Durante el análisis y discusión de las causas y consecuencias de la guerra impuesta a la República Árabe Siria, los delegados señalaron que la guerra que sufre Siria desde hace seis años no es fruto de revolución popular alguna, sino una guerra de agresión extranjera, decidida y desarrollada por potencias imperialistas lideradas por los Estados Unidos, Francia y Reino Unido para destruir la soberanía e integridad de ese país y volverlo a convertir en una colonia y liquidarlo como Estado y sociedad.

Subrayaron que esa guerra emplea todas las formas posibles de agresión para doblegar a su pueblo y destruir su Estado: sanciones económicas por parte de la Unión Europea; invasión por un ejército terrorista internacional apoyado por dichas potencias, que comete graves violaciones al Derecho Internacional; agresiones militares directas por parte de estas mismas potencias llamadas “coalición”; agresiones e invasión por Israel y Turquía; intentos de desmembrar su unidad; destrucción de su economía, de su sociedad y de sus valores, todo ello sostenido por un ejercicio de desinformación mediática sin precedentes.

La resolución final afirmó que la resistencia de Siria, su gobierno, ejército y pueblo son necesarios para frenar la expansión imperialista y el caos terrorista en el mundo, y que Siria tiene derecho a defenderse y que el Derecho Internacional legitima al gobierno sirio para solicitar el apoyo internacional que estime conveniente para enfrentar y derrotar la agresión extranjera que sufre. 

Enfatizó que las fuerzas de paz tienen el derecho y el deber de organizar la solidaridad con la resistencia del pueblo y el gobierno de Siria, empeñada en mantener la soberanía, la integridad territorial, la seguridad y la paz en su territorio.

Consideró que seis años de guerra y sufrimiento señalan la urgencia de consolidar la vía de la negociación abierta para dar una oportunidad a la paz, el camino que inicie la reconstrucción del país, y el proceso donde sean los sirios quienes decidan su futuro. 

Los participantes sostuvieron que esa ardua, urgente y laboriosa reconstrucción del país debe ser financiada en buena parte por los países que impusieron la guerra al pueblo sirio. 

También llamaron a prestar ayuda urgente a los refugiados de la guerra, para acogerlos en Europa, con programas efectivos aprobados por la Unión Europea y por los gobiernos de cada país miembro, trabajando, al mismo tiempo para hacer posible su retorno a Siria en el más breve plazo.

Asimismo, exigieron al gobierno español impulsar el levantamiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Siria, restablecer plenas relaciones diplomáticas a nivel político entre ambos países, no permitir que desde suelo español salga, ni se organice agresión bélica ni terrorista alguna contra la República Árabe Siria.

También instaron al gobierno de Madrid a que sus buenos oficios contribuyan a impulsar una vía diplomática que conduzca al fin de la guerra en Siria, provea ayuda humanitaria a la población civil que sufre las consecuencias de esta guerra injusta contra Siria, y revise relaciones con aquellos países reaccionarios, que propalan ideologías radicales que inspiran el terrorismo y que se empeñan en seguir agrediendo a la República Árabe Siria.

Por último, resolvieron promover la amistad y la solidaridad con el pueblo sirio y sus instituciones y llaman a construir con urgencia un movimiento internacional de solidaridad que se exprese en centros de trabajo y medios de comunicación, en conferencias y manifestaciones que denuncien ante la población la ignominia de una guerra impuesta y de unos gobernantes que se comportan como tratantes de la destrucción y del odio, y que se haga llegar la exigencia del fin de la guerra a gobiernos e instituciones internacionales.

Igualmente, llamaron a redoblar los esfuerzos en favor de una paz justa y una solución política negociada más pronto que tarde.