El presidente de la región semiautónoma de Kurdistán de Irak, Masoud Barzani, dijo  en una sesión a puertas cerradas del Parlamento que renunciará a su cargo a partir del 1 de noviembre, informaron medios locales.

"Me rehuso a continuar en el cargo de presidente de la región kurda después del 1 de noviembre", reza una carta enviada por Barzani a la sesión del Parlamento regional sostenida en la capital regional de Erbil.

 "Cambiar la ley sobre la presidencia de Kurdistán o prolongar el periodo presidencial son inaceptables", dijo Barzani.
     
El presidente dijo que debe sostenerse lo antes posible una reunión para que "no haya ningún vacío legal en los deberes del presidente de la región".

Barzani prometió continuar su misión de largo plazo como peshmerga para "sacrificarse y luchar por los derechos y demandas de nuestra gente, así como para preservar los logros de nuestra gente", agrega la carta.

Fijó el 1 de noviembre como plazo para dimitir y pidió al Parlamento votar sobre la distribución de las facultades legales, militares y administrativas del presidente al gobierno, Parlamento y poder judicial regionales.
    
La presidencia de Masoud Barzani generó controversia, ya que aunque su período vencía en un principio en 2013, el Parlamento kurdo lo extendió hasta agosto de 2015 y luego el blitzkrieg del Estado Islámico lo llevó a quedarse en la oficina.
    
Durante la sesión legislativa, decenas de manifestantes furiosos leales a Barzani irrumpieron en el recinto del Parlamento y atacaron a los periodistas que cubrían la sesión del Parlamento a la entrada del recinto.
    
El caos fue controlado por la policía antidisturbios y se utilizaron disparos para expulsar a los manifestantes.
    
El 16 de octubre, el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, también comandante en jefe de las fuerzas iraquíes, ordenó a las fuerzas del gobierno entrar a la provincia petrolera de Kirkuk, norte de Irak, para recuperar las áreas en disputa.
    
Los kurdos desean incorporar a su región el norte de Kirkuk y parte de las provincias de Nínive, Diyala y Salahudin, una medida a la que se oponen los árabes y los turcomanos de la región, así como el gobierno central iraquí.