Tras el aumento en cerca de un 238,9 por ciento de los incendios forestales a nivel nacional, la Dirección de Protección Civil de El Salvador declaró este lunes una “alerta roja” en todo el territorio.

Según el ministro de Gobernación y jefe de Protección Civil, Juan Carlos Bidegain, los informes del Cuerpo de Bomberos indicaron que este año la cantidad de incendios reportados dejan un incremento por encima del 200 por ciento.

Además, precisó que entre el 1 de enero y el 20 febrero “son 2958 hectáreas afectadas en diferentes puntos del país”. El director del servicio de Bomberos, Edwin Chavarría, comentó  en entrevista a medios locales que han atendido más de 500 incendios.

Bidegaín desglosó los siniestros en 73 forestales, 120 estructurales, 40 incendios en basureros, 56 en vehículos, 20 cortocircuitos y 69 falsas alarmas. Además, se han atendido a ocho personas lesionadas en incendios y tres han fallecido en lo que va de año por esta causa.

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Instó a los salvadoreños a evitar “las quemas agrícolas, la quema de caña de azúcar” pues estas pueden salirse de control y provocar graves incendios.

Está prohibido hacer fogatas en zonas forestales y en áreas naturales protegidas y en este sentido, las autoridades instaron a no tirar colillas de cigarro encendidas ni quemar basura.

La emergencia apunta que los vientos alcanzan los 50 kilómetros por hora y la existencia de materia vegetal seca, que “se convierte en combustible para propagar el fuego”, dan condiciones para que los incendios forestales y agropecuarios sean más peligrosos.

Estas mediciones fueron dadas por el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), donde alertaron que existen sistemas meteorológicos que generan vientos del noreste de moderados a fuertes, fundamentalmente en zonas altas y franja montañosa norte.

Otra de las medidas aplicadas con la alerta es el diagnóstico de las zonas con mayor historial y predisposición a combustiones, hacer rondas de protección para establecer brechas cortafuego, organizar el monitoreo permanente, organizar y orientar a las comunidades, preparar y disponer de los recursos necesarios  para dar respuesta en caso de ignición.