellas no tienen acceso a un empleo digno, aunque ellas lo busquen, ellas lo quieran son discriminadas y no están las puertas abiertas para ellas laborar y así mantenerse activas económicamente y suplir sus necesidades básicas”, señaló Morán,  también docente e investigadora del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Centroamericana (UCA)

De acuerdo con la investigadora y periodista, muchas de las mujeres de la tercera edad expresaron sentirse activas y tienen las fuerzas para seguir trabajando, pero las empresas tanto del sector privado como público “les discrimina”.

Asimismo, manifestó que las mujeres de la tercera edad denunciaron la falta de programas públicos de apoyo económico para las mujeres adultas mayores que trabajan en el sector informal.

La investigadora destacó que la atención especializada para el adulto mayor en el país, “no es la adecuada” debido a que a nivel nacional solo se cuentan con 17 geriatras, para cerca del millón de personas mayores de 60 años, y la mayoría de estos laboran en el sistema privado de salud.

Esta situación existe en un país que en apenas días, el 4 de febrero irá a las urnas para elegir presidente y la Asamblea Legislativa, en las que por supuesto, la mujer tiene voz y voto pese a las desigualdades que enfrenta.

Si las féminas de diferentes tendencias políticas unieran su voto en una agrupación apolítica durante una elección,  los hombres en El Salvador pasarían trabajo para mantenerlas en un escalón inferior.

Las preferencias de las mujeres salvadoreñas que forman parte del padrón electoral y votan son determinantes para elegir a los funcionarios en el Gobierno. Los partidos políticos deberían tener cuidado en subestimar ese sector de votantes. 

Por ejemplo,  en la contienda de 2019, el sufragio de las féminas fue mayoritario en el padrón electoral y en general  acudieron  más a las urnas que los hombres.

Ese año del total de cinco millones 262 mil 463 personas empadronadas,  el  53,3  por ciento  eran mujeres,  una mayoría que debe aumentar en la próxima  cita con las urnas.

Sin embargo, las integrantes del mal llamado sexo débil no tienen en la sociedad salvadoreña la prominencia que merece su esfuerzo. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa de 84 miembros solo 24 son diputadas propietarias contra 60 hombres, una muestra de la desigualdad.

Hemos tocado este pequeño ejemplo antes de adentrarnos en algunos problemas que afectan a las mujeres salvadoreñas y, aunque no ocurre, deberían incidir en su voto a la hora de defender derechos.

Recientemente fue noticia la liberación de una salvadoreña que pasó varios años en prisión por una emergencia obstétrica en 2015 en la cual  su hija no sobrevivió y fue condenada a 30 años de cárcel.

El Código Penal salvadoreño condena a una mujer a una pena de dos a ocho años por aborto en cualquier circunstancia. La liberación no terminó para todas las que aún permanecen tras las rejas, y que en algunos casos son procesadas bajo los delitos de homicidio agravado, sin contar las arrestadas bajo el régimen de excepción y que crían hijos tras las rejas.

Evidentemente aquí no pueden defender su derecho a decidir sobre su maternidad ni planificar su vida, incluso, las que son violadas, muchas niñas, se ven obligadas al parto y sobre ella pesa la ley que puede llevarla  a prisión, aunque, algunas con solvencia económica viajan al exterior a interrumpir un embarazo.

Según la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, la exprisionera  tuvo un parto en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana y su hija no sobrevivió, “murió a las 72 horas bajo tutela del hospital”, pero el centro no aceptó la negligencia, recordó la organización.

Para  Morena Hera,  integrante de esa entidad, este es un caso en que tarde, pero se hizo justicia, lo que las impulsa a seguir la lucha porque se siguen negando los derechos sexuales y reproductivos, y que mejor momento que con el voto en las urnas por candidatos que representen sus intereses.

“Este es un paso en el largo camino de alcanzar justicia en El Salvador a pesar de todas las razones se continúa negando derechos sexuales y reproductivos, y en los hospitales públicos siguen persiguiendo, procesando e intentando llevar a la cárcel (a las mujeres)”,  denunció la activista.

La violencia feminicida, otro problema que golpea a las salvadoreñas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) al abordar este problema señaló en un informe  la “persistencia y gravedad” de la violencia femicida en la región, algo de lo que El Salvador es parte importante.

Las cifras revelan que pese a esfuerzos como una reunión convocada por el presidente Nayib Bukele con su gabinete de seguridad en una madrugada de inicios de 2023 para debatir el auge de los feminicidios, la violencia femicida en la región no desciende.

En muestreo de los  19 países de América Latina que brindaron información  El Salvador comparte con Uruguay el lugar tres en una tabla con 1,6 femicidios cada 100 mil mujeres, solo superado por República Dominicana (2,9) y Honduras (6,0). 

Lamentablemente, pese a ser mayoría en el voto, las mujeres salvadoreñas aun no toman conciencia de sus problemas y responden a patrones establecidos por décadas de machismo en un sociedad que apenas reconoció su derecho al voto para las alcaldías en 1952.

Sin embargo, muchas esperan que más temprano que tarde, pasen del lamento a la acción y ocupen el lugar merecido en la sociedad.