Las relaciones diplomáticas son una de las más altas expresiones de la soberanía nacional, reguladas por marcos legales internacionales estrictos y controles constitucionales internos que buscan proteger el interés supremo del Estado.

La reciente decisión del ministro de Asuntos Exteriores libanés, Youssef Rajji, de retirar las credenciales al embajador iraní y declararlo persona non grata, nos enfrenta a cuestiones fundamentales que afectan el núcleo de las instituciones constitucionales libanesas y contravienen los principios establecidos en el derecho internacional público, especialmente al compararla con las prácticas procesales y la prudencia política.

Primero: El marco internacional (Convención de Viena de 1961)

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular su Artículo 9, estipula el derecho del Estado receptor a declarar a cualquier miembro de la misión diplomática "persona non grata".

Sin embargo, el ejercicio de este derecho en la situación libanesa actual, choca con el hecho de que el embajador iraní aún no había presentado oficialmente sus credenciales debido a un retraso procesal del propio Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esto plantea interrogantes no solo sobre la legalidad de la decisión en sí misma según la Convención de Viena, sino también sobre su momento y sus implicaciones políticas en ausencia de la finalización de los procedimientos protocolares.

Saltar a la "retirada de credenciales" antes de la finalización de los ritos protocolares, y en medio de circunstancias regionales hostiles, refleja una precipitación que podría interpretarse internacionalmente como una desviación de la prudencia diplomática, lo que podría generar controversia sobre la descripción de su estatus protocolario, y de hecho ya ha provocado una tensión interna que Líbano no necesitaba en estas delicadas circunstancias y en medio de la agresión israelí contra el país de los cedros.

Segundo: Exceso de las prerrogativas del Gabinete

Desde el punto de vista constitucional libanés, la política exterior y sus instrumentos se consideran un acto de soberanía por excelencia, y según el Artículo 65 de la Constitución, son competencia del Gabinete en su conjunto.

La autoridad para tomar la decisión de expulsar a un embajador o declarar a un diplomático extranjero persona non grata se enmarca dentro de la política exterior que la Constitución libanesa confió al Gabinete en su conjunto, lo que hace que cualquier medida unilateral carezca de la plena cobertura constitucional.

Por lo tanto, el ministro de Asuntos Exteriores no tiene la autoridad individual para tomar una decisión de tal magnitud; su papel es ejecutivo de lo que decide el Consejo de Ministros. La ausencia de comunicados oficiales de las Presidencias Primera y Segunda sitúa la decisión del ministro en la categoría de "decisión individual".

Sin embargo, afirmar que la decisión se basó en la "consulta" con los presidentes de la República y del Gobierno no le otorga legitimidad constitucional.

El Artículo 53 de la Constitución no confiere a los presidentes la autoridad para sustituir al Consejo de Ministros en una decisión de esta envergadura que podría llevar a la ruptura de relaciones diplomáticas con otro Estado.

Aunque el comunicado del ministro de Asuntos Exteriores libanés indicó que no se rompían las relaciones con Irán, este podría considerar que la acción del ministro de Asuntos Exteriores libanés justifica la reciprocidad y expulsar al embajador libanés, lo que allanaría el camino para el deterioro o la reducción del nivel de las relaciones diplomáticas, algo común en las relaciones diplomáticas entre Estados.

Comparación con los países árabes

En la práctica, la decisión del ministro Rajji se caracteriza por ser una acción "maximalista" por excelencia, que carece de la gradualidad diplomática habitual en las grandes crisis.

Observando el panorama regional, encontramos que los países árabes del Golfo, a pesar de haber sufrido ataques militares directos de Irán, no recurrieron a la opción de expulsar a los embajadores o retirar las credenciales como primera medida.

Esos países, incluso en el punto álgido de sus actuales relaciones tensas con Irán, se limitaron a expulsar a los "agregados militares" o a reducir el nivel de representación diplomática, con el objetivo de mantener abiertos los canales de comunicación y evitar llegar a un "punto de no retorno".

Arabia Saudita, por ejemplo, anunció que había notificado al agregado militar de la embajada de Irán en el Reino y a su asistente, y a tres miembros del personal de la misión, que debían abandonar el Reino y considerarlos "personas non gratas", y que debían irse en 24 horas.

El Estado de Qatar anunció que los agregados militar y de seguridad de la embajada iraní y el personal de ambas agregadurías eran "personas non gratas".

En resumen, que Líbano, exhausto por las crisis, opte por la opción más extrema (la expulsión del embajador iraní), sabiendo quienes la toman que provocará reacciones internas, mientras que grandes países regionales se adhieren al principio de "gestionar las crisis" en lugar de detonarlas, es algo que suscita asombro sobre la prudencia necesaria en la gestión de los intereses nacionales supremos.

Además de lo anterior, la excusa de la injerencia del embajador iraní en los asuntos internos es una justificación selectiva, ya que la injerencia externa en Líbano es un fenómeno transfronterizo practicado por numerosas misiones sin disuasión.

Invocar la injerencia del embajador en los asuntos internos como motivo de expulsión es una justificación que selecciona una parte y no otra; la escena libanesa es testigo de intervenciones públicas de múltiples misiones diplomáticas que no son enfrentadas con la misma firmeza, lo que resta credibilidad legal a la decisión y la hace parecer parte de una disputa política local o regional.