Las amenazas del gobierno de facto en Bolivia y de sus grupos de choque impidió hoy que una delegación de Argentina ahondara más en la actual violación de derechos humanos, sociales y políticos en ese país.

En particular, el grupo de profesionales y dirigentes sociales señaló a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, como autor de amenazas explícitas contra su búsqueda de información.

Aún así, el equipo presentó las conclusiones preliminares de una investigación que incluyó entrevistas con víctimas de la represión policial y del Ejército, vecinos de la ciudad de El Alto, líderes sociales, campesinos y originarios.

Para estos observadores quedó claro que el Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de Estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresariales, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El objetivo fue derrocar al presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto, con el apoyo de gobiernos extranjeros, como evidencian los testimonios de los múltiples contactos de funcionarios foráneos con líderes golpistas.

 

"Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y para desestabilizar al gobierno con mandato constitucional hasta el 22 de enero", señala el informe.

El proceso se profundizó con las elecciones del pasado 20 de octubre, a partir de un comunicado preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que radicalizó las posiciones golpistas y estimuló la confrontación social.

Dicho comunicado no estaba previsto en un acuerdo suscrito entre la OEA y el Estado Plurinacional, lo cual sugiere una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral, denuncia el equipo argentino.

La delegación posee abundante documentación sobre la coacción de dirigentes sociales y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad.

"Como resultado de esa estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después", agregan.

El informe confirma que las renuncias del presidente Morales; del vicepresidente, Álvaro García Linera, y de la líder del Senado, Adriana Salvatierra, entre otros, obedecieron a la presión del alto mando de las Fuerzas Armadas.

"En ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes", advirtieron los observadores argentinos.

Tras la autoproclamación de Áñez, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas y los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno de Morales.

En tal contexto se suceden las graves violaciones a los derechos humanos, que por su carácter sistemático ya constituyen delitos de lesa humanidad, advierten.

Por ejemplo, señalan que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, detenciones arbitrarias, heridos, desapariciones forzadas, apremios y torturas, violaciones y otros delitos.

Las principales víctimas de esta violencia física, psíquica y sexual son las poblaciones más vulnerables, como pasó en las masacres de Sacaba, en Cochabamba, y de Senkata, en El Alto, entre discursos racistas y de odio.

Además, denunciaron la persecución selectiva, la confección de listas negras, la violación del debido proceso, la negación del derecho a la defensa, la restricción de la libertad de prensa y la represión violenta de las protestas.

Esta misión llegó el jueves bajo el hostigamiento, amenazas y calumnias de sectores reaccionarios de la derecha y del gobierno golpista, instalado tras la renuncia de Morales el pasado 10 de noviembre.

Más de una treintena de muertos, alrededor de 800 heridos y unos mil 500 detenidos es el saldo de la represión golpista, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo.