Este viernes (15) el gobierno de Javier Milei publicó un severo protocolo que busca limitar y reprimir la protesta social en Argentina. “Si se toma la calle va a haber consecuencias” advirtió Patricia Bullrich, ministra de seguridad, durante una conferencia de prensa.

Se trata de la primera medida adoptada por el gobierno de ultraderecha luego de que este martes (12) fuera anunciado un duro plan de austeridad que afectará principalmente a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Sin medidas compensatorias frente al ajuste, la amenaza de mayor represión se advierte como la única política del gobierno ante el incremento de la conflictividad social. 

El llamado "protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" sustituye el "protocolo garantista" sancionado en el 2011. El protocolo derogado limitaba el uso de la fuerza pública y prohibía el uso de armas y municiones letales.

El nuevo protocolo otorga facultades a las fuerzas de seguridad federales para reprimir cualquier protesta social, que corte una calle o una ruta, sin necesidad del aval de una orden judicial. Además, permite la realización de operaciones de inteligencia interior por parte de las fuerzas de seguridad -algo que está prohibido por la constitución de argentina y los tratados internacionales a los que el país suscribe-. 

El artículo 6 del nuevo protocolo plantea que las fuerzas de seguridad deberán identificar entre los manifestantes a los “autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan”. 

Asimismo, se instruye que los datos de los manifestantes y de los “cómplices, instigadores y organizadores” registrados deberán ser informados al Ministerio de Seguridad para la adopción de “las medidas administrativas que corresponda”. En los hechos, se trata de la construcción de facto de un registro de inteligencia interna que será administrada por el Ministerio de Seguridad bajo el control de Bullrich.    

De esta manera, el protocolo establece que la cartera de seguridad “podrá demandar judicialmente a las organizaciones” haciendo uso de la información recolectada por medio de esta actividad de inteligencia. Se habilita así la persecución a miembros de organizaciones sociales, colectivos políticos, incluso aunque no participaran directamente en las movilizaciones o protestas. 

La resolución del gobierno de ultraderecha hace una especial observación en el caso de identificar personas de origen extranjero que participen de las protestas. En este sentido, se advierte que se informará a la Dirección Nacional de Migraciones para tomar las “medidas pertinentes”. 

En ninguno de sus 15 artículos el nuevo protocolo hace mención a la protección de los derechos humanos, a los que Argentina suscribe mediante la adhesión de tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional con jerarquía superior a cualquier ley o protocolo.

El derecho a la protesta

Luego del anuncio por parte de Patricia Bullrich del nuevo protocolo, distintos sectores académicos y políticos manifestaron públicamente su rechazo a la medida por considerarla “antidemocrática” e “inconstitucional”.   

“El derecho a la protesta es un derecho fundamental que está en casi todas las constituciones del mundo, porque reúne el derecho de reunión, el de participar activamente de la vida democrática y básicamente el derecho de la libertad de expresión. Se trata de una libertad fundamental para el estado de derecho” observó Raúl Gustavo Ferreyra, abogado constitucionalista y catedrático de derecho constitucional, consultado por la radio pública argentina. 

“El protocolo que adopta el Ministerio de Seguridad es manifiestamente inconstitucional”, advierte, agregando que “la protesta es un derecho fundamental y la regulación de los derechos fundamentales tienen que ser discutidos en el Congreso. Esto no debe hacerlo ni una ministra, por una mera resolución, ni el presidente de la República podrá tampoco hacerlo por medio de un decreto”.   

El próximo miércoles 20 de diciembre organizaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda realizarán una movilización en el aniversario de la rebelión popular de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001: rebelión popular contra las medidas neoliberales aplicadas durante la década del noventa y que provocó la caída del gobierno Fernando de la Rúa.  La recién asumida ministra de seguridad advirtió que las fuerzas actuarán según lo indica la nueva reglamentación.

Derechos o balas

En línea con los sectores que advierten la inconstitucionalidad del protocolo se manifestó la abogada y diputada nacional, ex candidata presidencial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman.

“Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter). 

Inmediatamente, el diputado nacional José Luis Espert, miembro de Juntos por el Cambio -el partido por el que Patricia Bullrich compitió por la presidencia- compartió el tweet de Bregman y escribió en tono amenazante: “Cárcel o Bala”. 

Frente a esta situación, el legislador Nicolás del Caño, quien también integra el Frente de Izquierda y los Trabajadores junto a Bregman, escribió “Esta cobarde amenaza de Espert hacia mi compañera Myriam Bregman es gravísima. Todos aquellos que defiendan la libertad de expresión deberían repudiarlo”. El diputado de extrema derecha, siguió en su escalada de amenazas, replicando “para vos también parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violas la ley”.

La amenaza de “cárcel o bala” se da en un contexto de incremento de la violencia por parte de la extrema derecha en Argentina. Discursos que, desde el poder, legitiman esa violencia. 

Tan solo dos días después del triunfo electoral de Milei, el expresidente Mauricio Macri, descalificó a quienes podrían llevar a cabo acciones de protestas como “orcos”. “Ellos van a tener que medir muy bien, los orcos, como les digo yo, cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes. El núcleo revolucionario de Javier Milei son jóvenes que reclaman una oportunidad… y ellos están muy firmes”, afirmó en una entrevista televisiva.   

Según el Registro de Ataques de Derechas Argentinas Radicalizadas (RADAR), este año se registraron 127 ataques y hostigamientos por parte de la ultraderecha. Formas de violencia política que, en Argentina, vienen aumentando en los últimos años.